Presentación de Agosín a Contraloría revela cuestionamientos de participación de profesores y estudiantes en movilizaciones

La semana pasada la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) calificó como “tendenciosa” una nota publicada por The Clinic Online, que daba cuenta de un dictamen de la Contraloría que autorizaba al decano Manuel Agosín a sumariar -y en algunos casos destituir- a profesores y estudiantes si apoyaban al movimiento estudiantil. Dicho documento en respuesta al que envió el Decano al organismo que dirige Ramiro Mendoza para un pronunciamiento respecto a las marchas, paros y movilizaciones.

El pronunciamiento del organismo fiscalizador fue precisamente solicitado por Agosín de “motu proprio”, sin que nadie lo obligara, aunque el comunicado de la casa de estudios señalaba que nunca ha tenido el ánimo de sumariar ni castigar a nadie.

Pese a esa advertencia, la presentación que hizo Agosín ante la entidad revisora -hasta ahora desconocida- revela una visión muy distinta a la entregada por la FEN a través del comunicado y deja clara la mirada que Agosín tiene del movimiento estudiantil y de quiénes buscan apoyarlo.

Una copia íntegra de esa presentación fue obtenida por The Clinic Online y en ella se contiene la postura de Agosín sobre los estudiantes y profesores que apoyan la causa de la educación gratuita.

Uso ilegítimo de la fuerza

En el primer párrafo de la presentación, fechado el 1 de diciembre de 2011, Agosín es claro al apuntar a la ilegalidad de las movilizaciones y solicitar a la Contraloría cuáles son las facultades con las que cuenta para adoptar medidas.

“Por lo tanto es dable cuestionar si resulta adecuado para la buena marcha de esta institución permitir comportamientos que puedan resultar opuestos a los deberes disciplinarios que tienen los estudiantes”.

A renglón seguido Agosín reconoce, oblicuamente, la legitimidad que tienen profesores y estudiantes para manifestar sus opiniones, pero con importantes reparos: “Sin embargo, el ejercicio de ellas tiene fronteras y limites…”. Y si un profesor se ausenta por más de tres días de su puesto injustificadamente -es decir si apoya las movilizaciones- ello “conlleva la medida disciplinaria de destitución” ya que a su juicio contraviene la ley.

Por lo anterior, escribió Agosín, los maestros están obligados a cumplir su jornada, salvo hechos fortuitos o de fuerza mayor, “entre los cuales no se cuenta la participación en huelgas, interrupción o paralización ilegal de actividades”.

En otro punto, según el propio documento, Agosín cuestiona el mecanismo interno de los estudiantes para la toma de decisiones: “Exigir a las autoridades la paralización de una Facultad, respaldándose en votos de los propios estudiantes constituiría un uso ilegítimo de la fuerza como medio para alcanzar los objetivos de cualquier movimiento estudiantil, por muy noble que sea su causa”.

Y agrega en otro párrafo: “En otras palabras, entendemos que no es lícito que un grupo de estudiantes impida que otros estudiantes reciban la educación en la carrera elegida y que desean seguir recibiéndola”, se lee en el documento de tres páginas firmado por Agosín.

Agosín cierra el documento con la siguiente frase:

“Por último, en vista de las múltiples tomas que hemos presenciado en el curso del año 2011, tanto en establecimientos universitarios como de la educación media, entendemos que ellas son ilegales, en cuanto impiden que personas que laboran o estudian en ellas, tengan acceso a sus lugares de trabajo o estudios”.