Baltasar Garzón llega al Tribunal Supremo, donde se desarrolla la audiencia pública en su contra, y la sala estalla en aplausos. El acusado de socavar los pilares básicos del Estado de Derecho es ovacionado en el estrado. El juez, famoso por juzgar a Augusto Pinochet y provocar la detención del dictador en Londres, enfrenta cargos por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

Garzón es acusado de ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados varios imputados del conocido como “caso Gürtel”, que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular.

Al poco de comenzar la sesión, el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, volvió a pedir la recusación de dos de los magistrados que le juzgan, así como que se de a Garzón la posibilidad de recurrir en caso de una eventual condena, algo que se le niega al ser juzgado por el Tribunal Supremo, que ya es la más alta instancia.

La defensa también pidió que tenga lugar en la sala una audición de las grabaciones que se practicaron en la prisión por orden de Garzón, por las que es juzgado a pesar de que la Fiscalía no acusa.

Después de una hora de receso, en el que el tribunal debatió sobre las peticiones de la defensa, se anunció que quedaba rechazada la recusación de los dos jueces, mientras que se admitió que se escuchen “a puerta cerrada” algunas de las grabaciones hechas a los imputados con sus abogados.

Ante la sede del Tribunal, decenas de simpatizantes de la Plataforma “Solidarios con Garzón”, que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, se manifestaban para denunciar la “persecución política” del magistrado.

El grupo de simpatizantes, encabezado por la actriz Pilar Bardem y el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, portaba una gran pancarta en la que se podía leer “Contra la inmunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo”.

La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el “caso Gürtel”, y la defensa del que es considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, pide diecisiete años de inhabilitación para el magistrado.

La Fiscalía reclama la absolución de Garzón, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan.

Garzón siempre ha mantenido que las escuchas eran la “única vía” para evitar que los cabecillas de la red “Gürtel” ocultaran las pruebas o los fondos que manejaban, aunque sus argumentos no consiguieron convencer al instructor, que además le denegó la mayoría de las pruebas que había solicitado.

El “caso Gürtel” investiga una trama corrupta, liderada por Francisco Correa, quien supuestamente creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de las regiones de Madrid y Valencia (ambas gobernadas por el PP).