No había que ser Nostradamus

Se veía venir. Me refiero al despido de la abogada Paula Vial, Defensora Nacional desde la pasada administración Bachelet. Lo presentí por primera vez cuando defendió públicamente a Gabriela Blas, mujer aymara de 26 años condenada a 10 años de cárcel por la muerte de su hijo en el altiplano. Gabriela pastoreaba junto al pequeño Domingo, de 3 años, y lo dejó para ir a buscar en los alrededores dos llamas perdidas del rebaño. Domingo desapareció y solo fue encontrado dos años más tarde, sin vida en el desierto. Para el Ministerio Público la madre aymara tuvo una gravísima conducta criminal. Para la Defensora Nacional, sin embargo, se trataba solo de un lamentable accidente.

A juicio de Vial, el caso no distaba mucho de los cientos que cada año se registraban en Santiago con desenlace trágico y que en ningún caso eran perseguidos criminalmente por la justicia. Para la mujer aymara, argumentó, la pampa nortina era como el patio de su casa. Allí desarrollan a diario sus labores y allí, con sus particularidades culturales que pueden a uno gustarle o no, Gabriela se hacía cargo de la crianza de su hijo.

Puestos así los hechos, para Vial el caso de Domingo era homologable con cualquier niño del Barrio Alto ahogado tras caer en su propia piscina. ¿Cuántos padres de estos niños habían sido acusados de parricidio y abandono por el Ministerio Público? A saber, ninguno, dato que sin embargo y como ya sospecharán, a Fiscalía le importó un soberano pepino.

Sepan que antes de ser llevada a juicio y como si lo anterior no fuera poco, la joven madre aymara batió además un verdadero record Guinness: pasó más de 900 días consecutivos en “prisión preventiva”. Dicho en buen chileno, tras las rejas, pese a no existir una condena previa ni mucho menos haber sido llevada a juicio, como se estila normalmente en una democracia hecha y derecha. Todo ello pese a la solicitud de la Defensora Nacional de respetar los tribunales, la Ley Indígena y especialmente el Convenio 169 de la OIT, en particular su artículo 10, que mandata que cuando se impongan sanciones penales a miembros de pueblos indígenas, “deberán tenerse en cuenta sus características culturales”, dándose además preferencia a tipos de sanción “distintos del encarcelamiento”.

¿Convenio 169? Mis polainas, diría Homero Simpson. Nada de ello aconteció en el caso de Gabriela. ¿Por qué? ¿Racismo en el Chile miembro de la OCDE? “La pastora acusada de abandono es abandonada por la sociedad. La indiferencia de su historia ancestral, del peso de su raza la ha dejado expuesta a la discriminación más brutal y a la desventura de cargar con estigmas que la alejan irremediablemente de la comprensión de su historia de dolor”, se desahogó la abogada en su columna del The Clinic.

Su despido lo volví a presentir cuando salió valientemente al paso del Ministerio Público, rechazando la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista a comuneros mapuches que luchaban por sus tierras en Arauco. “Nadie está señalando que estos delitos no se investiguen y no sean sancionados, pero hay situaciones muy similares que se dan en otras circunstancias, que no son catalogados de esta manera”, señaló en 2010 a El Mostrador.

“El Ministerio Público aprovecha instrumentos o reglas que existen en nuestra legislación para hacer frente a circunstancias en que ellos no han podido entregar resultados de otra manera”, disparó a continuación resuelta y sin filtro, apuntando sus dardos directamente sobre uno de los mayores secretos a voces en los tribunales del sur.

Me refiero a la incompetencia supina de los jóvenes e inexpertos fiscales del Ministerio Público, más preocupados de los flashes de las cámaras y las posibles “becas mapuches” al extranjero (“una pasantía en el FBI pareciera ser hoy el ansiado
premio mayor de todos”, me confidencia una fuente), que a repasar de vez en cuando el bendito Código Penal. Y no me cabe la menor duda que sus recientes declaraciones tildando de “injusto” el juicio oral que condenó a los líderes mapuches de la CAM a un cuarto de siglo en prisión, constituyeron su lápida definitiva.

“En una democracia, un individuo debe ser capaz de enfrentar la acción penal del Estado en un pie de igualdad jurídica. ¿Es posible afirmar que estos ciudadanos enfrentaron con igualdad de armas al Estado? ¿Es posible afirmar que tuvieron un juicio justo?”, se preguntó la defensora en La Tercera. “Dead Woman Walking” se habría escuchado gritar en los pasillos
de La Moneda.

“Mi rol como defensora es ser una piedra en el zapato. Lo tengo claro. Y no me complica nada, porque va con mi personalidad. La única forma de hacer bien la pega es ser esa piedra en el zapato: aportar en el discurso contra corriente, catetear cuando hay excesos”, señaló a revista Paula en 2010. Una piedra en el zapato. Vaya que lo fue. Para las elites, para el gobierno y sobre todo para el Ministerio Público. Por eso le dijeron “hasta luego”. Y es que vivimos en el feudo de Eliodoro Matte y no precisamente en la democrática Finlandia. Se veía venir, estimada Paula. No había que ser Nostradamus.