Aparecen nuevos contratos y proveedores en el millonario desfalco del Milicogate

El Ejército firmó los últimos cuatro años una serie de contratos directos por más de 200 millones de pesos con Inversiones y Comercio Capellán, una de las empresas investigadas por desviar cuantiosos fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre en asociación con una red de uniformados en servicio activo, según revelan documentos en poder de The Clinic.

Los contratos fueron firmados por la poderosa División de Mantenimiento del Ejército, además de la Jefatura de Transportes. Para suscribir estos convenios la institución otorgó la calidad de “taller concesionado” a la empresa Inversiones y Comercio Capellán, sociedad en que participan los hermanos César y Nicole Fuentes, hijos de Raúl Fuentes Quintanilla, el principal civil implicado en las defraudaciones cometidas hasta ahora con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Estos convenios, generados entre 2011 y 2014, incluyen desde la prestación del servicio de mantenimiento a camiones hasta el reemplazo de cinturones de seguridad, entre otra amplia variedad de ítemes. Cada contrato fue firmado por montos que oscilaron entre los 30 y los 99 millones de pesos, sin que exista certeza de que los trabajos fueron realizados.

Los contratos, que son investigados por la fiscal Paola Jofré en la VI Fiscalía Militar, aparecen firmados por los generales Héctor Ureta y Carlos Villalobos como comandantes de la División de Mantenimiento; y los coroneles Humberto Loguercio y Fredis Jara como encargados de la Jefatura de Transporte. Hasta ahora ninguno de estos oficiales está procesado por las defraudaciones por unos diez millones de dólares cometidas con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Estos documentos, por tanto, abren una nueva arista en el caso, centrado hasta ahora en el pago de facturas fraudulentas con fondos de la Ley Reservada del Cobre, operaciones cuyo corazón táctico fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de procesar estos pagos.

Pero estos contratos no son los únicos documentos legales bajo sospecha actualmente. También hay poca claridad de cómo y quién invitó a las demás empresas investigadas a convertirse en proveedoras del Ejército, calidad que aún mantienen. Por ejemplo, el primer trimestre de 2013 el general Héctor Ureta autorizó por escrito el ingreso a la lista de proveedores del Ejército de la recién constuida empresa Tajamar. Casualmente, tres de las primeras siete facturas de la compañía fueron procesadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza por un monto de 142 millones de pesos que hoy es investigado por falsedad ideológica.

Tras 18 meses de pesquisas, los únicos detenidos en el caso son el coronel en retiro Clovis Montero, la sargento Millaray Simunovic y los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar, además del cabo Juan Carlos Cruz, el hombre que gastó 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014. En este marco, las últimas semanas la fiscal militar con dedicación exclusiva Paola Jofré sometió a extensos interrogatorios a los reclusos, además del empresario Waldo Pinto Gaete, domiciliado en Arica.

También redobló pesquisas sobre el coronel Jorge Silva Hinojosa de la División de Mantenimiento y sobre Danilo Alarcón, ingeniero informático y empleado civil de la Dirección de Finanzas del Ejército, quien aparece realizando los últimos años transferencias bancarias mutuas con Juan Carlos Cruz por montos que oscilan entre los quinientos mil y el millón de pesos, según los reportes de la PDI.

La fiscal militar, eso sí, no puede procesar a los civiles involucrados en estos ilícitos, los que deberían ser formalizados y eventualmente condenados en los tribunales civiles y penales. Por ahora es la fiscal Ximena Chong, quien encabeza estas pesquisas, radicadas en el VII Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana.

NUEVAS EMPRESAS SOSPECHOSAS

Pero no solo existen nuevos contratos y eventualmente otras formas de desvío de fondos, sino que también aparecieron nuevas empresas en la causa. La Justicia Militar y el Ejército detectaron en concreto que ya son unas veinte las empresas proveedoras de esa institución que cometieron irregularidades y eventualmente millonarias defraudaciones en concomitancia con uniformados en la venta de insumos y servicios para vehículos de guerra pagados con fondos de la Ley Reservada del Cobre, en el llamado “Milicogate”.

Las situaciones más delicadas corresponden a aquellas compañías que entregaron al Ejército facturas no timbradas por el Servicio de Impuestos Internos, como admitió ante el gobierno el propio comandante en jefe de esa institución, el general Humberto Oviedo, en un oficio de 13 páginas, enviado al ministerio de Defensa.

Las principales compañias involucradas en estos desfalcos son Frasim y Raúl Fuentes Quintanilla, las que recibieron pagos por cientos de millones de pesos con cargo a facturas materialmente falsas, como ha denunciado The Clinic. Pero no son las únicas sociedades que cometieron este ilícito. A ellas se suman PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Cruz y Dávila Ingenieros Consultores, Mauricio Importadora e Importadora Limitada, Inversiones y Comercio Capellán y Centro de Entrenamiento Kaufmann, entre las detectadas hasta ahora.

Paralelamente, otra serie de sociedades emitieron facturas ideológicamente falsas, según los últimos reportes elaborados por la Brigada de Delitos Económicos. Entre ellas, destacan Waldo Pinto Gaete, Tajamar, Repuestos Automotrices Limitada y Pedro Salinas, además de las mencionadas Frasim, Raúl Fuentes Quintanilla e Inversiones y Comercio Capellán. En el caso de Pedro Salinas, aparecen decenas de facturas pagadas por el Ejército, pese a que estos documentos estaban dados de baja por pérdida o extravío.

A ellos se suman los pagos entregados contra facturas de empresas en quiebra, como Concesiones Plaza Rancagua. Otra decena de empresas tenían situaciones pendientes con el SII, que podían derivar en objeciones tributarias contra el propio Ejército, admitió el propio general Oviedo al ministerio de Defensa.

La fiscal Jofré y la PDI preguntaron reiteradamente a oficiales y clases del Ejército cómo ocurrieron esos enormes errores contables. “No se revisó”, dijo el coronel Grossi, uno de los jefes del CAF. Los suboficiales, en tanto, agregaron que el computador disponible para chequear la idoneidad de las facturas “era muy lento”, por lo lo que nadie lo utilizaba.

SE TRIZA LA MURALLA

Ante la evidencia cada vez mayor de que existían diversos grupos operando en estos desfalcos, la gran dificultad del caso ha sido establecer cuántos eran los grupos involucrados en las defraudaciones y las cadenas de mando de cada uno. Nadie cree que los responsables de todas estas anomalías fueran militares de bajo rango más un coronel de Contraloría del Ejército.

Pese a que el cabo Cruz solo sindica al coronel Montero como el único oficial involucrado en estos ilícitos, una segunda revisión al teléfono celular del cabo Juan Carlos Cruz, parece dejar nuevas evidencias de esos lazos entre militares de alta y baja graduación, como demuestra un correo electrónico entre el cabo Cruz y el teniente coronel Javier López, su jefe directo en el Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza hasta diciembre de 2012.
“Propónganme los DS (Decretos Secretos) involucrados para los 217 millones (…) Debemos tener la certeza y tranquilidad que no tenemos más compromisos dando vuelta (…) Hágalo tranquilo y piolita, porque ayer los gritos entre Pitroko (el sargento Luis Meléndez, colega de Cruz) y tú ‘que no tenían las lucas’ pone los pelos de punta a cualquiera que los escuche”, escribió López el 13 de abril de 2012 desde su correo privado.

El teniente coronel López, en declaraciones a la PDI, confirmó por otra parte que el general Jorge Salas ordenó no revisar las facturas, “para disminuir los tiempos de pago”. También admitió que era habitual utilizar parte de estos fondos en gastos no autorizados por la propia Ley Reservada del Cobre. Por ejemplo, explicó que los ministerios de Hacienda y Defensa autorizaron comprar piezas de artillería a través de un decreto secreto destinado al programa Centauro. Al acabarse los fondos de ese Decreto Secreto, se procedió a completar las compras sacando recursos por seis millones de dólares del Decreto Secreto número 13, detalló el oficial. Los ministros de Hacienda y Defensa jamás se enteraron, por cierto.

El teniente coronel López además ratificó a la PDI que era habitual pagar con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre gastos que no eran permitidos por esta norma, como los viajes de militares.

El Ejército, cuyo comandante en jefe se ha negado a dar una entrevista a The Clinic, no tenía un reglamento que regulara la administración de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. No existe tampoco hasta hoy ninguna supervisión de la Contraloría General de la Repúplica sobre estas operaciones que desde el retorno a la democracia suman unos 20.000 millones de dólares entre las tres ramas de la Defensa, la mayoría de ellos gastados desde el año 2000.

Ante un requerimiento por Ley de Transparencia, la Contraloría explicó a The Clinic que no puede revelar ninguna información sobre las operaciones con fondos de la Ley Reservada del Cobre, aunque la tuviera, debido a que esta es una norma secreta de quórum calificado.

En definitiva, la Ley Reservada del Cobre tendió un velo de anonimato hace décadas sobre recursos que ni los propios ministros de Defensa pueden vigilar que sean adecuadamente gastados.