La “Ley Lafkenche” y el racismo

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El jueves 16 de agosto, en su sección Economía y Negocios, el diario El Mercurio publicó una nota periodística titulada “Ley Lafkenche mantiene paralizados 475 proyectos de inversión”, la cual también se incluyó como titular de portada del mismo cuerpo. La nota presenta y refuerza la imagen de que la citada ley y las comunidades Mapuche Lafkenche, que través de ella intentan ejercer sus derechos ancestrales, no sólo entorpecen proyectos de inversión y “desarrollo” sino el de otras comunidades del borde costero como son los pescadores artesanales.

Cuando se habla de “desarrollo”, lo que en verdad se está implicando y a la vez justificando es el sistema de descarga de desechos tóxicos al mar que proyecta construir Celulosa Arauco en la Bahía de Mehuín, Región de los Ríos. Una vez más así, se reafirma, con respecto a esta problemática, la línea de publicaciones previas en el mismo medio y en sus sucursales regionales, en otros medios de control e influencia empresarial, así como en declaraciones que autoridades de Gobierno han realizado sobre la materia, como Juan Andrés Varas, actual Intendente de la Región de Los Ríos.

En la nota de El Mercurio, no se hace ninguna mención a que la citada Ley Lafkenche (20.249), en vigencia desde febrero de 2008, fue creada “desde abajo” y, posteriormente, concebida de manera co-participativa entre comunidades y profesionales, en diálogo con autoridades políticas de los bloques de la Concertación y la Alianza, quienes formalmente respaldaron la iniciativa. En este escrito, no hay ninguna palabra al hecho de que entre quienes votaron a favor la citada ley se encuentren autoridades del actual Gobierno, como Pablo Longueira, actual Ministro de Economía. Tampoco, en esta nota, se da cuenta del hecho de que las demoras en las tramitaciones establecidas para que las Asociaciones de Comunidades opten a regularizar sus derechos al espacio marino, obedecen a la lentitud burocrática con que han operado organismos como SUBPESCA, o que la creación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), puede permitir marcar un precedente en la administración sustentable del borde costero, y para nada excluye a otros actores como los pescadores artesanales sino que más bien los integra.

Este artículo, no dice ninguna palabra sobre las trabas burocráticas que se han generado en todo el proceso de tramitación de solicitudes de ECMPO, a los “recortes” que Subsecretaría de Pesca ha realizado a los espacios solicitados por Asociaciones de Comunidades Indígenas, pasando así por alto el “espíritu de la ley”, como lo es el reconocimiento del uso consuetudinario, problema que los dirigentes Lafkenche han expuesto reiteradas veces. Ninguna palabra encontramos en esta nota sobre las solicitudes que hace más de tres años vienen haciendo las comunidades para dialogar con las autoridades de turno, las cartas sin respuesta –al parecer la ley de transparencia no aplica para los mapuche- para agilizar la tramitación de solicitudes, menos aún de los compromisos no cumplidos por parte del gobierno anterior y actual en cuanto a concretar una reunión conjunta entre organismos de Estado competentes en la aplicación de la ley, y las comunidades mapuche lafkenche, para evitar así cualquier conflicto vinculado al borde costero.

El mensaje de esta nota periodística a fin de cuentas es uno solo, un mensaje por lo demás compartido por la prensa tradicional, empresarios, políticos de gobierno y por aquellos sectores serviles al gran capital hoy en día: los mapuche y todo cuerpo legal que reconozca sus derechos, por más básico y retórico que sea el reconocimiento, son un problema. Se insiste en esta idea, a pesar de la diplomática actitud de diálogo que representantes Mapuche Lafkenche han mantenido a través del tiempo. Vale la pena destacar que esta es la única normativa legal en Chile que surge, luego de un extenso proceso de negociación, de un Proyecto de Ley redactado por las propias organizaciones en conjunto con representantes del Estado.

No deja de llamar la atención el que este tipo de discursos, como el aparecido el 16 de agosto reciente en el diario El Mercurio, reitera la imagen de “enemigo interno” y “raza inferior” adjudicada al pueblo Mapuche por su antecesor, El Mercurio de Valparaíso, hace más de un siglo medio, en cuyas páginas se legitimaba la violencia y el despojo que algunos historiadores chilenos han llamado “Pacificación de la Araucanía”. Tampoco deja de llamar la atención la forma en que detrás de este tipo de discursos e imágenes que los poderes hegemónicos intentan instalar en la opinión pública, se encuentran intereses económicos de saqueo, pillaje y contaminación de nuestro territorio, que no sólo afectan a los mapuche sino a la población en general. Todo indica que los mapuche seguimos siendo vistos, cual imaginario decimonónico de civilización versus barbarie, como “raza inferior”, “rémora del progreso y del desarrollo” y, más aún, que ciertos usos que agentes estatales y empresariales hacen de “la interculturalidad”, mientras endosan visiones económicas y políticas como las expuestas por El Mercurio, no es otra cosa que maquillaje y otra cara del racismo en tiempos del neoliberalismo criollo.

La idea de lo mapuche como obstáculo, como algo que constantemente acecha, ha constituido y constituye un componente estructural del racismo. A la vez, funciona como contraste necesario para establecer jerarquías en cuya cúspide se ubican quienes precisamente se representan a sí mismos como “portadores” del progreso, el desarrollo y como defensores del Estado de derecho. De esta forma, el racismo, se anuda con el poder económico y el nacionalismo chileno, reproduciendo una relación colonial que se refuerza en el contexto neoliberal.

Racismo a secas arraigado en el imaginario, en el discurso, pero, más potente aún, en la forma y lógica en que se estructura y organiza la economía, la política, la legalidad y lo social en Chile. Medios de prensa, como El Mercurio, políticos de turno y sectores empresariales arremeten con el objetivo de “demonizar” la llamada Ley Lafkenche y, probablemente, para reducir su ámbito de aplicación. No es casual que este tipo de notas periodísticas aparezcan en la actual coyuntura de debate en torno a la ley de pesca y demandas Mapuche Lafkenche en torno al desconocimiento de sus derechos en el proceso de tramitación.

Tampoco es casual que este tipo de discursos se reinstalen poco antes del 31 de agosto, fecha en que un Consejo de Ministros debe reunirse para tratar los recursos de reclamación que existen contra la Planta Valdivia de Celulosa Arauco, y su plan de descargar desechos tóxicos al mar en el borde costero de la provincia de Valdivia. Cabe mencionar que luego del rechazo a la construcción del ducto de CELCO en Mehuin a fines de los 90, éste inició sus descargas en el Río Cruces, generando un daño irreparable en el Santuario del mismo nombre en Valdivia. Por ello, para aumentar su producción, la empresa necesita realizar sus descargas de desechos al mar lo cual tendría irreversibles impactos en la biodiversidad, el medioambiente y la población. No obstante, a esto último, El Mercurio y otros medios le llaman “desarrollo”: el mundo al revés.

Historiador, Doctor(c) en Antropología Social, CIESAS, México