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12 de Junio de 2017

México multó a Sudamericana de Vapores y otras navieras por prácticas monopólicas

El órgano antimonopolios de México anunció el pasado viernes que sancionó a un grupo de navieras por “prácticas monopólicas absolutas” que segmentaban el mercado de servicios de transporte marítimo de vehículos automotores. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló en un comunicado que las multas ascienden a 581,6 millones (unos 31 millones de dólares). […]

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El órgano antimonopolios de México anunció el pasado viernes que sancionó a un grupo de navieras por “prácticas monopólicas absolutas” que segmentaban el mercado de servicios de transporte marítimo de vehículos automotores.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detalló en un comunicado que las multas ascienden a 581,6 millones (unos 31 millones de dólares).

Las firmas multadas son la chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), K Line America, Mitsui OSK Lines (MOL), Mitsui OSK Bulk Shipping (MOBUSA) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), además de la noruega Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL).

Las compañías implicadas, aparentemente competidoras entre sí, eran encargadas de transportar vehículos automotores que salían desde puertos mexicanos a destinos internacionales.

Las empresas llegaron a acuerdos ilícitos que “redujeron la presión competitiva y elevaron los costos de los servicios que daban a empresas del sector automotriz”.

La práctica consistió en la asignación de segmentos de rutas de transporte que incluían a México como punto de origen o destino.

Los destinos eran países como Argentina, Brasil, Chile, Japón, Tailandia, Indonesia, y Bélgica, precisó el órgano de competencia.

Los puertos mexicanos involucrados fueron Altamira, Veracruz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas, donde la Comisión registró la “carga y descarga de vehículos automotores para salir o ingresar a territorio nacional”.

Las compañías pactaron nueve acuerdos colusorios entre 2009 y 2012, pero en algunos casos su vigencia alcanzó hasta 2015.

Los agentes económicos sancionados podrán acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la Cofece.

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