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Nacional

19 de Junio de 2012

Parlamentarios de derecha presentaron informe de tres páginas a comisión del lucro y luego lo retiraron

Los parlamentarios oficialistas que rechazaron el informe de la comisión investigadora entregaron un escuálido documento de tres páginas como su aporte en la investigación. Según el parlamentario DC Samuel Venegas, sus colegas luego de entregar dicho documento, lo retiraron porque los "avergonzó". En el texto, donde teorizan sobre lo positivo de pertenecer a la OCDE, no hacen alusión en ninguna parte al lucro, que era la razón por la que estaban sentados ahí.

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Siete meses duró el trabajo de la comisión investigadora que buscaba probar o descartar la existencia del lucro en la educación superior. Una pega de la que, al perder en votación por siete votos contra seis los diputados Gustavo Hasbún, Romilio Gutiérrez, Gonzalo Arenas, Manuel Rojas de la UDI, y Nicolás Monckeberg y Germán Becker de RN, retiraron su acuerdo de minoría del informe final y se restaron de participar en su presentación.

Sin embargo, en esa oportunidad, el también integrante de la comisión, el DC Mario Venegas, dejó en evidencia el “aporte” que hicieron los diputados antes nombrados para esta comisión: un documento de tres páginas que al final “los avergonzó” y motivó su retiro del documento final.

El texto, que en ningún momento hace alusión al lucro o a las universidades que se detectaron estarían descaradamente lucrando con la educación superior, dice que Chile presenta niveles de cobertura que se acercan al promedio de los países de la OCDE, aspecto “positivo pues abre oportunidades de movilidad social para las personas, especialmente para los jóvenes que provienen de las familias vulnerables o que nunca habían tenido la posibilidad de tener un profesional entre sus miembros”.

“Una mejora cultural, de ingresos y en definitiva en la calidad de vida los chilenos”, señala el documento, que además dice que ante el aumento de cobertura y de fundación de planteles educativos, a lo largo de estos años y en virtud del marco legal existente, “han establecido una serie de mecanismos y sistemas jurídicos sobre los cuales han podido contratar y efectuar diversas prestaciones de servicios con miras a ejecutar su proyecto educativo”.

El documento dice que ante esta situación el rápido crecimiento de estas instituciones “ha provocado nuevas situaciones que no estaban previstas al originarse el sistema. De esta forma se constata la existencia de espacios o vacíos legales, que han dado pie a ciertas acciones que si bien, no se encuentran impedidas ni sancionados por la ley, se alejan considerablemente del espíritu que rige la creación de universidades. Siendo necesario establecer una pronta regulación de ellas”.

Sin mencionar la palabra lucro ni en las cómicas, el texto dice que se pudo constatar áreas poco reguladas “en todos los sectores de la educación superior pública y privada” y que “a los problemas que surgen a partir de la obtención de ganancias a través de transacciones con partes relacionadas, se suman la constatación de problemas por la falta de normas que incentiven la transparencia y eficiencia de las instituciones de educación superior, lo que propicia espacios para la discrecionalidad y el ocultamiento de información”.

El trabajo de la comisión, motivado en gran medida por las demandas estudiantiles del año pasado y que terminó concluyendo que sí se puede probar un financiamiento ilícito en esas instituciones, determinó sospechas fundadas por compra y venta de universidades en el caso de la U. de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás y Uniacc, además de la existencia de sociedades espejos el informe mencionó a las Universidad del Desarrollo y U. del Mar.

Acá el aporte:

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