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Poder

29 de Abril de 2015

El nuevo legado del Gobierno de Bachelet

Bachelet busca imprimir nuevo legado a su Gobierno con medidas anticorrupción en medio crisis política.

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Bachelet A1

Finalmente Michelle Bachelet anunció la serie de medidas anticorrupción que se adoptarán en el marco del fortalecimiento de la agenda de probidad del Gobierno, para enfrentar la crisis de confianza que vive la clase política. “Esta será una de las reformas que marcará el legado de mi gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo”, afirmó Bachelet.

Fin a los aportes reservados, nueva Constitución, financiamiento estatal de la política, fortalecimiento del Servel y el Tricel, son algunas de las medidas que anunció la mandataria tras analizar el informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción.

Bachelet afirmó que “he estudiado en detalle estas propuestas. Basada en ellas, en las medidas que he venido implementando, en leyes actualmente en trámite, y en otras propuestas que me han entregado líderes sociales y políticos, he definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsarán una reforma amplia e integral, para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos”.

“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, advirtió la mandataria.

“Proceso constituyente”

La sorpresa del anuncio fue que en septiembre se dará inicio a un proceso constituyente con participación de la ciudadanía para generar una nueva carta fundamental. Esto según detalló Bachelet se dará “mediante diálogos, debates, consultas, cabildos, lo que deberá desembocar en la carta fundamental plenamente democrática y ciudadana que todos nos merecemos”.

Financiamiento de la política

Entre las medidas más importantes, la mandataria anunció que se pondrá fin a los aportes reservados, creando un sistema de financiamiento estatal de la política con una inversión anual de 6.900 millones aproximadamente.”Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada un delito. Será el Estado el que financie el funcionamiento de los partidos, para ello deberán cumplir con exigencias y controles claros”, detalló Bachelet.

La mandataria afirmó que los partidos tendrán que “reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros, tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacios a nuevos líderes”.

Asimismo anunció el fortalecimiento del Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones “para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la Ley”, dijo, agregando que “daremos autonomía constitucional al Servel”.

En esa línea la mandataria aseguró que se buscará disminuir el gasto en campañas políticas. “Reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y será delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas”, detalló.

Bachelet anunció también el fin de la puerta giratoria entre el mundo público y el privado. Para esto se aumentará a plazo de un año la incapacidad de una ex autoridad pública para prestar servicios en la misma área en el sector privado. “Regularemos la ‘puerta giratoria’ entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas”, remarcó.

Asimismo anunció que las autoridades públicas que incumplan con la ley perderán sus cargos de elección popular, “todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no nos podrán representar en los cargos de elección popular y perderán sus escaños”, aseguró.

Penta, SQM y Caval

La mandataria propuso sanciones “efectivas” a la facilitación y uso de boletas ideológicamente falsas aludiendo directamente a los casos que han remecido al país en el último tiempo. “Se trabajará para superar los vacíos de la ley actual”, enfatizó. Asimismo se tipificará y sancionará “el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios”.

En alusión al caso en el que se vió involucrada la empresa de su nuera, Caval Ltda, Bachelet anunció que “se buscará evitar negocios irregulares y especulativos”.

Bachelet finalizó anunciando un fortalecimiento del registro público obligatorio de lobistas, “para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público”.

Sobre los plazos, Bachelet afirmó que para las “medidas administrativas se dio un plazo de 15 días para dictarlas, mientras que para los proyectos de Ley un plazo máximo de 45 días para su ingreso al parlamento. A partir de mañana daremos urgencia de discusión inmediata en el parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia”.

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