El día en que el cura Fernando Montes declaró a favor de exgeneral condenado por doble homicidio calificado

Una declaración como “testigo de conducta” dando cuenta de sus “valores” y “honorabilidad” entregó el sacerdote jesuita Fernando Montes Matte, exrector de la Universidad Alberto Hurtado, a favor de un general (R) condenado por homicidio calificado y secuestro simple de dos miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente) en octubre de 1973, en el marco del caso Caravana episodio Curicó.

Según consta en las carpetas de investigación, el religioso -que en los últimos meses ha defendido públicamente la opción de otorgar beneficios carcelarios a criminales que cumplen condena en el Penal Punta Peuco y que fue invitado a una misa que se realizaría este viernes en ese mismo recinto donde algunos reclusos ofrecerían perdón- prestó declaración el miércoles 28 de octubre de 2015 ante la ministra de fuero Patricia González Quiroz, en calidad de testigo de conducta; es decir, como un testigo que declara sobre el buen comportamiento social de los procesados con el propósito de que este obtenga la libertad.

En esa ocasión, el sacerdote comenzó diciendo que le habían pedido que diera un testimonio sobre Joaquín Ramírez y habló de su relación con él y de lo que él pensaba del general en retiro, quien falleció el domingo 21 de febrero de este año.

“Yo personalmente no fui testigo directo de hechos delictuosos cometidos por él en 1973, sin embargo lo conozco a él desde hace más de treinta años, conozco a su familia, en especial a su esposa y a un hijo sacerdote, lo cual me ha permitido hacerme una opinión bastante fundada de sus valores y modo de proceder. De lo que yo he podido ver creo que es una persona muy honorable, pacífica y en su momento nadie me reportó acusaciones contra él. Personalmente hubiera deseado declarar más pero es todo lo que puedo decir”, dijo en esa ocasión.

Junto a él, el empresario Julen Gallastegui Astorquiza también prestó declaración a favor de Ramírez.

Sin embargo, un mes y medio después la ministra Patricia González dictó sentencia contra el exgeneral Ramírez y lo condenó por homicidio calificado y secuestro simple en contra de Wagner Herid Salinas Muñoz y de Francisco Urcisinio Lara Ruiz, dos escoltas del expresidente Salvador Allende y miembros del Grupo de Amigos del Presidente (GAP).

Por este motivo fue condenado a 15 años de presidio mayor en su grado medio, más tres años y un día de presidio menor en su grado máximo por el secuestro simple de ambas personas.

La magistrado, además, no le otorgó ningún beneficio, a pesar de la avanzada edad de Ramírez en ese momento (90 años) y de estar diagnosticado con demencia, una enfermedad renal crónica en etapa terminal, un infarto vascular cerebral antiguo y poli neuropatía diabética.

Aún así, Ramírez no fue considerado enajenado mental a pesar de su severo déficit cognitivo, especialmente de memoria.

Según la condena de la ministra González, en este caso Ramírez Pineda le ordenó personalmente a un subalterno del Regimiento Tacna -del cual era comandante- fusilar a Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, “cuyas cédulas de identidad incluso le entregó al impartirle dicha orden”.

Ambas personas fueron detenidas por personal del Ejército el 11 de septiembre de 1973 en el puente sobre el río Huayquillo, en Curicó, siendo conducidos al regimiento de esa ciudad y luego derivados a la cárcel local.

Posteriormente, el 30 de septiembre de 1973 y por orden de Sergio Arellano Stark, jefe de la denominada Caravana de la Muerte, ambos fueron trasladados Regimiento de Artillería Motorizado N°1 Tacna, donde permanecieron recluidos hasta el 5 de octubre de 1973. Ese día, durante la noche, fueron sacados por una patrulla y llevados hasta un sitio de la comuna de San Bernardo, donde finalmente fueron ejecutados.

“Ese día, y en cumplimiento de una orden superior del Comandante del Regimiento, oficiales de dicho Regimiento, durante un patrullaje nocturno, de control del toque de queda, transportaron a los detenidos mencionados, Salinas Muñoz y Lara Ruiz, a un sitio en la comuna de San Bernardo y luego se procedió a ejecutarlos, haciendo uso de armas de fuego, para luego trasladar sus restos hasta el Servicio Médico Legal”, dice la condena.

Detenido en Argentina y extraditado

Cabe recordar que el exgeneral Ramírez Pineda fue extraditado en 2003 desde Argentina, lugar donde había sido detenido en 2002 a solicitud de la justicia francesa por el secuestro, torturas y desaparición del médico de origen francés amigo de Allende, Jorge Klein, durante el bombardeo y posterior ocupación de La Moneda.

Tal como se mencionó, Ramírez Pineda fue el Comandante del Regimiento Tacna al momento del Golpe de Estado de 1973, lugar hasta donde fueron llevados como prisioneros decenas de colaboradores y asesores de Salvador Allende tras el bombardeo a La Moneda, y que luego fueron ejecutados en Peldehue.

En el Informe De Verdad y Reconciliación -más conocido como Informe Rettig- se detallan un centenar de casos sobre torturas, vejámenes y simulacros de fusilamientos en ese regimiento, que estuvo a cargo de Ramírez Pineda.

El exgeneral también fue investigado por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrida en 1974, mientras él se desempeñaba como agregado militar en Buenos Aires.

Además, al momento de su muerte era requerido también por la justicia italiana por la desaparición de otras 23 personas en el marco de la Operación Cóndor.

El abogado de diversas causas sobre violaciones a los Derechos Humanos, Cristián Cruz, que estuvo presente en la citada declaración de Montes, señaló que “este sacerdote ha estado en diferentes instancias abogando a favor de los violadores de los derechos humanos, llegando incluso a intentar hacer creer no solo al tribunal, sino que también a las partes, de la inocencia de este personaje tan funesto como fue Ramírez Pineda y vistiéndose en su sotana, es decir, arguyendo una superioridad moral para decirnos a los que representábamos a las víctimas y al tribunal, qué es lo que se debía hacer. En definitiva, él lo que pretendía era que no fuese condenado Ramírez Pineda, llegando incluso en esa ocasión a contar que a él nadie le había contado de este crimen, y que por lo tanto él dudaba que se hubiese perpetrado”.

El abogado agregó además que lo que va a ocurrir el viernes en Punta Peuco “es un show” y reiteró que les parece tremendamente doloroso que se esté jugando con esto. “Ciertamente las personas que están condenadas en Punta Peuco, contrario a lo que él dijo, de que tengan un mínimo de humanidad… han tenido toda la humanidad. Han tenido todo el derecho a un juicio justo. Han tenido, y tienen, posibilidades carcelarias que el resto de la población penal en Chile no tiene. Por lo tanto, obviamente que las palabras del señor Montes no pueden ser producto de la confusión porque él ya lleva años yendo y abogando por estos reclusos, por estos agentes represores”, dijo Cruz.

Fernando Montes: “No es un testimonio sobre los hechos mencionados”

Consultado por The Clinic Online, el sacerdote Fernando Montes señaló que efectivamente declaró en ese caso a petición de la defensa de Ramírez Pineda, pero que su testimonio se basaba en lo que él conoció del exgeneral y no sobre lo que ocurrió en 1973.

“¿Qué es lo que dije yo? Yo no puedo atestigüar nada ni a favor ni en contra de los hechos de los cuales se le acusa. Yo no fui testigo, no los conozco. Sé lo horroroso que pasó con esa gente, de modo que mi testimonio no tiene nada que ver. Yo lo conocí muchos años después y conmigo fue siempre una persona muy deferente. De modo que vale ese testimonio lo que vale. No es un testimonio sobre los hechos mencionados, sino que me pareció que era una persona educada, que me trató educadamente pero yo le dije claramente a quién me pidió que fuera, que mi declaración tiene muy limitado alcance. Entonces, yo le digo honradamente, sobre el hecho mismo imputado no tengo nada que declarar y creo que la justicia… me parece que era muy importante que averiguara y viera los castigos que corresponde”, dijo Montes.

El exrector de la UAH además señaló que no sabía por qué hecho en específico era investigado, sino que tenía entendido que “era comandante de donde se llevó a la gente que después desapareció”. Sin embargo, el religioso señala que “ese hecho, lo condeno con toda mi alma. Ahora, cuál es el rol jugado por esto, yo no tengo idea, yo no sabía. Entonces no puedo hacer declaraciones a favor o en contra. Solo condenar con todas mis fuerzas el hecho mismo”.

Además, el sacerdote señaló que él condena todos los hechos relatados en el Informe Rettig -donde se incluyen testimonios sobre lo que pasaba en el regimiento del cual Luis Joaquín Ramíres fue comandante- y los encuentra “aberrantes”.

“No tengo idea qué es lo que tomaron de mi declaración, pero la idea mía fue esa. Si a mi me pidió alguien es que … que yo lo había conocido mucho después y a mi me parece una persona tratable, honorable. O sea, me parecía, pero ese fue el drama, que a veces gente que parecía tan correcta y justa, de repente en los casos concretos no actuaron tan correctamente. O sea, quiero que quede muy claro, porque cuando me pidió el señor (Vivian) Bullemore -abogado de Ramírez Pineda- que yo fuera, le dije ‘yo voy, pero exactamente a decirle que yo lo conocí mucho tiempo después, que es una persona buena persona, conmigo fue siempre amable. Conocí a su esposa, a un hijo que es jesuita, pero honradamente no vale mi juicio sobre los hechos, que yo condeno absolutamente. Yo no soy testigo de eso”.

Junto a eso, Montes dice a pesar de conocerlo hace muchos años, durante ese tiempo lo vio muy poco y que nunca jamás conversó sobre estos hechos con él, a pesar de saber que había sido detenido en Argentina. “Pero nunca ni lo fue a ver, ni tengo idea por qué estuvo detenido en Argentina”, señala.

Finalmente, agrega no haber sabido de la condena sobre Ramírez, pero sí que murió a principios de este año y dice no arrepentirse de haber hecho esa declaración.

“A ver, no, porque yo soy muy claro qué es lo que declaré. O sea, si yo hubiera declarado que él era inocente, que era una persona en el momento que era Comandante era de intachable conducta, yo hubiera mentido. No sabía. De modo que si yo clarifico bien qué es lo que dije, yo eso lo podría decir hoy día igual, aún después de su condena. Y podría decir ‘sabe qué más, celebro que la justicia dé los pasos para aclarar las cosas’. O sea, a mi me pidieron que dijera una cosa y traté de decir, no sé si lo reprodujeron bien, que no era testigo ni quería obstaculizar la justicia. No sé si me explico bien, por eso hoy digo si me dejan hacer, en el mismo sentido, de que yo no estoy haciendo un juicio en el que vaya a justificar lo que se hizo en esas circunstancias, yo puedo declarar y puedo declarar ‘mire, yo lo conozco y se que es una persona muy alegre, pero eso no significa que sea inocente'”, dijo.

“Yo no hice una declaración para exculpar. No sé si queda claro, porque creo que tergiversaría muy radicalmente lo que yo hice si usted piensa que yo fui ahí para decir que esta persona era inocente, que yo atestiguaba eso. Eso no lo he dicho. Más bien, dije que si los hechos eran reales como estaba eso, me parecía gravísimo y que la justicia debía proceder”, señaló.