Abogado del gobierno solicita retiro de Ley Antiterrorista en juicio oral en Cañete

En los alegatos de clausura de este miércoles, el abogado del gobierno, Guillermo Leyton, pidió la recalificación de los cargos de “delitos terroristas” a “delitos comunes”. De esta manera se retiró la invocación a la Ley Antiterrorista contra 14 de los 17 imputados,  cumpliendo el gobierno su promesa ante ex huelguistas. Fiscalía del Bio Bio persiste en la acusación.

Gentileza de AZKINTUWE

En los alegatos de clausura de este miércoles, el abogado del gobierno, Guillermo Leyton, pidió la recalificación de los cargos de “delitos terroristas” a “delitos comunes”, y de esta manera se retiró la invocación a la Ley Antiterrorista contra 14 de los 17  imputados. Cabe recordar que la fiscalía local formalizó a los comuneros por los supuestos delitos de asociación ilícita terrorista, incendio terrorista, robo con intimidación, asociación ilícita para el robo de madera y el atentado contra el fiscal Elgueta, perpetrado en Tirúa el 16 de octubre de 2008.

De esta manera, el abogado cumplió con la promesa que hizo el gobierno a los 38 presos mapuches que estuvieron en huelga de hambre durante 81 días, exigiendo que no se les aplique la Ley Antiterrorista. Leyton, abogado del Ministerio del Interior, afirmó que tiene la convicción de que efectivamente ocurrieron los hechos que se les imputan a los supuestos miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero “en ningún caso son de carácter terrorista”.

La Fiscalía del Biobío, por su parte, mantuvo la calificación de terrorista para los delitos.

Llaitul

El martes se desarrollaron los alegatos de clausura del fiscal Andrés Cruz, quien pide una pena de 102 años de cárcel para Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco. Según el fiscal, Llaitul es el líder de esta organización que pretendía “expulsar del sector de Lleulleu a todos los particulares no mapuches, a través de un violento proceso de reivindicación de tierras”.

Llaitul, de profesión asistente social, es sindicado como el “jefe militar de la CAM”, a juicio de Cruz responsable de la mayoría de los ataques incendiarios a predios que se han registrado en los últimos años en Tirúa y otros sectores de la región. La jornada estuvo además marcada por manifestaciones al exterior del tribunal exigiendo una real justicia para los comuneros.

Alegatos de la defensa

Este jueves 17 de febrero, se realizarán los alegatos de clausura de la defensa, donde los abogados Pablo Ortega, Pelayo Vial, Victoria Fariña y Juan Guzmán Tapia (ex juez) insistirán en que el fiscal Andrés Cruz no pudo probar ninguno de los delitos que se les imputan a Héctor Llaitul Carrillanca y los otros comuneros, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Según el ex juez Guzmán, defensor de Llaitul, la acusación contra el dirigente y supuesto organizador del ataque se basa  principalmente en dos testigos secretos que están confesos de diferentes delitos y que, por lo mismo, tienen poca credibilidad.

Guzmán afirma que las escuchas telefónicas presentadas en el juicio fueron “manipuladas y sacadas de contexto”. Insiste en que el fiscal Cruz no pudo situar a los acusados en el lugar en  que se cometió el ataque y que los mismos carabineros que testificaron en el juicio calificaron el hecho como un enfrentamiento y no una emboscada. Los defensores han alertado además de diversas irregularidades en el marco del prolongado proceso judicial. El Defensor Penal, Pelayo Vial, denunció que el Ministerio Público omitió mucha información en el juicio oral, cambiando el sentido de los hechos que se investigan respecto de la imputación contra los 17 comuneros.

“Hay que entender que la investigación la dirigió una de las personas que fue uno de los afectados. Uno de los policías que fue afectado continúa ligado a la investigación, eso evidentemente no es una situación regular. A ninguno de nosotros nos gustaría que pasara eso respecto de un hecho que ha acaecido en contra nuestra y eso va a quedar bastante claro después del alegato de clausura y va a explicar muchas de las cosas que ha presentado el Ministerio Público”, subrayó.

“En estos casos hay pruebas de cargo que son las que deben probar la efectividad de los delitos, la participación y demás circunstancias que rodean el hecho delictivo. Y la conclusión que hemos llegado es que el Ministerio Público no lo ha logrado acreditar mediante las pruebas que incorporó, ni la participación ni la relación circunstancial de los hechos. Por lo tanto, con las datos incorporados creemos que no se puede condenar a nadie, porque no hay certezas”, indicó por su parte la abogada defensora Victoria Fariña.

En cuanto a los incendios terroristas, los abogados dicen que esta acusación se basa en cuatro comuneros que denunciaron presiones indebidas de parte de carabineros y de la fiscalía para declarar contra su peñi, Ramón Llanquileo. “Los únicos testigos presentados fueron carabineros que declararon como testigos de oídas”, señalan los defensores. Acerca de las asociaciones ilícitas
y el robo de madera, los abogados aseguran que en la época en que se cometieron los delitos, “parte importante de los acusados no se encontraba en la zona”.

Por ejemplo, explican, Ramón Llanquileo se encontraba en el extranjero, Héctor LLaitul estaba preso, Jonathan Huillical estudiaba en el Liceo de Lonquimay y Luis Menares trabajaba en Temuko. “Obviamente, si la acusación se cae para algunos, se cae para todos”, expresan los defensores.

Sobre el robo con intimidación que sufrió el comunero Santos Jorquera, los abogados indican que esta acusación se basa en el testimonio de testigos secretos que reconocieron haber estado bebiendo alcohol en la chichera de Jorquera, cuando ocurrieron los hechos. “Además, uno de los que dice haber escuchado algo es sordo, el que dice haber visto algo es corto de vista”, aseguran.

El veredicto se conocería el próximo lunes en medio de la expectación internacional que ha despertado el juicio. Éste comenzó poco después de concluida la huelga de hambre de 81 días que realizaron Llaitul y otros 37 comuneros para exigir que no fueran juzgados por Ley Antiterrorista.