El juguete de los pacos

Son las diez de la mañana y el sol no calienta. Hay apenas unos tímidos cinco grados sobre cero y, según pronostican los meteorólogos, este invierno la temperatura no superará los diez grados. Pero la curiosidad es mayor que la adversidad del frío. Unas 100 personas aguardan, apretadas y entumidas detrás de las vallas papales que rodean la Plaza de la Constitución, a que se produzca la ceremonia del cambio de guardia. Al fin se oye la melodía interpretada por la banda institucional, anunciando la llegada del selecto grupo de Carabineros que viene a tomar su turno en la custodia de La Moneda. La gente graba y toma fotos a la distancia. Hay extranjeros y chilenos, igualmente embelesados.

Un grupo de brasileños  se toma fotos con el cambio de guardia de fondo. En la toma no sólo aparece La Moneda, sino que también las vallas papales que la rodean. “No me gustan. Creo que se ven muy mal y dificultan el acceso”, opina Flavia en un portugués pausado. Está de paso por Chile y cree que las vallas están ahí transitoriamente, porque habrá alguna protesta.

Se equivoca. Para esos días no había manifestaciones anunciadas. Las vallas ya son cosa cotidiana.

Cada día las personas que circulan por el centro de Santiago deben adaptar sus recorridos a la permanencia de estas barreras metálicas que rodean no sólo La Moneda. También el Ministerio de Educación y la Plaza Italia.

La última marcha estudiantil del 2011 ocurrió el 22 de diciembre. La última celebración de  los hinchas de la Universidad de Chile, el 30 de diciembre. Sin embargo, las vallas papales, que reciben su nombre por haber sido estrenadas para la visita del papa Juan Pablo Segundo a Chile permanecieron durante todo el verano rodeando tanto La Moneda como Plaza Italia. Así lo consignó La Segunda, en un artículo publicado el 13 de febrero de 2012.

Llegó marzo con su ajetreo y, como pudimos comprobar para este reportaje, las vallas no se quitaron. Permanecieron rodeando el monumento a Baquedano, el monumento a los Mártires de Carabineros, la Plaza de la Ciudadanía, La Moneda, la Plaza de la Constitución, la plaza que da inicio al Paseo Bulnes y el Ministerio de Educación. Mientras que en Plaza Italia, sector en que los vecinos se han manifestado en contra de estas barreras, ha habido retiros esporádicos.

Las vallas en torno al Centro Cívico obstaculizan las labores de algunas personas que trabajan allí. “Yo tengo que andar moviéndome mucho por aquí y de repente me tengo que dar unas tremendas vueltas porque está todo cerrado. Cuando pregunto a Carabineros por qué tienen todo enrejado, nunca responden”, cuenta Jorge Contreras, quien trabaja en un edificio de calle Morandé.

Probablemente, esto no estaba en los planes del ex Presidente Ricardo Lagos cuando abrió las puertas de La Moneda y Morandé 80 a la ciudadanía.

Érase una vez…

Después de casi 30 años, el domingo 13 de marzo del año 2000, el entonces recién electo presidente Ricardo Lagos dio la orden de abrir las puertas de madera de La Moneda, para que los peatones y turistas pudieran ingresar y transitar libremente por sus patios. Ese día, los Carabineros que normalmente custodian la casa de gobierno, dejaron sus puestos de vigilancia y se convirtieron en anfitriones de los nuevos e inusuales visitantes. Esta era la primera vez, desde el retorno de la democracia, que el Palacio bombardeado durante el golpe de Estado se abría a los ciudadanos. Y no sólo eso, la conocida Llama de la Libertad, encendida en 1975 por la Junta Militar, en conmemoración de la “gesta” del 11 de septiembre de 1973, que se encontraba frente a La Moneda, por Alameda, fue retirada para siempre.

Durante el período de Lagos, los peatones entraban y salían de La Moneda sin que nadie se los impidiera. Sin embargo, siempre hubo una actitud reticente por parte de la Guardia de Palacio, quienes veían como un riesgo a la seguridad que las personas se pasearan allí sin restricción, recuerda Patricio Rosende, ex Subsecretario de Interior de Michele Bachellet.

En enero de 2006 se agregó otro gesto simbólico. En el marco de las obras para el Bicentenario, el Presidente Ricardo Lagos inauguró la Plaza de la Ciudadanía, que sería un nuevo espacio de reunión y libre tránsito de peatones.

El gobierno de su sucesora, la Presidenta Michelle Bachelet, debió enfrentar una nueva realidad. Comenzaron a producirse manifestaciones masivas de protesta, entre las cuales la más significativa fue la llamada “Revolución Pingüina”. Esto derivó en que comenzaran a limitarse las libertades civiles –como el libre tránsito y la libertad de reunión–, instaurando la práctica de colocar, esporádicamente, las vallas papales en torno a La Moneda.

El 11 de septiembre de 2006, en una nueva conmemoración del golpe de Estado, una persona lanzó una bomba molotov que se estrelló en una de las ventanas de La Moneda, dañando la fachada. El gobierno respondió incrementando las medidas de control para el ingreso al palacio. Para entrar, ahora había que pasar por una revisión de bolsos y detectores de metales. Además, se restringió el horario de acceso al recinto desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Se fijó, además, como entrada única y obligatoria la que da a calle Moneda. Para salir, había que dirigirse a la puerta que enfrenta a la Alameda. Sin embargo, el ingreso de los ciudadanos nunca se cerró definitivamente.

El panorama hoy es peor. El ingreso a La Moneda por parte de los ciudadanos corrientes es casi nulo y la circulación por la Plaza de la ciudadanía está severamente limitada. El paisaje que circunda el barrio cívico de Santiago, que un día Ricardo Lagos abrió a los ciudadanos, está cercado en forma permanente por vallas papales y lejos, inaccesibles, los recintos, monumentos y parques creados para ellos están vacíos.

Tras las vallas
En tiempos en que las manifestaciones ciudadanas se han tomado las calles, las vallas papales han sido uno de los artefactos preferidos por la autoridad para proteger “el orden”. El costo de su política ha sido un impacto no sólo estético en los espacios públicos, sino que un perjuicio al derecho de libre circulación de los ciudadanos.

Beatriz Mella, columnista de Plataforma Urbana, sostiene que la Plaza de la Constitución “no fue pensado como un lugar para permanecer, sino sólo como un lugar de tránsito. Sin embargo, las vallas se convierten en un elemento de control que inhibe cualquier tipo de actividad”: El tránsito y también la permanencia.

Genaro Cuadros, director del laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP, manifiesta que “claramente el nombre de la Plaza de la Ciudadanía y su actual estado es un contrasentido, porque ésta se instauró pensando en el uso de ese espacio físico como un espacio de carácter ciudadano”. Según el académico, el problema se genera porque la autoridad tiene “una mala comprensión del control sobre el espacio público, que tiene que ver con una fuerte impronta policial, de coerción, cuando a lo que debiéramos apuntar es a una educación para el uso del espacio público”.

Y es que conforme elementos como las vallas se van asumiendo como constitutivos del paisaje urbano, las personas van incorporando la idea de que los lugares ya no les pertenecen. Felipe Mallea, sociólogo y académico de la Universidad Alberto Hurtado, expresa que: “El espacio público es un lugar de patrimonio. Hay lugares de la ciudad que son significativos para las personas por ciertas construcciones sociohistóricas. Estos son lugares que han sufrido transformaciones a partir de ciertas decisiones políticas y que responden a la idea de cómo la ciudad se tiene que mostrar a sus habitantes”.

Según los expertos consultados, la instalación y sobreexplotación de recursos de seguridad como las vallas papales, podrían generar un efecto adverso al mensaje que intentan transmitir a los ciudadanos. “La imagen de la ciudad como lugar de resguardo de la seguridad y no de tránsito afecta claramente la noción de cierto orden. Pero la concepción de seguridad está equivocada, o sea mientras más vallas pongas, más sensación de inseguridad tienes”, explica el director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), Claudio Fuentes.

Muchas veces han sido los mismos vecinos o locatarios quienes han tenido que retirar las barreras. Es el caso de los dueños de los kioscos que se encuentran alrededor de La Moneda, algunos de los cuales relataron haber sido ellos mismos quienes, después de una marcha estudiantil, debieron cortar los alambres que unen estas vallas para poder abrir sus negocios.

Plaza Italia, famoso punto de reunión para manifestaciones, también ha sido víctima de un enrejado permanente, particularmente la plaza donde está el monumento al general Manuel Baquedano.

Verónica Oviedo, administradora de los edificios Turri de Plaza Italia, recuerda que “el año pasado hubo un fin de semana largo en que nos dejaron encerrados. La gente que se iba fuera de Santiago tenía que estacionarse en Vicuña Mackenna o acá en Providencia, y cargar los bolsos a pie por un largo trecho y pasarlos por entre medio de las vallas”.

Desde una perspectiva cívica-urbana, el arquitecto Genaro Cuadros plantea que “sería un sano ejercicio que las vallas sólo aparecieran efectivamente cuando hay conflicto y no el resto del tiempo, porque de lo contrario normalizas la situación de conflicto como un estado permanente”.

¿De quién es la idea?
¿Qué autoridad toma la decisión de cuándo y dónde poner estas vallas? ¿El Presidente, el Ministerio del Interior, los alcaldes?

Según pudimos averiguar para este reportaje es Carabineros quien tiene la facultad exclusiva. La Constitución establece que Carabineros e Investigaciones son los únicos actores que conforman las fuerzas de orden y seguridad pública. Adicionalmente, la Ley Orgánica de la policía uniformada le otorga la finalidad exclusiva de “garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República”.

El ex-subsecretario del Ministerio del Interior, Patricio Rosende, menciona que durante su periodo “existían conversaciones entre el Ministro de Interior y el alto mando de Carabineros, pero finalmente las decisiones operativas siempre las tomaba Carabineros. Ellos son los expertos en el tema”.

Dentro de las decisiones operativas de Carabineros se encuentra la utilización de las vallas y el cierre para el tránsito en donde estimen pertinente, en cumplimiento de su función de “resguardo del orden público”.

El periodista del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, José Mora, consultado para este reportaje dijo que “nosotros ponemos vallas porque hay una necesidad, y no vamos a comentar por qué utilizamos este tipo de elementos en ciertos lugares. Nosotros lo aplicamos, pero no lo comentamos”.

Mora coincide con Rosende en cuanto a que la decisión de cercar un sitio con vallas es una atribución operativa exclusiva de Carabineros. Si bien Carabineros depende del Ministerio del Interior, Rosende sostiene que la autoridad política no interviene en las decisiones operativas de la institución.

El problema
Los abogados consultados para este reportaje coinciden en señalar que la utilización de las vallas papales produce una colisión de derechos

Bajo el amparo del resguardo del orden público, se cierra el acceso a los espacios públicos y se impide el tránsito normal por las calles. En este proceso se limitan los derechos constitucionales de los ciudadanos, como el libre tránsito, la libertad de reunión y la libertad de expresión, sobre todo si los bloqueos se mantienen de forma permanente.

“Aquí hay un tema de criterio”, menciona Rosende, quien agrega que, a su parecer, la permanencia de vallas bajo la premisa del resguardo del orden público no es razonable.

En la circular 1.722 de Carabineros de Chile, se menciona la existencia de un instructivo respecto a los procedimientos para el resguardo del orden público, pero no pudimos acceder a él para conocer los criterios que expone, pues se encuentra protegido bajo secreto militar, según nos informó la institución. En respuesta a una solicitud para conocer este instructivo sobre la base de la Ley de Transparencia, el Coronel Ramiro Larraín nos respondió que: “La divulgación (del instructivo) afectaría el debido cumplimiento de las funciones que la propia Carta Fundamental asigna a Carabineros de Chile (…) y cuyo conocimiento puede afectar la mantención del orden público o la seguridad pública”.

Rosende menciona que, a su parecer, este instructivo no debería permanecer como secreto. Lo mismo piensa el abogado Roberto Coddou, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien resalta que “para restringir derechos tan fundamentales como los citados, el Estado debería hacerlo mediante una ley que cuente con criterios para su aplicación, y no usar un simple instructivo secreto”.

Según Coddou, el orden público tiene que entenderse como un concepto que implica que en una democracia hay diferentes derechos que pueden estar en tensión. La obligación de la autoridad es realizar una coordinación entre sus funcionarios para que todos los derechos se respeten, a pesar de esa tensión. “No puede ser que la autoridad policial califique qué derechos tienen una mayor valoración sobre otros”, dice.

Claudio Fuentes, al referirse a las atribuciones de Carabineros  en esta materia, sentencia: “Es curioso que una organización como ésta se mande sola”.

(*) Este reportaje fue el trabajo final de este grupo de alumnos para el ramo Periodismo de Investigación, que dicta la periodista Alejandra Matus en la Universidad Diego Portales.