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Carlos do Carmo saca de su bolsillo un celular y muestra una fotografía.

-Ese es mi hijo, el que está atrás de su amigo Roberto, el de camisa rosada, al que apenas se le ven los brazos –dice, mientras sostiene el aparato.

Es cierto, al hijo de Carlos -que se llama igual que él- apenas se le ven los brazos. A veces es mejor no aparecer en las fotos, sobre todo si es la que registra tu propia muerte. Tendidos en los asientos de un auto Fiat Palio blanco, hay cinco jóvenes negros ensangrentados: Wilton Esteves, Roberto de Souza, Wesley de Castro, Cleiton Correa, y Carlos da Silva. Todos desparramados.

La noche del 28 de noviembre del año pasado, Carlos recibió once balazos por parte de cuatro agentes del Batallón 41 de la Policía Militar de Río de Janeiro, de un total de 111 tiros que dispararon en contra del auto en el que los cinco amigos viajaban. Fue una masacre. El celular de su padre está lleno de imágenes y videos de aquel día que algunos vecinos le han enviado: de los cuerpos, de la sangre, de los vidrios rotos, de los agujeros que dejaron las balas, de los policías, de las madres llorando, de los curiosos que se juntaron alrededor.

-Esa noche estaba trabajando, soy taxista, y me había quedado sin batería en el teléfono. Llegué a la casa a las cuatro de la mañana y ahí recién me enteré de lo que le había pasado a mi hijo –recuerda.

Carlos salió apresurado de su casa luego de la terrible noticia. Costa Barros es una localidad empobrecida del sector norte de Río de Janeiro, uno de los complejos de favelas más estigmatizados de la ciudad, que agrupa a villas como Pedreira, Final Feliz, Terra Nostra, Tom Jobin, o Lagartixa, donde vivían casi todos los amigos asesinados esa noche. El lugar tiene más de 30 mil habitantes y, según el Índice de Desarrollo Humano de Río de Janeiro, ocupa el penúltimo lugar en calidad de vida entre los 125 barrios más grandes de la ciudad. Para la Policía Militar, allí no sólo se trafica droga, sino que también se roban camiones de carga.

-Fui donde mi exesposa y la encontré llorando, estaba desconsolada. Luego, fui al Instituto Médico Legal, y allá me pasé todo el día.

Carlos hizo vigilia junto a los otros familiares a la espera de que les entregasen los cuerpos. Fue uno de los pocos que pudo ver a su hijo en la camilla antes que lo metieran al cajón. Aunque le faltaba una parte de la mandíbula, por donde salió un tiro que entró por su nuca, sus restos estaban relativamente reconocibles. Los otros padres tuvieron que conformarse con un ataúd cerrado.

Para entonces, la noticia de los cinco jóvenes asesinados se había viralizado. En redes sociales la gente hablaba de la ‘masacre’ de Costa Barros. Nunca en la historia un escuadrón había disparado tantas veces contra un mismo objetivo. Bestialidad que motivó a la comunidad a realizar manifestaciones desde el mismo día del velorio, cuando agarraron una bandera de Brasil y la llenaron de agujeros que simulaban balazos. Buscaban que el Ministerio Público estableciera la verdad: que el crimen había sido una injusta brutalidad.

Una más, en una ciudad acostumbrada a este tipo de escenas. En Río de Janeiro, la Policía Militar es la que más mata. Son los que patrullan diariamente las calles con fusiles de guerra y sólo están autorizados para detener en flagrancia. Para investigar está la policía civil, que también mata. Según cifras de Amnistía Internacional, en Río han muerto más de ocho mil personas en operaciones policiales en los últimos diez años. Causas que en su gran mayoría son archivadas bajo el rótulo de ‘Auto de Resistencia’, un procedimiento administrativo creado para evitar que los agentes envueltos en homicidios sean apresados por flagrancia.

Para la Policía Militar, sus muertos siempre son en legítima defensa.

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CAZADORES DE ESCLAVOS

28 de noviembre de 2010. Las imágenes de la televisión son impresionantes. Cientos de narcotraficantes armados huyen en estampida por los morros de Vila Cruzeiro, en dirección a otro morro del Complexo do Alemao. Los canales transmiten en vivo la ocupación policial de una de las cinco favelas más grandes de Brasil. Desde el aire se ve como los traficantes caen baleados en la mitad del camino y a cientos de agentes con armas de guerra, desplegándose por las calles en vehículos blindados. En la punta de un cerro, desde dónde se domina toda la vista, algunos agentes izan una bandera brasileña, símbolo de que el Estado ha recuperado el control del territorio.

-Fue un teatro entre el bien y el mal –recuerda el antropólogo y escritor Luiz Eduardo Soares, mientras almuerza frente a la playa de Leme.

Soares es un experto en seguridad pública. Fue Jefe Nacional durante el gobierno de Lula da Silva, y entre los libros que ha escrito, hay dos que se convirtieron en películas y llegaron al cine: Tropa de Elite I y II. Esta última, estrenada un mes y medio antes de aquella invasión, y que instaló un tema poco discutido hasta ese momento.

-Al final de aquel filme, el protagonista dice que la Policía Militar de Río se tiene que acabar, porque el sistema está podrido. Fue un suceso impresionante, porque por primera vez la agenda se estaba invirtiendo: el problema no eran las drogas, sino la policía –agrega.

La invasión de Alemao, cree Soares, volvió a poner las cosas en su lugar. Ese día, José Padilha –el director de ambas películas- lo llamó para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo: “Luiz, ellos están haciendo Tropa de Elite III”, le dijo. Por ‘ellos’, Padilha se refería al poder. Al político y al policial. El mismo al que habían dejado en evidencia en la última cinta, y que no escatimó en recursos, ni en vidas, para volver a instalar el discurso de una ‘guerra’ contra el narcotráfico que el Estado nunca ha declarado, y con la que la policía ha justificado la toma de los territorios y las muertes. Durante esos días, al menos 39 personas fallecieron en Alemao. Casi todos jóvenes negros.

-La policía, tal como la conocemos hoy, nació para cazar esclavos, y esa es una tradición que perduró incluso después de la proclamación de la República… Yo fui uno de los primeros en decir que acá se estaba cometiendo un genocidio.

Soares asegura que ningún proceso histórico ha cambiado esa característica genética de la Policía Militar de Brasil. Al contrario, las dictaduras y las transiciones pactadas -que no llevaron a los violadores de los derechos humanos a la justicia-, aumentaron la impunidad y letalidad de las fuerzas. También la corrupción.

-Cuando autorizamos al policía para matar ante cualquier problema, también le autorizamos tácitamente a no hacerlo. Eso significa que él dispone de una moneda muy valiosa, que es la vida. Negociar la sobrevivencia es la raíz de la corrupción y de la asociación entre policías y criminales en Río de Janeiro –agrega.

La máxima expresión de lo que dice Soares son las milicias, grupos de expolicías que comenzaron a disputarle el territorio a los narcotraficantes, con la idea de una falsa seguridad para la población. Las favelas quedaron en medio de la disputa entre milicianos y narcotraficantes, dominados por un poder paralelo. Aunque en el 2010 casi 800 exagentes fueron detenidos, las milicias siguen dominando varios lugares de la zona Oeste. Son ellos los causantes de un gran número de asesinatos. También la corrupción, la droga, y la histórica letalidad de la policía.

Brasil tiene la cifra más alta de homicidios del mundo en números absolutos. Según el Mapa de la Violencia elaborado por el sociólogo Julio Waiselfisz, del Instituto Sangari, en el 2012 se registraron más de 56 mil asesinatos, y sólo en la ciudad de Río de Janeiro ocurrieron casi cinco mil. El informe “Mataste a mi hijo”, de Aministía Internacional, establece que de aquellos muertos, 30 mil eran jóvenes entre 15 y 29 años y el 77% eran negros. Ese año, uno de cada cinco asesinatos fue cometido por un agente en servicio.

Matar es una conducta arraigada en las fuerzas de seguridad, que a mediados de la década de los 90’, en plena democracia, incluso fue incentivada económicamente por el Estado. En noviembre de 1995, el general Nilton Cerqueira, secretario de seguridad del gobierno de Marcello Alencar, creó un bono para la policía al que llamó ‘pago al mérito’, pero que rápidamente adoptó el sobrenombre de gratificación faroeste. En simple, las muertes de la policía comenzaron a ser vistas por las autoridades como un indicador de productividad: quien mataba, trabajaba. Y había algunos que ‘trabajaban’ mucho.

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La gratificación aumentó en un 150% la media mensual de muertos en las favelas y el número de policías asesinados creció el 37% en los meses siguientes. El reconocimiento a la bravura policial elevó los salarios de los efectivos más letales hasta en 150%. Todos querían ganar más dinero. Llegaron a ocurrir casos tan absurdos, como el de Maicon de Souza, un niño de dos años que en abril de 1996 fue asesinado por la policía en la favela de Acarí, argumentando ‘legítima defensa’, y por el cual el escuadrón recibió su bono. Este año, su caso prescribió sin culpables.

Aunque duró hasta mayo del año 2000, organizaciones de derechos humanos han denunciado que políticas de seguridad como esta gratificación, han normalizado aún más el uso de la violencia, al introducir lógicas de mercado que hicieron creer a los policías que matar era una parte importante de su trabajo. Los símbolos de los batallones también son reflejo de eso. El BOPE, el grupo de combate de elite, tiene como escudo en su uniforme una calavera con un puñal atravesado y dos pistolas cruzadas, y su himno dice que su misión es subir a las favelas y “tirar cuerpos al piso”. Hasta hace poco tiempo, cada vez que ellos realizaban una operación, se jactaban de su fuerza letal: “Venimos por tu alma”, repetían por un megáfono antes de ponerse a disparar.

En Costa Barros, aquel 28 de noviembre de 2015, luego que los policías descargaran 111 tiros sobre el auto donde viajaban los cinco amigos, algunos vecinos recuerdan que el grupo sonrió frente a los cuerpos.

111 BALAS

Roberto de Souza murió el mismo día en que le pagaron su primer salario como ayudante de un supermercado. Invitó a cuatro amigos a un recital de hip hop en el Parque Madureira, en la zona norte de Río de Janeiro, pero al regresar se encontraron con cuatro policías que los emboscaron. Tenía 16 años y, junto a Carlos –que quería ser oficial de marina- eran los más pequeños del grupo. El más grande era Wesley, que tenía 25 años, luego Wilton de 20, y más atrás Cleiton de 18, que también quería ser marino. El grupo entero se conocía de pequeños.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas del 28 de noviembre del año pasado. Los cinco amigos, más Wilkerson Esteves de 15 años, el hermano de Wilton, se movilizaban en un auto y en una moto por el barrio de Lagartixa, de donde todos eran originarios. Andaban en busca de comida, la última invitación que Roberto tenía pensado hacerles con su primer sueldo. A esa misma hora, el capitán Daniel Florentino, del Batallón 41 de la Policía militar, recibió en su teléfono un mensaje de Whatsapp. El mayor Moisés Pinheiro, que en su tiempo libre trabajaba custodiando los camiones de reparto de la empresa de bebidas y cervezas AMBEV, le escribió que uno de los transportistas había sido asaltado en Costa Barros y que varios criminales del lugar estaban saqueando la carga. Florentino, desde su casa, envió a los cuatro policías que patrullaban por allí para que contuvieran la situación. Marcio Alves de 38 años, Fabio Oliveira de 36, Antonio Gonçalves de 34, y Thiago Viana de 26, llegaron a los pocos minutos al lugar. Tenían una sola pista: “los asaltantes se movilizaban en un auto y una moto”, les dijo el capitán.

Los policías aguardaron en la oscuridad a que alguno de los vehículos que pasaban por allí diera con las descripciones de los sospechosos. No pasó mucho tiempo, hasta que se encontraron con el grupo de amigos. Ninguno de los efectivos se molestó en preguntar antes de disparar. Wilkerson, que aceleró la moto justo cuando los vio aparecer de entre la oscuridad, esquivó una bala que se incrustó en su parachoques trasero, pero los otros no pudieron evadirlos. Desde una cuadra de distancia, fue el único testigo directo de la masacre. También, el único sobreviviente.

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Los balazos entraron desde arriba, por atrás, y el costado derecho del auto. Por el ruido de las descargas, Wilkerson supo inmediatamente que su hermano y sus amigos habían muerto. Regresó a su casa gritando y su madre Marcia Ferreira corrió al lugar, incrédula. Vio a un policía, luego a otro, y a un tercero que le advirtió que si seguía caminando la mataría. Pero ella continuó. Horas más tarde, recordaría aquellos primeros instantes frente a la escena del crimen donde había fallecido su hijo.

-Vi a un policía que estaba debajo del auto con un arma en la mano. Luego, al acercarme más, me di cuenta que la había dejado justo debajo de la rueda del chofer, para simular un enfrentamiento –le dijo al detective a cargo de la investigación.

Esa noche, los policías dijeron lo mismo que repiten cada vez que matan a una persona: que hubo un enfrentamiento, que los criminales dispararon, y que ellos respondieron a la agresión. Según Amnistía Internacional, el 92% de los crímenes cometidos por la Policía Militar en Río de Janeiro, quedan impunes precisamente debido a este tipo de excusas. En el caso de Costa Barros, sin embargo, la tesis de la legítima defensa se cayó a las pocas horas, cuando los vecinos comenzaron a relatar lo que habían visto.

Los policías quedaron detenidos al día siguiente, bajo los cargos de homicidio flagrante. Aquel domingo, los cinco jóvenes muertos llamaron la atención de los documentalistas Natasha Neri y Lula Carvalho, que desde hacía meses venían grabando para una película sobre las ejecuciones policiales. Tomaron la cámara y partieron al batallón dónde estaba el auto baleado. Filmaron uno a uno los agujeros que atravesaron el chasis.

-No pude permanecer al lado del auto ni siquiera medio minuto. Había llovido y tenía un olor a muerte terrible –recuerda Natasha.

Antonio Gonçalves fue el policía que más disparó aquella noche. Según el peritaje balístico, realizó 11 tiros con su pistola Taurus y 18 con su fusil Imbel M-964 FAL, un arma de asalto automática calibre 7.62. La misma con la que Marcio Alves percutó 22 proyectiles, dos de los cuales fueron encontrados en el cuerpo de Cleiton, que recibió ocho impactos.

A las pocas semanas, los peritajes de los cuerpos y las armas confirmaron lo que ya todos sabían: que los jóvenes habían sido asesinados con una fuerza excesiva y sin provocación. De los 111 balazos que recibió el vehículo, 40 habían pegado en ellos. También se descubrió que la pistola que había sido puesta debajo del auto era a fogueo.

Fue un duro revés para el Batallón 41, el escuadrón de la Policía Militar más letal de todo Río de Janeiro.

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EL BATALLÓN CON MÁS MUERTOS

El Batallón 41 se fundó el 16 de junio de 2010, luego de que el número 9 fuera dividido por su enorme cobertura. Partió con una dotación de 500 policías, que quedaron a cargo de las operaciones de una de las zonas más conflictivas de la ciudad: Irajá, Vila Kosmos, Pavuna, Costa Barros, y Acarí. Les tomó poco tiempo para transformarse en uno de los más mortales de Río de Janeiro. Según una estadística recopilada este año por la Policía Militar, desde su creación, 495 personas han sido asesinadas por sus efectivos, 69 de ellas sólo en el 2014.

Ese año, Amnistía Internacional concentró sus esfuerzos en demostrar que la regla de las operaciones de la policía eran las ejecuciones extrajudiciales. Durante varios meses recopilaron información en la favela de Acarí.

-Obtuvimos los registros de todas las muertes que ocurrieron durante el 2014. Buscamos a las familias, los testigos, visitamos los lugares del crimen, y revisamos exámenes tanatológicos, y encontramos evidencias de que aquellas personas habían sido ejecutadas –explica Renata Neder, investigadora de Amnistía.

A fines de octubre del año pasado, la CPI de Autos de Resistencia, una comisión especial de congresistas, se constituyó para elaborar un panorama actualizado de estas muertes en los últimos cinco años. Escucharon a expertos en seguridad, a policías, a organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales, y familiares de las víctimas de estos asesinatos. Los registros más detallados que existen sobre cómo la Policía Militar aborda estos casos quedaron en aquellas actas. El 18 de marzo de este año, el teniente coronel Fernando Derenusson, jefe del núcleo de sicología, dio a conocer algunas de las razones que los policías esgrimen para justificar las muertes. Destacó que la gran mayoría de ellos se queja de que su proceso de formación inicial es corto y poco preparado, y que viven en un estrés permanente.

-Los policías sienten que sus problemas son los últimos que importan y creen que la sociedad no valora su trabajo, no se sienten respetados… creen que todas las instituciones han fallado, pero ellos no se permiten fallar –explicó Derenusson a los diputados.

En agosto de 2014, el núcleo de sicólogos de la policía inició un programa destinado a los batallones más violentos. Crearon un sistema de control de material bélico y eso les permitió elaborar un ranking con los efectivos que más disparaban. Los tres primeros lugares del listado pertenecían al Batallón 41: los sargentos Flavio Pereira, Anderson Faria, y Nei Chagas, que entre todos habían disparado 1.600 balas entre enero y octubre de 2015. El batallón completo realizó 11.500 tiros.

-Efectué 606 disparos en un área de guerra. No disparé hacia arriba, ni a inocentes. Yo le disparé a marginales, personas que atentaron contra nosotros y la población –explicó en diciembre del año pasado el sargento Pereira, cuando otra comisión parlamentaria, la de Armas, lo invitó a dar su testimonio.

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El Batallón 41 fue el primero en pasar por una instrucción para controlar el uso de la fuerza. Los sicólogos buscaban que los policías reflexionaran sobre el origen de aquella violencia. Llegaron a la conclusión de que la gran mayoría disparaban sus armas cuando percibían una amenaza, sin importar si esta fuese real. El estudio dio origen a un nuevo mecanismo de control. En conjunto con el Laboratorio de Análisis de la Violencia, de la Universidad de Río de Janeiro, la policía elaboró un Índice de consumo de munición esperable. Es decir, se estableció para cada policía un número máximo de balas a disparar, que variaba dependiendo de la peligrosidad de la zona en la que patrullaba. El coronel Robson Rodrígues, doctorado en antropología y por entonces jefe del Estado Mayor, fue el ideólogo de aquella medida. También, de otro plan más innovador: abrió cursos de meditación trascendental para tratar el estrés de los agentes más agresivos.

Hasta hace algunos meses, decenas de funcionarios se reunían a meditar en las salas de la Academia de Policía. Dejaban los fusiles y los uniformes, para concentrarse en los mantras y la respiración. Con 20 minutos diarios, les explicaron, podían descansar hasta seis noches de mal sueño. Las clases fueron financiadas por la Fundación David Lynch y estuvieron a cargo del director de la Sociedad Internacional de Meditación Trascendental de Río, Kleber Tani, que en su academia en Leblón cobra casi $2 mil reales por cada curso.

-Teniendo en cuenta las peculiaridades de la Policía Militar en Río, las clases fueron un intento de ofrecer al policía, especialmente aquellos que estaban sometidos a altos niveles de estrés, una herramienta para que ellos mismos previnieran tales efectos –explica Robson.

Ni los disparos controlados, ni la meditación, sin embargo, cambiaron la lógica de guerra de la policía. Tampoco disminuyó el número de efectivos muertos. En lo que va del año, 60 policías han perdido la vida en enfrentamientos.

-Todas las operaciones donde muere gente ejecutada tienen que ver con drogas, pero no hay una política inteligente en este combate. La policía no investiga de dónde vienen, quiénes son los traficantes, o cómo entran a las favelas. Sólo van a confrontarse con los muchachos que están en la calle y a matarlos –explica Renata, de Amnistía Internacional.

LA BANDERA

Después que Adriana Pires se enteró de la muerte de su hijo Carlos, nunca más volvió a hablar. Enmudecer, le explicaron los médicos, era una forma de sobrellevar las emociones fuertes, una especie de luto físico, que acompañado de depresión puede ser mortal. Adriana, cuenta su expareja Carlos do Carmo, ha tratado de suicidarse varias veces.

-Está con tratamiento médico y donde ve a un policía se le va encima, lo quiere matar. Para ella, todos son iguales.

En el expediente civil del caso, el que busca una indemnización de parte del Estado, hay un informe médico sobre su salud. El profesional que la atendió, sostuvo que ella padecía un cuadro depresivo grave. Durante aquella sesión, Adriana sostuvo en sus manos el último regalo que su hijo Carlos le había dado en el día de las madres. Una carta.

-Escribo esta carta para decirte que tengo la mejor mamá del mundo, no porque sea la mía, sino porque si buscara en el mundo entero, no voy a encontrar otra igual, ni parecida –decían las primeras líneas.

Pese a la tristeza que la embargaba, Adriana no dejó de ir a las audiencias. El resto de los familiares hizo lo mismo. Familias y comunidades organizadas son esenciales para que este tipo de juicios avancen. La lucha no sólo se da en tribunales, sino que también en los medios de comunicación. Condenar o absolver, a veces también depende de cuán buena sea la puesta en escena. Carlos entendió eso desde un comienzo. Durante la primera audiencia, se estacionó afuera del edificio de justicia, conectó unos parlantes a su auto, y le puso play a un audio de 15 minutos que mandó a grabar. En él, una mujer y un hombre relatan cómo los policías mataron a los cinco muchachos. El taxista escucha todos los días el mismo discurso mientras trabaja por las calles de Río.

Para las siguientes audiencias, Carlos no sólo volvió a reproducir la pista, sino que también apareció con una bandera. Mandó a estampar el rostro de los fallecidos adentro de los anillos del emblema olímpico, sobre una leyenda que decía: “Río lleva 450 años como campeón olímpico de asesinato de indios, negros y pobres”. El lienzo se convirtió en un símbolo de la lucha contra el genocidio de los jóvenes en las favelas, y Carlos en un activista de esa causa. Conoció a otras madres que habían pasado por lo mismo. Una de ellas fue Ana Paula de Oliveira, mamá de Jonathan, de 19 años, que el 14 de mayo de 2014 –un mes antes de la Copa del Mundo- murió atravesado por un disparo de fusil. El responsable: un agente de la Unidad Pacificadora Policial (UPP) de Manguinhos, la favela donde vivía.

-Esa bandera la llevamos a Ginebra, cuando fuimos a denunciar las muertes a la ONU. Con la llegada de los megaeventos deportivos hay más policías en las calles, y eso significa más violaciones a los derechos humanos adentro de las favelas. El único legado que estos Juegos dejarán en Río será el dolor –dice sentada en el living de su casa.

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Su historia también es emblemática. Jonathan falleció por un tiro en la espalda cuando un policía militar de la UPP intentó solucionar a balazos una discusión con los vecinos. No era la primera vez que el funcionario mataba a alguien. En marzo de 2013, había estado detenido durante un mes, acusado de matar a tres jóvenes en un terreno eriazo de la Baixada Fluminense, en el sector norte de la ciudad.

-Si existiera justicia, mi hijo estaría vivo, porque el policía que lo mató nunca debería haber estado en ese lugar –se lamenta.

Las UPP nacieron oficialmente el 2008. Luiz Eduardo Soares fue uno de los expertos que participó en la confección de ese programa. Partieron de la idea de cambiar la lógica de la acción bélica por una permanencia respetuosa las 24 horas, como se hacía en los barrios ricos. La idea contemplaba también una solución integral en educación, salud, y transporte, ayuda que nunca se concretó.

-La policía siguió siendo la misma. Comenzaron a negociar con los traficantes y la violencia retornó. El caso más emblemático fue el de Amarildo de Souza, un albañil de Rocinha que fue torturado por la policía y cuyo cuerpo desapareció en julio de 2013. Ese fue el símbolo de la derrota de las UPP –recuerda Soares.

A los pocos años se hizo evidente que las unidades pacificadoras no trajeron paz. Si antes la policía sólo se metía a las favelas en operaciones programadas, al tenerlas adentro diariamente la violencia se volvió cotidiana. Rió de Janeiro tiene 38 cuarteles de este tipo repartidos por la ciudad. Están en Manguinhos, Rocinha, y también en el Complexo do Alemao, donde hace cinco años se inauguró un teleférico de seis estaciones, que une los morros de Adeus, Baiana, Alemao, Itararé, y Palmeiras. Allí, hay una UPP en cada cerro. Desde esas instalaciones los agentes disparan hacia abajo cuando creen que han visto a un traficante. Un muro de la entrada principal del complexo, tiene cientos de agujeros de proyectiles. Al lugar, los vecinos le dicen la ‘Franja de Gaza’.

La favela acumula un triste historial de muertos por ‘malos entendidos’: Eduardo de Jesús, de 10 años, murió cuando un policía confundió el celular que tenía en la mano con una pistola; Jhonatan Matos falleció cuando un vigilante pensó que la bolsa de cabritas que llevaba era un envase con droga; y Aguinaldo de Nascimento se desangró en la calle luego que un patrullero le disparara en el cuello, al verlo subir inesperadamente en su moto junto a una embarazada.

Alemao forma parte de ese circuito de muerte y pacificación fracasada que Soares ha bautizado como ‘Elizabeth Arden’.

-Ese es un producto de belleza para la elite, por eso lo llamo así, porque es un circuito para los ricos. El propósito de las UPP era más político: había que mostrarle al mundo que Río era una ciudad tranquila. Pero sin los cambios a la policía, sin las acciones sociales, y sin privilegiar a los que más lo necesitaban, esto se desvirtuó.

¿CUÁNTO VALE UN MUERTO?

Fabio Amado es abogado y desde enero de 2015 dirige el núcleo de derechos humanos de la defensoría pública. Su oficina queda al frente del consulado de Estados Unidos. Hasta allá llegan todas las semanas madres cuyos hijos han sido torturados o asesinados por la policía, en busca de apoyo legal para las causas criminales y civiles. Estas últimas, cuenta Fabio, a veces se resuelven más rápido que las penales.

-¿Cuánto paga el Estado cada vez que un policía mata a una persona? –le pregunto.

Fabio no puede responder a eso. Acuerdos de confidencialidad no permiten conocer cuánto dinero gasta el gobierno cada vez que un funcionario mata a un inocente. Varía, además, según el caso y el número de familiares que reclaman la indemnización. El núcleo de derechos humanos ha establecido un proceso administrativo para acelerar estos pagos. Normalmente, los juicios pueden durar hasta ocho años, pero ellos negocian con los abogados de la procuraduría y consiguen acuerdos reparatorios en pocos meses.

-Tratamos con víctimas muy pobres, muchas de las cuales han perdido al jefe de hogar. Ellos generalmente ocupan ese dinero para irse del lugar, para no permanecer donde han muerto sus familiares –cuenta.

Según datos de la defensoría, el año pasado, más de 20 parientes de víctimas accedieron a reparación económica. Que el Estado pague, sin embargo, en ningún caso implica un reconocimiento de la responsabilidad penal. Las indemnizaciones no garantizan que los policías serán despedidos o que irán a la cárcel. En la gran mayoría de los casos, siguen trabajando mientras esperan el juicio.

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Joao Tancredo es el abogado que ha conseguido la indemnización más alta que el Estado ha pagado por un homicidio. Fue el defensor de los familiares de Amarildo de Souza. Además de lograr una condena para doce policías por su desaparición, hace unos meses obtuvo poco más de un millón de dólares para su esposa, sus seis hijos y sus tres hermanos.

-La política de mi oficina es que nunca llegamos a acuerdos –dice sentado en su escritorio, en el piso nueve de un edificio en el centro de Río.

Tancredo es también el abogado de Adriana Pires, la madre de Carlos da Silva, por quien está solicitando reparación por daño moral. Costa Barros y Amarildo son casos excepcionales. La mayoría de las causas no pasan siquiera las primeras etapas de investigaciones. Conseguir que los policías vayan a la cárcel y que el estado pague, pasa en menos del 3% de los casos.

-El propio inicio del proceso criminal es un desafío. Una investigación imparcial y efectiva no es todavía una regla acá. La fiscalía tiene el mandato constitucional de investigar y ejercer el control externo de la policía, pero no han asumido esa función con plenitud –se lamenta el abogado de derechos humanos.

El año pasado, Amnistía Internacional investigó qué había ocurrido judicialmente con los 283 casos de ejecuciones extrajudiciales registradas en la ciudad de Río el 2011. De todos ellos, doce casos estaban archivados y sólo uno tenía una denuncia del Ministerio Público. El resto estaba con investigaciones abiertas.

El informe final de la comisión de Autos de Resistencia establece responsabilidades de la policía, el ministerio público y los jueces: “Siguiendo la misma lógica racista y elitista con los cuales son desarrollados los Autos de Resistencia y se conducen las investigaciones, los jueces absuelven recurrentemente a los autores de los crímenes, incluso cuando en el proceso hay pruebas abrumadoras de las ejecuciones y del abuso de la fuerza”, dice el texto final, que en septiembre de este año deberá ser votado por el parlamento.

-El Ministerio Público y la justicia tienen una responsabilidad tan grande como la de los agentes que disparan –agrega Marcelo Freixo, diputado del PSOL que estuvo a cargo de la redacción de la investigación.

Un sistema completo que garantiza la impunidad.

LOS OTROS MUERTOS

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En Río de Janeiro existe un dicho brutal: “El único bandido bueno, es el bandido muerto”. Según una encuesta realizada a fines del año pasado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, institución que se dedicaba a estudiar la actividad policial, el 50% de los entrevistados está de acuerdo con la polémica frase. Aquello que Freixo llama “la autorización social para matar”.

-En el 2007, la policía de Río mataba a tres personas al día. No hay policía en el mundo que mate tanto, pero eso no provoca ninguna crisis. A nadie le importa, porque hay una narrativa de la criminalización de la pobreza que es muy fuerte –agrega el diputado.

El tema no pasaría de una manifestación cultural, si los jueces que juzgan Autos de Resistencia no se tomaran tanto tiempo en las audiencias para determinar si los muertos que matan los policías son buenos o malos. Pasa siempre, incluso en los casos más mediáticos como Costa Barros. Aunque habían disparado una cantidad absurda de tiros, Carlos do Carmo recuerda que en la primera audiencia, el magistrado –en vez de preguntar por las motivaciones de los agentes-, interrogó insistentemente a los testigos sobre los jóvenes fallecidos: si tenían trabajo, si en el lugar donde vivían había tráfico, o si tenían alguna vinculación con delincuentes. Que la víctima tenga antecedentes judiciales, muchas veces es suficiente argumento para establecer la legítima defensa de los imputados. Aunque hayan sido 111 tiros.

-Me da mucha rabia haberles visto la cara a los policías sin poder decirles lo que siento por ellos, porque las balas que mataron a mi hijo fueron pagadas con mis impuestos –se lamenta Carlos.

Algunas madres no soportaron la criminalización. Matar personas y luego quitarles la dignidad en un juicio, es algo que a Joselita de Souza, la mamá de Roberto, la destruyó. Fue una incansable luchadora hasta que la pena le consumió la energía. Alcanzó a ir hasta la segunda sesión, cuando los policías dijeron que todo había ocurrido durante un enfrentamiento, lo que era mentira, pero no soportó que el 22 de junio pasado, el máximo tribunal de Brasil les concediera la libertad a los cuatro agentes por un tecnicismo legal. Eso la derrumbó. Pocos días después, fue internada de urgencia en el hospital por un paro cardiorespiratorio, pero adentro le detectaron una neumonía y una anemia.

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Joselita duró nada. Con 44 años, se convirtió en la sexta víctima de la matanza de Costa Barros. Sus familiares creen que ella enfermó de tristeza y que luego eso le costó la vida. Murió –dicen- por culpa de esos 111 disparos. No fue la última. Wilkerson Esteves, el único sobreviviente, falleció de un aneurisma cerebral a comienzos de agosto: a sus 15 años se salvó de que una bala de fusil lo matara por la espalda, pero a los 16 no pudo con la falta de atención médica de los hospitales de Río de Janeiro. En menos de diez meses, Marcia Ferreira, la madre que vio cómo los policías alteraban el sitio del suceso, perdió a dos de sus tres hijos. Wilkerson se murió creyendo que el crimen de sus amigos quedaría impune.

A la semana siguiente del entierro, los policías volvieron a la cárcel.

*Investigación posible gracias a una residencia en Casa Pública, proporcionada por Agencia Pública de Río de Janeiro.