Pastoral Mapuche: “En Chile no hay justicia si no se recurre a extremos como la huelga de hambre”

Un mes cumplió la huelga de hambre de los presos políticos mapuche condenados en el Tribunal de Cañete, los mismos que participaron también en el ayuno del año pasado. Distintos sectores criticaron al Estado y a los medios de comunicación tradicionales, los que una vez más vuelven a silenciar la dramática movilización.

Por Azkintuwe

Ya han transcurrido cuatro semanas desde que Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical iniciaron una huelga de hambre exigiendo que se realice un nuevo proceso judicial, que no se ampare en la Ley Antiterrorista, a diferencia del juicio que los condenó a 25 y 20 años de presidio efectivo por delitos asociados a la presunta participación en el atentado el fiscal Mario Elgueta el año 2008.

Los cuatro dirigentes participaron también de la extensa huelga de hambre de 2010, por lo que se encuentran en un delicado estado de salud y, a la fecha, ya han bajado en promedio la totalidad del peso que perdieron en la anterior movilización.

Frente a esto, el padre Fernando Díaz, de la Pastoral Indígena, organización religiosa que medió en el anterior conflicto, criticó la inactividad del Gobierno, que le delega a otras organizaciones la función de facilitar el diálogo y abrir paso a las soluciones:

“En Chile pareciera que no hay justicia si es que no se recurre a temas tan extremos como la huelga de hambre. Y lo peor es que, al final, termina interviniendo la Iglesia, dado que el Estado no está siendo capaz de responder adecuadamente a estos problemas. Eso nos parece grave, ya que lo que están demandando ellos tienen causas reales y fundadas para apelar a que hay vicios de fondo en el juicio. Y no hay ninguna respuesta del Estado, que omite, se silencia. Falta seriedad y respeto a los derechos básicos de las personas, una vez más”, cuestionó.

El religioso añadió que lo que les parece más grave es la debilidad de nuestra institucionalidad, que no opera sino hasta cuando intervienen otros organismos o son fuertemente presionados.

Esta intensa crítica fue compartida por el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, quien advirtió que el Estado chileno no ha comprendido la natural configuración de luchadores sociales de la etnia mapuche, con quienes ha adoptado una posición de castigo y persecución policial.

“Es una demostración del fracaso del Estado de derecho de Chile para resolver los problemas de los pueblos originarios. El fracaso de todos los chilenos por integrar a una comunidad respetuosa, solidaria, democrática, como se supone que lo fuéramos, a los pueblos originarios, concretamente al pueblo mapuche. El Estado de Chile no ha encontrado nada mejor que castigarlos, generando respecto de ellos una discriminación cultural muy alta, al señalarlos como terroristas”, indicó.

El abogado catalogó de “héroes” a los cuatro comuneros que se están sacrificando para que Chile comprenda sus deberes internacionales, respete los mecanismos a los que él mismo ha adscrito y avance en el reconocimiento de nuestros pueblos originarios y su autonomía.

Por su parte, el comunicador mapuche Sergio Millamán puso énfasis en el tratamiento que los principales medios de comunicación del país dan al denominado “conflicto mapuche”. Según indicó, nuevamente están acallando la huelga, como lo hicieron en 2010, cuando sólo se supo de la movilización a partir del día 40: “Los medios de comunicación masivos, la TV, solo se preocupan del pueblo mapuche y de sus movilizaciones cuando tienen la oportunidad de criminalizarlos, de inculparlos de supuestos delitos terroristas. Pero cuando tienen la oportunidad de dar a conocer las demandas de fondo y situaciones de injusticia que vive el pueblo mapuche, buscan censurar estas movilizaciones, acallar esta realidad, ocultarla. Lo que sin duda es un reflejo de la falta de democracia que hay en este país”, dijo.

Millamán emplazó a las autoridades a comenzar un real proceso de diálogo con los comuneros, donde se adopten compromisos que realmente tengan impacto en los temas fundamentales para el pueblo mapuche: el reconocimiento territorial, de sus derechos políticos y su capacidad de autodeterminación.

Premio Nobel

Entre las voces que se han alzado a favor de los presos mapuches se encuentra la del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien pidió a la Corte Suprema de Chile la anulación del citado proceso judicial. “Estos hermanos mapuche han debido soportar cárcel, malos tratos, abandono y sobre todo un juicio que no garantizaba el debido y justo proceso que respete sus derechos como ciudadanos y como integrantes de un pueblo originario”, señaló el Nobel en carta al presidente de la Corte chilena, Milton Juica.

Indicó el mensaje al máximo tribunal que la única culpa de los sentenciados es la de luchar por la defensa de su territorio y por ello fueron juzgados por una ley antiterrorista, se utilizaron testigos secretos, doble procesamiento judicial y hubo una ausencia total de garantías constitucionales. Por ese motivo el Nobel de la Paz (1980) explicó su determinación de adherirse al llamado de los familiares de los condenados de pedido de anulación del denominado juicio de Cañete, comuna de la sureña región del Bío Bío, y a la solicitud de realización de un nuevo proceso con un tribunal imparcial y sin aplicación de la ley antiterrorista.

“La lucha de los mapuche es respetada y conocida en todo el mundo”, enfatizó en el cierre de su misiva Pérez Esquivel. Hasta el momento más de 500 firmantes, entre organizaciones y personalidades, se han sumado al citado documento dirigido a las autoridades judiciales chilenas a favor de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). En carta desde la prisión los comuneros subrayaron que aunque en el fallo del tribunal no se utilizó la ley antiterrorista como prometió el Gobierno, a lo largo del juicio sí se apeló a los procedimientos contemplados en el criticado instrumento jurídico que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Si bien en la sentencia no se aplicó la ley antiterrorista, para la tipificación de los delitos sí se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que sólo la cuestionada norma permite como medio de prueba”, expresó Héctor Llaitul y sus compañeros de ayuno.