Un total de $30 millones deberá pagar el Fisco como indemnización al abogado Pablo Ortega Manosalva, quien denunció en 2002 haber sido objeto de interceptaciones telefónicas ilegales por parte del Ministerio Público mientras ejercía la defensa de imputados de origen mapuche.

En un fallo unánime los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema Héctor Carreño, Pedro Pierry, Haroldo Brito, Roberto Jacob y el abogado integrante Jorge Lagos, determinaron la responsabilidad del Estado por la acción ilícita de los fiscales de Temuco que realizaron la acción.

El fallo establece un actuar irregular del órgano persecutor penal al solicitar las escuchas sin dar cuenta al Tribunal de Garantía que se trataba de un abogado que defendía a inculpados por asociación ilícita.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2002, cuando el ente investigador solicitó a la justicia la interceptación telefónica del aparato del abogado demandante, dando cuenta que se trataba de un “asesor jurídico” de los imputados de una causa por asociación ilícita y no su abogado legal.

“Que en este orden de ideas, habiendo ocultado los fiscales al juzgador el vínculo exacto que ligaba al afectado con la medida intrusiva y los imputados, violó los límites fijados por el legislador que permiten salvaguardar la licitud de una actividad investigativa aun cuando pugne con garantías inconstitucionales”.