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23 de Julio de 2026Estados Unidos decidió aplicar un arancel adicional de 12,5% a productos chilenos tras investigación por “trabajo forzoso”
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que Chile quedó sujeto a un arancel adicional de 12,5% en una investigación global sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso, junto a otros 41 países. Cancillería sostuvo que la medida no se ajusta a los antecedentes presentados y aclaró que Washington no identificó productos chilenos específicos bajo esa condición.
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Un documento oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) confirmó que Chile quedó entre los países que se someterán a nuevos aranceles impuestos por “no imponer ni hacer cumplir efectivamente” una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.
Como resultado de esta investigación interna que involucró a 60 países, Estados Unidos aplicará un arancel adicional de 12,5% a los productos chilenos, que es el tramo más alto considerado en esta determinación. Otras 54 economías fueron afectadas con similar decisión. En el mismo tramo de Chile de 12,5% figuran 42 países, tales como Brasil, Perú, Colombia, China e Israel. Otros países quedaron en un tramo menor de 10% como Argentina, Canadá, México, India, Reino Unido, y la Unión Europea que quedaron en el tramo del 10% por contar con regímenes parciales de control.
El documento de la USTR señala que: “sobre la base de las conclusiones de la investigación relativa a Chile, y teniendo en cuenta los comentarios públicos, los testimonios y el asesoramiento del Comité de la Sección 301, así como el de los comités consultivos, y de conformidad con las instrucciones específicas del Presidente, el Representante Comercial ha decidido imponer aranceles del 12,5% a productos de Chile”.
Y agrega: “el Representante Comercial ha determinado, de conformidad con las instrucciones específicas del Presidente, que el tipo arancelario que se aplicará, así como el alcance de los aranceles y las exenciones, son adecuados para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas que, según se determinó en la investigación, justifican la adopción de medidas”.
Las nuevas tarifas comenzarán a regir desde las 00:01 (hora del Este) el 24 de julio.
La respuesta de Cancillería
Ante esta decisión de Estados Unidos, la Cancillería chilena declaró que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.
Recuerda que el país cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia.
Subraya asimismo que esta decisión es adoptada en el marco de una investigación interna de Estados Unidos, “y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países”.
La Cancillería explica que esta investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros.
“Lo anterior da cuenta de que esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”, precisan.
Recuerdan que las autoridades junto con el sector exportador participaron activamente en las etapas de este proceso aportando todos los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país, en todas las instancias previstas por la autoridad estadounidense.
Finalmente, hace hincapié en que “es importante destacar que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”.



