El último 11 de septiembre, además de las actividades conmemorativas organizadas a lo largo del país, estuvo marcado por las palabras del general en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, respecto al papel jugado por la institución en la desaparición, tortura y asesinato de personas durante la dictadura militar, así como también en el ocultamiento de información sobre las acciones ejercidas por uniformados entre 1973 y 1990 que atentaron en contra de los derechos humanos.

Aquel día, Oviedo sostuvo que “no tenemos más información que la que se entrega en los tribunales. Quienes estuvieron en esa época son los que han respondido en la justicia y el Ejército no puede responder por ellos”. “Información de parte nuestra (sobre DD.HH.) no existe”, complementó.

Los dichos tuvieron repercusión inmediata e incluso le valieron un tibio apoyo de La Moneda: el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo que “hay que creerle”. El titular de Defensa José Antonio Gómez, por su parte, lo respaldó al afirmar que “se han contestado cientos de oficios a cada ministro (en visita) que nos ha solicitado información”.

Sumado a estas acciones, el mismo General debió defender su postura en una entrevista concedida al noticiario central de TVN pocos días después de su comentada intervención.

En la ocasión, Oviedo reafirmó sus palabras: “Todos los requerimientos que hacen los tribunales quedan acreditados en documentos formales, por lo tanto es muy fácil a través de Transparencia u otro organismo, requerir la información que al Ejército ha sido solicitada, y en eso hemos sido cumplidores”.

Con el objetivo de comprobar esta afirmación, se siguieron los pasos sugeridos por Oviedo y se ingresó una solicitud de información vía Transparencia al portal del Ejército, para acceder a “toda documentación que muestre el total de requerimientos del Poder Judicial (a través de de cualquiera de sus cortes) al Ejército de Chile, entre los años 1990 a 2017”, además de exigir el desglose según el tipo de requerimiento.

La respuesta emanada desde la institución, finalmente, arrojó un resultado que pone en duda la versión de Oviedo y cuestiona el escaso manejo de información que contiene el Ejército sobre de sus acciones en esta materia.

RESPUESTA

La mentada solicitud fue ingresada por la organización “En la lupa”, dedicada al monitoreo de instituciones mediante chequeo de información y uso de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública.

Luego de casi un mes de tramitación, el Ejército redactó un documento con un cuadro que detalla el número total de requerimientos solicitados por el Poder Judicial respecto a derechos humanos, en los años 2015, 2016 y 2017.

Sin embargo, no entregó información respecto a solicitudes atingentes a esta materia ingresadas antes del 2015 ni sobre otros tipos de requerimientos demandados dentro del período indicado (1990-2017), lo que constituía parte importante de los datos solicitados inicialmente.

La explicación de esto desnudó un grave problema.

Según la propia respuesta del Ejército, la organización no cuenta con tal registro: “se hace presente que solo se tiene información sistematizada de requerimientos judiciales relacionados únicamente con causas por derechos humanos desde el año 2015. Del mismo modo, la Institución no cuenta con una base de datos que contenga antecedentes sobre otro tipo de peticiones judiciales”.

Por una parte, entonces, la institución solo dispone de un registro digital que detalla las solicitudes de información recibidas en torno a los derechos humanos desde el 2015 hasta la actualidad.

Por otra, no cuenta con un ningún tipo de organización referente al resto de temáticas.

Junto a esto, expone que los documentos no digitalizados se encuentran repartidos en distintas Unidades a lo largo del país, por lo que recopilarlos e ingresarlos a un sistema de organización computacional “implicaría distraer indebidamente a personal de sus labores habituales con el consiguiente perjuicio del funcionamiento normal del Ejército…”.