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Poder

30 de Julio de 2011

Lo que le espera a Lavín en Mideplan

Un proyecto para crear el ministerio de Desarrollo Social que espera hace más de un año en el Congreso; una nueva ley de discapacidad que no puede implementarse porque a ocho meses del plazo todavía no se dictan sus reglamentos; eliminación de políticas de género y un montón de funcionarios decepcionados con la gestión. Este es el panorama de los primeros días de Lavín en Mideplan.

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Los funcionarios de los servicios relacionados y afines al Mideplan -que incluye a Fosis, Conadi, Senadis, Injuv y Sernam- están indignados con la gestión del ex ministro Kast. Creyeron que con el nuevo gobierno los aspectos administrativos iban a mejorar, pero alegan que nada de eso ha ocurrido. Y a Lavín no se le viene fácil.

-En los servicios está todo lo administrativo desatado, desorganizado y desarmado -dice José Oda, presidente de la Federación que agrupa a los funcionarios de estos servicios, Fenamías.

Sus quejas apuntan a la precariedad en que se encuentran los trabajadores de la repartición que, con la llegada del nuevo gobierno, vieron disminuida la planta en 400 funcionarios bajo la excusa de perdida de plata en gastos asociados.
Sin embargo, afirma Oda, en la actualidad está contratada casi la misma cantidad de gente pero con sueldos más altos y, en lugar de los despedidos, hay nuevo personal contratado sin pasar por concurso público, o pasando por algunos hechos a medida de sastre, sin considerar la formación de los recién llegados.

-Es impresionante ver cómo llegan autoridades que no conocen las calles de Santiago y difícilmente tienen cómo saber lo que pasa en poblaciones, más allá de haber ido a una visita a hacer una mejora en alguna población.

Oda asegura que como asociación les interesa asegurar las condiciones laborales de los trabajadores del ministerio porque tienen una diferencia con los del sector privado: un ideal, una misión que pretenden desarrollar desde el servicio público. Y eso se vería afectado por los cambios que están ocurriendo en términos de definición de políticas.

Un ejemplo: la administración anterior dejó elaborado un plan de igualdad de oportunidades en el Sernam. Según Oda, ese plan no fue tomado en cuenta por las nuevas autoridades. Plantearon que iban a hacer su propio plan y hasta el momento no hay nada claro.

-Esos planes son instrumentos de política pública que permiten influir en el Estado de manera transversal para poder instalar la variable que se quiere instalar. En este caso, el tema de género.

Otro ejemplo: en febrero de 2010 se publicó la nueva ley de discapacidad. Hasta noviembre de ese año corría el plazo para dictar la decena de reglamentos que permiten la implementación de esa ley pero, a la fecha, sólo se han publicado dos de ellos.

El ministerio estrella
En el camino otras cosas fueron eliminadas en Mideplan. Uno de los puntos principales que preocupa a los funcionarios de Fenamías es que se suprimieron los ítems de evaluación de programas en el ministerio. Es decir, que todas las instancias que tenían los ciudadanos beneficiarios para evaluar y participar en la elaboración de los programas ya no existen.

Según asegura Oda, la participación viene siendo hace años un eje fundamental en la búsqueda de desarrollo ciudadano en las personas con las que estos programas trabajan. Eliminando este concepto, entonces, el asunto se transforma en que en realidad “eres pobre y tienes que esperar a que te llegue un cierto subsidio”, dice Oda.

Junto con esos programas de participación, también volaron los programas de formación de funcionarios del ministerio para aprender a evaluar. Con esto, se dejó fuera la discusión sobre género, territorio o participación. Y según Oda, sólo queda dentro la preocupación por certificar la pobreza y la extrema pobreza.

-Los programas de participación fueron eliminados para centrarse solamente en el tema de superación de la pobreza. Vemos que en las políticas sociales está empezando a predominar un enfoque más economicista, o sea, que la pobreza se soluciona con ingresos- sostiene.

Más de un año lleva en tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social. Un proyecto “estrella” del gobierno, que cuando fue presentado al Congreso tenía varios vacíos. Según Oda, a la fecha se le han agregado puntos que lo hacen más viable, pero persisten las deficiencias.

-Había un artículo que dejaba a disposición del Presidente rediseñar nuestros servicios- plantea Oda.

Aunque lograron que ese artículo transitorio saliera en la Cámara, sigue sin estar clara la dependencia de los servicios.
-El Congreso debiera aprovechar de revisar la situación de los servicios del Mideplan, que son de una fragilidad enorme. Queremos una comisión dentro del ministerio que facilite la participación de la ciudadanía- concluye Oda.

En febrero de 2010 se publicó la nueva ley de discapacidad. Hasta noviembre de ese año corría el plazo para dictar la decena de reglamentos que permiten la implementación de esa ley. A la fecha, sólo se han publicado dos.


Los nuevos conflictos de interés

Si hay un relato claro en este gobierno, ese tendría que ser el de los conflictos de interés, tanto del Presidente como de sus ministros. Muchos de ellos o tienen parientes trabajando en sectores donde ahora les toca decidir, o han participado en el sector privado en áreas de las que ahora se hacen cargo. El último cambio de gabinete no es la excepción.

El aluminio y Echeverría
En el 2003 la empresa canadiense Noranda suspendió el proyecto Alumysa en la zona de Aysén. Alumysa, en el papel, prometía convertirse en uno de los complejos de producción de aluminio más importantes del mundo. Su construcción no sólo comprendía una planta reductora de aluminio, sino que también un complejo hidroeléctrico con centrales en el Lago Cóndor, en el Río Cuervo y en el Río Blanco.

También necesitaba de la construcción de un puerto, caminos de acceso y de líneas de transmisión eléctrica. Una temenda intervención al medio ambiente de la zona. Tal como pasó con HidroAysén, el proyecto generó divisiones a favor y en contra. A favor estaba el actual ministro de Energía Fernando Echeverría, que en su calidad de presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), le entusiasmó la idea de que Noranda iba a gastar US$ 900 millones en infraestructura.

Tanto empeño le puso al proyecto para que se aprobara que dijo que Alumysa no dañaba el medio ambiente, y a través de Felipe Morandé, ex gerente de estudio de la CChC y ex ministro de Transportes, hizo ver que de aprobarse el proyecto el ingreso per cápita de la XI Región aumentaría de US$ 3.900 a US$ 6.550. Finalmente Noranda suspendió Alumysa argumentando falta de estabilidad en las reglas del juego. Sin embargo, la inminente aprobación de HidroAysén, caso en el que Etcheverría tendrá un papel protagónico luego del mandato presidencial de duplicar la matriz energética, han hecho reflotar la idea de que Alumysa podría volver a construirse. Esto, porque tendría gran parte del camino despejado para concretar su proyecto.

El hermano de Solminihac

Patricio de Solminihac es subgerente general de la productora de litio SQM. También es hermano del recién asumido ministro de Minería Hernán de Solminihac. Un cargo y un parentesco que, a modo de chiste repetido, nuevamente pone a un ministro en la mesa de los conflictos de interés. Sobre el tema, el recién asumido ministro ha dicho: “sé enfrentar con mucha transparencia mi trabajo y así se va a hacer en este caso. En cada momento me abstendré mientras sea oportuno”.

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