“No podrían estar en contra de nuestras demandas. Eso sería una contradicción”. Eso dice Patricio Lagos, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos y miembro de la mesa ejecutiva de la Confech, sobre la posición que esperan se asuma en el Consejo de Rectores esta semana. Todo para llegar a un acuerdo y enfrentar de manera común los ofrecimientos del gobierno.

Algo de eso hubo la semana pasada. En una reunión donde participaron algunos miembros de la Confech y el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), se hizo un análisis al presupuesto 2012 para Educación Superior, el Fondo de Educación impulsado por el actual gobierno (FE) y la situación de los planteles tomados.

De la reunión, los rectores del Cuech acordaron que el presupuesto para el próximo año era “lamentable”, que no consideraba incrementos estables de recursos para aportes basales a los planteles y que, peor aún, la supuesta preocupación por la educación superior pública señalada en los discursos del gobierno no se condicen con la realidad de este proyecto de ley de presupuestos 2012.

“El proyecto de ley de presupuesto profundiza la mercantilización y privatización del sistema a través de mecanismos de financiamiento competitivo, dirigido principalmente a la demanda, y a soportar un sistema de créditos que continuará traspasando recursos a la banca privada y no a las instituciones de educación superior, ni mucho menos a los estudiantes”, dice el documento.

Incluso plantean que se mantienen “legítimas dudas respecto a la visión del Ejecutivo respecto del futuro de las universidades públicas”, lo que según ellos se sustenta en la apertura de recursos y ayudas estudiantiles “sin control a las instituciones de educación superior privadas, sin considerar su calidad ni su cumplimento efectivo de fin de lucro, ni mucho menos asegurar una efectiva rendición de cuentas”.

Vuelta a clases: la piedra de tope

Aún con el documento que crítica duramente el proyecto de presupuesto 2012 del gobierno y que condena la bipolaridad entre los discursos y los hechos del actual gobierno frente al problema de financimiento en las universidades, rectores y universitarios topan en la vuelta a clases.

Mientras los primeros insisten en recuperar los espacios de la comunidad universitaria y llaman a seguir movilizados compatibilizando la normalización de clases, los alumnos no están dispuestos a bajar tomas o paros.

De hecho, es el gran tema que los separa de un punto de acuerdo porque los universitarios consideran que de alguna manera, los rectores se han “bajado los pantalones” con algunas medidas del gobierno, por un lado condenando el condicionamiento a la entrega de becas pero por otro autorizando desalojos e insistiendo en la vuelta a clases, sobre todo para este segundo semestre.

“La necesidad de su apoyo radica en que nosotros sentimos que los rectores son figuras importantísimas del sistema educativo y tienen que estar en nuestra vereda. Han estado en una posición políticamente correcta, sumisos ante las imposiciones del gobierno, y queremos que de una vez se pongan los pantalones y apoyen las demandas que exigen cambios estructurales para cambiar la situación actual de sus planteles”, dice Laura Palma, presidenta de la Feuls.

Según Palma, la conversación con los rectores se ha pateado por casi cinco semanas y aunque esta semana -después del paro, es decir, jueves o viernes- podría concretarse esa reunión, no sabe si las críticas al presupuesto que se hicieron la semana pasada apuren necesariamente el encuentro. Y descarta de cuajo, al igual que Contreras y otros miembros del Confech, una posible vuelta a clases.

G-9

A la espera de la llamada que confirme la reunión con las máximas autoridades académicas, la aparición de un nuevo referente al interior del Cruch también ha hecho ruido en los planteles. Comunicada en una reunión de los rectores en julio de este año, durante el transcurso de las movilizaciones estudiantiles, se concretó a fines de la semana pasada la Asociación de Universidades Tradicionales no Estatales.

Esa entidad, que reúne a nueve universidades en total, lideradas por la Universidad Católica, se constitutó e inmediatamente hizo un llamado a generar un nuevo diálogo entre el gobierno y los estudiantes, poniendo acento en las ayudas estudiantiles a los alumnos más vulnerables y en el apoyo a las universidades que contribuyen con investigación y docendia de calidad a los planteles.

Eso, sin embargo, contrastado con un documento elaborado por la Católica de Valparaíso, que demuestra que los aportes directos a las universidades no aumentan el próximo año. Un tema complejo para las universidades, pero que sin embargo aún no despierta críticas veladas contra el gobierno.

Según los estudiantes, esto se debe a que los rectores son también funcionarios públicos que no se pueden supeditar a las demandas estudiantiles, aunque las compartan. “A muchos de ellos sólo les interesa la sustentabilidad económica de las universidades durante sus períodos y no estamos seguros de que quieran efectivamente ‘quemarse’ por cambios de fondo, que aseguren cambios a largo plazo y que vayan directamente a frenar el alza de los aranceles, en desmedro de nueva infraestructura u otras partidas”, dice Palma.

Con todo, esta semana se sabrá cuál es la posición final de los rectores. Con el desmenuzamiento del presupuesto “histórico” de 2012 sobre la mesa y las críticas a la bipolaridad del gobierno, la Confech espera el apoyo irrestricto que durante cinco meses no ha recibido de los rectores. Un espaldarazo que formaría un bloque universitario completo para exigir los cambios que los estudiantes han planteado y que las autoridades académicas dicen compartir.