Diez carabineros fueron encontrados culpables por red de corrupción en Meiggs: uno fue condenado por apremios ilegítimos contra comerciante chino

Durante esta jornada, la justicia declaró culpables a diez funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros por integrar una red de corrupción que operó entre 2022 y 2023 en el barrio Meiggs, donde solicitaban dinero a comerciantes, principalmente de nacionalidad china.

En esta causa participaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la sede metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ya que uno de los funcionarios involucrados también enfrentaba cargos por apremios ilegítimos durante uno de los procedimientos policiales.

Según estableció el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, ese carabinero fue declarado culpable de tres delitos de cohecho y uno de apremios ilegítimos, luego de que se acreditara que el 9 de enero de 2023 golpeó en el rostro a una persona que estaba esposada durante un operativo realizado en una bodega ubicada en la calle Fray Luis de la Peña, en Santiago.

En la resolución, los jueces sostuvieron que la víctima se encontraba “en situación de indefensión absoluta frente a la fuerza pública”, por lo que la agresión adquiría una gravedad especial. El tribunal añadió que “no se trata de un exceso aislado de un particular, sino de un acto de quien se vale de su función de manera arbitraria para someter físicamente a una persona ya reducida”.

INDH valora condena a carabineros

La jefa de la sede Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, valoró el fallo y señaló que este confirma “la existencia de una red de corrupción al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros de Santiago, que operaba impunemente en el Barrio Meiggs, afectando de manera sistemática a comerciantes de nacionalidad china”.

Además, destacó que la condena por apremios ilegítimos es especialmente relevante porque, a su juicio, “no constituye un exceso aislado, sino el uso arbitrario de la función pública para someter físicamente a una persona ya reducida, lo que agrava la responsabilidad del Estado en el ejercicio legítimo de la fuerza”.

La abogada también resaltó que el tribunal rechazó un argumento presentado por la defensa, que buscaba justificar parte de los hechos apelando a la barrera idiomática del funcionario con la víctima. Según explicó, quienes aplicaron la sentencia estimaron que ese planteamiento constituía un factor de discriminación hacia la población migrante

“Desde el INDH seguiremos ejerciendo nuestro mandato de protección de los derechos humanos, especialmente frente a actos de violencia institucional que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las comunidades migrantes”, afirmó Contreras.

El INDH recordó además que su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile 2025 advirtió que la corrupción no solo debilita la legitimidad de las instituciones, sino que también compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, al desviar recursos públicos, así como al afectar garantías como la igualdad y el acceso a la justicia.