El denominado “caso bombas” se refiere a la colocación desde el año 2006 de más de 160 artefactos explosivos artesanales frente a empresas, iglesias, bancos y edificios públicos, que causaron varios heridos leves y un fallecido: un joven anarquista muerto en 2009 al estallar la bomba que transportaba en una mochila una noche en el centro de la capital.

Según fuentes judiciales, en la primera jornada de preparación del juicio oral, que durará dos semanas, la Fiscalía Sur solicitó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago prescindir de miles de las 6.744 pruebas recabadas durante la investigación.

“Las pruebas son muy débiles y la acusación bastante inconsistente”, señaló el abogado defensor Mauricio Daza, quien criticó el carácter “absurdo” del 90 por ciento de las pruebas, que van desde la posesión de libros como “El arte de la guerra” de Sun Tzu, hasta un póster del cantante Axel Rose.

Paralelamente a la preparación del juicio oral, este lunes se constituyó una mesa de diálogo para tratar el asunto en la que participan familiares de los imputados, un obispo católico y diputados de varios partidos, tanto oficialistas como de la oposición.

Un portavoz de este organismo anunció al termino de la reunión que presentarán un oficio de fiscalización al ministerio público por la posible pérdida de evidencias durante la investigación.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, miembro de la mesa de diálogo y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, explicó a los periodistas que han recibido información de que hubo pruebas que fueron destruidas.

Acompañado de otros parlamentarios opositores, Jiménez presentó este lunes en el palacio de La Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, que solicita el “esclarecimiento pronto, rápido y urgente del llamado ‘caso bombas'”.

Durante mucho tiempo la investigación de estos hechos estuvo a cargo de Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero fue cesado en su cargo en junio de 2010, a los pocos días de que estallara un artefacto en las cercanías del domicilio del presidente de la República, Sebastián Piñera.

Su puesto lo ocupó Alejandro Peña, de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien a menos de dos meses de asumir el cargo ordenó la detención de 14 presuntos implicados, durante espectaculares operativos realizados en Santiago y Valparaiso, donde fueron allanadas casas de “okupas” y domicilios particulares.

Entre los detenidos se encontraban Pablo Morales y Rodolfo Retamales, militantes del grupo ultraizquierdista Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Lautaro, que luchó contra la dictadura militar.

Morales y Retamales cumplieron doce años de condena por atentados terroristas, incluidos homicidios de policías cometidos a comienzos de los 90, ya en democracia.

El pasado 4 de abril el fiscal Luis Peña solicitó cadena perpetua para ambos imputados, procesados por pertenecer a una asociación ilícita terrorista a la que el ministerio público atribuye la colocación de una veintena de bombas. Dos días después, Peña renunció a su cargo para asumir un puesto de confianza en el Ministerio del Interior.

Según Mauricio Daza, abogado de Morales, el fiscal Xavier Armendáriz llevó a cabo una investigación “adecuada” del “caso bombas”, a diferencia de lo que hizo su sucesor, “que no realizó ninguna diligencia nueva”.

El “abrupto” cese de Armendariz llevado a cabo por el fiscal nacional, Sabas Chauhán, tuvo como finalidad dar a la opinión pública una señal acorde con el discurso de “seguridad ciudadana” con el que Sebastián Piñera ganó la presidencia de la República, sostiene Daza.

Desde agosto del año pasado, cuando se produjeron las detenciones, hasta la fecha, la Corte de Apelaciones de Santiago ha revocado la prisión preventiva de ocho de los detenidos, incluyendo la de Morales, en tanto que los restante inculpados quedaron en libertad provisional o bajo arresto domiciliario.

Los acusados mantuvieron durante 65 días una huelga de hambre que concluyó el pasado 26 de abril, cuando depusieron su actitud a cambio de la mesa de diálogo que hoy quedó constituida.

La huelga de hambre exigía la no aplicación en este caso de la cuestionada ley antiterrorista, que permite que un fiscal impute a cualquier ciudadano delitos de asociación terrorista apoyándose en testigos “sin rostro”.