A pesar de tener un conflicto al rojo en las últimas semanas, después que su ex rector renunciara denunciando el retiro de utilidades por su directorio en desmedro del pago de imposiciones que deben desde el año pasado a sus profesores, la Universidad del Mar tiene a otros nueve planteles de educación superior privados ingresando más dinero a sus arcas.

Eso, porque según un estudio del Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Cefech, al polémico plantel que actualmente investiga la PDI ingresan 83,9 millones de dólares al año, menos del 7% de lo que ganan sólo por concepto de docencia de pregrado todas las universidades privadas del país.

Un top ten que integra la mayoría de los planteles privados con más matrícula del sistema, que educan a la gran masa de estudiantes de clase media de primera generación en aulas universitarias, precisamente los más afectados con los sistemas de créditos para pagar sus estudios superiores y que no necesariamente ven retribuida la inversión una vez que ingresan al campo laboral.

La lista es la siguiente:

1.- Universidad Andrés Bello
2.- Universidad San Sebastián
3.- Universidad de Las Américas
4.- Universidad Santo Tomás
5.- Universidad del Desarrollo
6.- Universidad Mayor
7.- Universidad Inacap
8.- Universidad Diego Portales
9.- Universidad Autónoma
10.- Universidad del Mar

Dos Costanera Center

La lista, generada por el equipo de investigación del Cefech, que trabaja con asesoría de la premio nacional de Periodismo 2010 y autora del libro “El negocio de las universidades en Chile”, María Olivia Monckeberg, la lidera la Universidad Andrés Bello con US$ 247 millones de ingreso por docencia en pregrado anual, la Universidad San Sebastián con US$150 millones y la Universidad de Las Américas con US$133 millones.

Eso, sin contar la venta de servicios, titulaciones, diplomados, magíster, postítulos y otros negocios a los que pueden acceder sin la fiscalización de nadie. Un monto global que suma más de 1.764 millones de dólares y que representa un 55,85% del total esperado de todas las universidades chilenas.

En términos más prácticos una suma similar a lo que recaudó el impuesto a los combustibles en el año 2010, un poco menos de lo que costaría construir dos Costanera Center o peor aún: 700 millones más que lo que podría recibir a todo reventar el gobierno con su proyecto de reforma tributaria.

Una cifra más escandalosa todavía si se toma en cuenta que de los 3.160 millones de dólares que ingresan por esta vía a las universidades anualmente -total para universidades tradicionales, no tradicionales, selectivas (por puntaje PSU) y no selectivas- y que se paga en un 80% desde el bolsillo de las familias chilenas, corresponde al 168% del total que pondrá el Estado en 2012 por presupuesto para toda la educación superior (Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales).

Un círculo perverso que a juicio del equipo de la Cefech sólo se “aterriza” con los precios de las universidades tradicionales, sin dejar de permitir que los planteles creados después de 1981 -post constitución de Pinochet- hagan lo que estimen conveniente.

“No es el caso de todas, pero la mayoría son universidades que no investigan, no generan ninguna retribución importante a la sociedad, tienen las tasas más altas de deserción y subempleo y son las con peores cifras de inserción laboral e ingreso de sus egresados”, dice Pablo Soto, director del Cefech.

Según los investigadores, todos sociólogos de la Universidad de Chile, el sistema genera una reprecarización de las familias que aspiran a un título profesional para obtener mejor remuneraciones, pero eso se termina convirtiendo en una credencial que no significa mejores sueldos para esos alumnos.

Eso es parte de la nueva etapa de la investigación del Cefech, sustentada en estudios de los grandes expertos del modelo actual como José Joaquín Brunner y el mismo Harald Beyer, por el cual cuentan con el aporte de la Fundación Heinrich Böll para ese trabajo sin la presión que otros investigadores tienen encima y no realizan por sus relaciones con los grupos de interés.

Una investigación que parte para estas universidades y que a pesar de haber estado en las sombras de la fiscalización por más de 20 años, influye directamente en la sociedad “y que afecta hasta en cuánto sube el precio del pan. Cuando se hace el IPC esto tironea el gasto y explica el 40% de esa alza. Y hasta ahora no sabíamos nada”, dicen.