El olfato ambiental en la Región de Aysén

Por Jaime Varas

Un informe publicado por el Gobierno de turno destacaba la nueva institucionalidad ambiental chilena. Hicieron descargos que apuntaron al Gobierno anterior. Informaron sobre una gestión ambiental desequilibrada, fiscalización dispersa e inorgánica, escasa coordinación, amplia discrecionalidad e hicieron una fuerte crítica a la politización de decisiones. El mismo informe, que insiste en que hay una carencia en política y normas ambientales e instrumentos de mercado, insiste en la instalación de una mayor gestión ambiental municipal y refuerza esta necesidad con la creación de una autoridad ambiental de peso político.
El 2 de julio de 2010, la Contraloría General de la República tomó razón de los Decretos con Fuerza de Ley e informo sobre la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Esta institucionalización triangulada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según su diseño, permite observar la dimensión ambiental y la ejecución de los proyectos o las actividades que se realicen en el país en materia ambiental.
Bajo esta lógica, amparada en la Ley 19.300, se intenta asegurar que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, sean ambientalmente sustentables y de certificar que ellas cumplan con todos los requisitos ambientales, que le sean aplicables bajo un marco técnico.

La COREMA en la Región de Aysén

La COREMA, al igual que en el resto del País, es una organización política compuesta por directivos de las mas diversas disciplinas, donde muchas, no tienen relación con la materia o proyecto en análisis. Esta organización, liderada por el intendente regional, incluye Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales que forman el Consejo Directivo (Transportes, Salud, Vivienda, Obras Públicas, Agricultura, Mideplan, Educación, Minería y Bienes Nacionales), además de consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo. Existe además un Comité Técnico de la Corema, integrado por el director regional de la Conama, que lo preside, y por los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia ambiental (Dirección General de Aguas, Conaf, Servicio Agrícola y Ganadero, Consejo de Monumentos Nacionales, Vialidad, etc).
La función principal de las Coremas es aprobar o rechazar los proyectos de inversión que han sido evaluados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de Declaraciones (DIA) o Estudios (EIA). Además de coordinar la gestión ambiental en el nivel regional, aprobar y evaluar la ejecución de la Política Ambiental Regional y Administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Región.
En la Región de Aysén, la Corema, que es la instancia que tiene el poder de decisión y según la ley, tiene entre sus roles administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la facultad de proporcionar admisibilidad a tales o cuales proyectos de interés para el sector público o privado. Según esta lógica, que da tribuna a las decisiones políticas por sobre los criterios técnicos, instala a la Corema como un organismo político, sin objetividad ni competencia en materias ambientales, con asesores para crear apariencias, con calidad de consultores. El Director de la Comisión del Medio Ambiente, es secretario de la organización política.

Tropiezos políticos

Cuando hay intereses electorales, protestas y lamentos en las encuestas, es el poder político designado el que debe actuar en su rol en todas las escalas de mando. En el ámbito ambiental, un ejemplo de descoordinación y falta de objetividad quedo demostrada cuando el Presidente de la República vulnero sus nexos en las regiones y anulo un proyecto ambiental relacionado con una termoeléctrica, dejando el Sistema de Evaluación Ambiental en evidente vulnerabilidad, la que además, favorable o no, instala un precedente obligado a la hora de sacar las cuentas. Entre costo y beneficio, el verdadero desarrollo político-económico absorbió sin citar las políticas en materia ambiental, destruyendo los sistemas encargados en estas materias. En la actualidad, una sociedad comprometida en buscar una representación democrática que exponga de manera clara las carencias que comparten, debe conocer de instancias y procesos, y no de actos discrecionales e indebidos que se agravan con el paso del tiempo.
Esta falta, ausente de medidas regulatorias en todo el espectro ambiental, no contribuye al desarrollo sustentable, ni mucho menos al desarrollo económico del País. Este nuevo escenario triangula el poder político, los empresarios y a la ciudadanía que se vea implicada o afectada con la gestión ambiental, los que actuaran como grupo de presión, haciéndose participes en las decisiones con consecuencias ecológicas, fuera del instrumento o institucionalidad ambiental.
Este nueva forma de hacer viable o inviable un proyecto, pone en juego, desde la perspectiva de un desarrollo económico – cuya finalidad es la de buscar calidad de vida y satisfacer necesidades – al empleo, factor fundamental a la hora de sacar cuentas electorales. Donde los diversos organismos están preocupados por buscar un crecimiento económico sin calidad de vida, especulando dentro de sus reglamentos la creación de nuevas organizaciones especiales, sin solucionar problemas de la realidad, comprendiendo la calidad de vida con el PIB per cápita, sin evaluar las medidas de impacto ambiental y entender que ambos objetivos no son rivales, sino complementarios.
Para una mejor comprensión a escala regional, solo basta ingresar a la tabla de sesiones de COREMA en la Región de Aysén. Donde la mayoría de las reuniones tiene relación con la expansión de la industria salmonera. La misma que trajo el virus ISA y destruyo otros sectores productivos, que elevo por las nubes las cifras de la cesantía en la región y se apodera a pasos agigantados con la Ley que les permite privatizar el mar chileno.