“He tomado la decisión de presentar mi renuncia”, dijo el hasta hoy encargado de la Unidad de Estudios del Ministerio del Interior, Alejandro Peña, en el Patio de Los Naranjos en La Moneda, poniendo fin a una polémica carrera al interior del gobierno marcada por su fracaso en el denominado Caso Bombas y su responsabilidad en una licitación para la compra de equipos para la detección de drogas que al final le costó la cabeza.

El comienzo de su trabajo para La Moneda podría situarse en el 12 de junio del 2010, cuando los dulces sueños de la familia Piñera Morel se vieron alterados por la explosión de una bomba a siete cuadras de su hogar. No hubo heridos, como en todos los atentados de este tipo con bombas caseras, pero el hecho marcaba un negro precedente para el empresario y los suyos, que se habían encumbrado en La Moneda a punta de promesas de mano dura, de candados a puertas giratorias y, en resumen, al final de fiesta que a esas alturas ya se había convertido en partuza.

A esas alturas, los bombazos superaban el centenar y el fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz, encabezaba desde el 2009 una investigación que no había llegado a nada. Por eso, cuando se recogieron los vidrios de la sucursal del Banco Estado afectado por la explosión -reivindicada por el Comando Insurreccional Andrés Soto Pantoja-, el problema tomó color político.

Por encima y por debajo de la mesa comenzaron las presiones para poner fin a las explosiones, que en su mayoría afectaron sucursales bancarias, oficinas públicas y, como anécdota, una iglesia cuica. Así, al día siguiente de la bomba cerca de la casa del presidente, el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter -que en ese entonces aún tenía poder en La Moneda- llamó a “apurar el tranco” en la investigación.

Así, dos días después, el 14 de junio, el fiscal nacional Sabas Chahuán, decidió poner fin a la era Armendáriz de la investigación, nombrando en su reemplazo al entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña. Después de un año y medio el primero no había detenido a nadie por las explosiones y, para sorpresa de algunos, el segundo se demoró dos meses en ordenar la captura de 14 personas acusadas, entre otras cosas, de asociación ilícita para el terrorismo.

Hasta ese momento, Alejandro “Chico” Peña, era conocido por su trabajo en la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico y de alta connotación mediática. En los círculos cercanos al ex fiscal era conocida su afición por las cámaras de televisión.

Fiel a esto, el operativo que marcó el inicio del Caso Bombas, conocido como la Operación Salamandra, fue uno de los más mediáticos de los últimos tiempos y generó una serie de dudas, especialmente por la celeridad con que se investigó y, supuestamente, se detectó lo que el fiscal planteaba como una organización terrorista, comparada en más de una vez con las guerrillas colombianas o la ETA. La cosa olía rara desde un comienzo y el hedor empeoró cuando desde La Moneda, Hinzpeter reforzaba el discurso de lucha contra el terrorismo en la que hasta entonces parecía una estrecha franja de relativa paz.

Los detenidos eran en su mayoría jóvenes anarquistas que vivían en casas okupas como la Sacco y Vanzetti del barrio Yungay y en más de una ocasión el titular de Interior los acusó, sin más pruebas que su ideología, de ser los responsables de los bombazos: “el anarquismo es una forma de ver la vida muy antigua y en general siempre ha utilizado artefactos explosivos como su forma de actuar”, decía por entonces Hinzpeter que poco a poco comenzaba a tomar un excesivo protagonismo en la causa, haciendo uno que otro cariñito al fiscal Peña y juzgando a los imputados antes de que la justicia hiciera lo suyo.

Por eso no tardó en decantar la acusación contra la dupla Hinzpeter-Peña de que la operación se trataba de un montaje para revertir la mala imagen del ministro -y del gobierno en última instancia- sobre el manejo de la delincuencia. Mientras los 14 detenidos seguían en cana, los bombazos siguieron explotando en las calles.

Pero lo que terminó de configurar la idea de que el ministro había coordinado el caso desde su escritorio fue el fichaje de Alejandro Peña en su cartera: los primeros días de abril del 2011 el aún fiscal presentó su acusación en contra de los detenidos, pidiendo cadena perpetua para sus líderes.

A los pocos días se hizo público que pasaría a integrar las filas de Interior, un cambio de pega que fue visto como un reconocimiento a su trabajo en el proceso que abandonó antes de que empezaran los alegatos donde el tribunal desechó más de 4.000 pruebas por irrelevantes. Afiches de Guns and Roses, películas como La Batalla de Chile o literatura, hacían parte del mamotreto que entregó Peña antes de partir.

Su incorporación al gobierno desató una ola de críticas por su pasado conflictivo y un caso en el que el propio fiscal tuvo que responder ante la justicia por una denuncia -según informó El Mercurio en agosto de 2007- que ese año su mujer, Katherine Bernales, presentara en la 48 Comisaría de Carabineros, por maltrato familiar.

Además, su estilo confrontacional en el Ministerio Público le costó una sanción del fiscal nacional, Sabas Chahuán por prácticas antisindicales y el ser denunciado por una fiscal por su trato. Aunque esta acusación quedó en nada.

En el ministerio de Interior, Peña encabezó la División de Estudios. Un departamento creado a su medida -valga la ironía- por Hinzpeter y del que nunca se supo gran cosa, salvo que coordinaba planes macro del ministerio del Interior como el caso del programa Frontera Norte, que a la larga le costó el cargo después de que Ciper Chile revelara que el gobierno adquirió densímetros y fibroscopios para detectar drogas con un sobreprecio cercano al 400%.

En el momento de su abrupta salida del Gobierno, Peña se encontraba a cargo de la creación de una unidad especializada encargada de seguir las querellas criminales del ministerio de Interior en la Araucanía.