Con arraigo nacional por el tiempo que dure la investigación, desestimando la prisión preventiva y la firma mensual, dejó el juez Daniel Urrutia a los ocho imputados por el caso 27/F esta tarde. Después de cuatro días de audiencia, en los que las partes mostraron parte de las evidencias para determinar si hay o no responsabilidad en las autoridades en las muertes provocadas por el tsunami posterior al terremoto 8.8 de la madrugada del 27 de febrero de 2010. Durante esos siete meses que dure la investigación, la indagatoria del caso prohíbe a los ocho imputados salir del país.

La medida fue bien recibida por ambas partes, quienes señalaron que les parecían adecuados los siete meses de investigación, aunque las partes habían pedido entre ocho y seis meses. De esta forma, las pruebas se podrían presentar durante el verano de 2013 y el juicio podría iniciarse recién en marzo del próximo año. De todas formas, uno de los abogados querellantes explicó que no será fácil probar el vínculo entre los imputados y las 156 muertes, según ellos provocadas por la descordinación entre la Onemi, el Shoa y el gobierno central.

Entre los imputados figuran el otrora subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Carmen Fernández. Además los nombres del ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Mariano Rojas; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; el otrora asesor Osvaldo Malfanti; el ex asesor del entonces director del SHOA, Andrés Enríquez Olavarría; el ex jefe de turno del SHOA al momento de la catástrofe, Mario Andina; y el ex jefe del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda.