El jefe Jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, consultado por la agresión a los dos imputados como autores del crimen de Margarita Ancacoy tras ser ingresados a Colina Uno, dijo a The Clinic que “aquí hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Una, es el crimen contra Margarita, una trabajadora de 40 años, que fue brutalmente asesinada, y frente al cual claramente expresamos nuestra consternación y opinión de que el hecho debe ser investigado y sancionado”.

El otro, dice, son los vejámenes sufridos por dos de los imputados en el asesinato. “También tenemos que decir fuerte y claro que en una sociedad con Estado de Derecho, no cabe responder a la violencia con más violencia, y en este caso el hecho se ve agravado, porque las personas estaban bajo la custodia del Estado. El Estado tiene que garantizar que las personas a su cargo no sufran tratos denigrantes como ocurrió aquí, hechos que podemos calificar de tortura y por los cuales ya se ha formalizado a un gendarme”.

El abogado agregó que más allá de la medidas adoptadas hoy por Gendarmería, como el traslado de los imputados y el sumario contra los gendarmes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos opina que es necesario investigar acuciosamente por qué en este caso no se tomaron las medidas de resguardo que eran necesarias. “El abogado defensor había advertido al tribunal que era necesario tomarlas en razón de la nacionalidad de los imputados, un tribunal había instruido que se aplicaran los protocolos especiales para evitar que se ocurrieran este tipo de agresiones y, sin embargo, los protocolos no se aplicaron”.

Bustos agrega que “es necesario asegurar que no haya otras ocasiones en que los protocolos se ignoren. Frente a crimen, por más deleznable que sea, no cabe jamás la tortura. No es tolerable que una persona sea golpeada por un grupo, con insultos racistas y aplicaciones de electricidad. Se deben tomar medidas para que actos como estos no vuelvan a repetirse”.