Álvaro Corbalán y tres ex CNI suman nuevas condenas por homicidio de cuatro opositores a la dictadura

La Corte Suprema confirmó hoy las condenas a prisión de cuatro exagentes de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, procesados por los homicidios de cuatro opositores en 1981, informaron fuentes judiciales.

En fallo unánime, la II Sala Penal del máximo tribunal chileno rechazó un recurso presentado por la defensa y ratificó la decisión de primera instancia, emitida por el juez especial Joaquín Billard y confirmada el pasado marzo por la Corte de Apelaciones de Santiago, que además aumentó las penas a dos de los imputados.

Los condenados son Álvaro Corbalán, exmayor del Ejército y jefe operativo de la CNI (Central Nacional de Informaciones) en Santiago; el civil Alejandro Astudillo; Enrique Sandoval, exmayor del Ejército, y Rafael Rojas, también exoficial del Ejército, todos también procesados y condenados en otros casos de violaciones a los derechos humanos.

Los dos primeros fueron condenados a doce años de presidio, mientras que Sandoval y Rojas fueron sentenciados a diez años y un día, sin posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios.

Las víctimas fueron el estudiante Juan Ramón Soto Cerda, el obrero Jaime Cuevas, el contable Luis Pantaleón Pincheira y Luis Fernando Araneda Loaiza, los dos primeros militantes del Partido Socialista y los otros miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).

Los cadáveres de los cuatro aparecieron calcinados el 10 de noviembre de 1981 en un taxi incendiado en un camino de las afueras de Santiago, tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, según afirmó la versión oficial de la época.

No obstante, la investigación judicial dejó en evidencia que se trató de una ejecución, pues los cuatro disidentes habían sido detenidos con anterioridad, tres de ellos en la ciudad de Talca, a 270 kilómetros al sur de Santiago.

Según el fallo, los cuatro fueron subidos al taxi en un cuartel de la CNI y llevados al sector de Las Vizcachas, al sureste de la capital, donde los agentes montaron el escenario para justificar los asesinatos.

El dictamen destaca que el homicidio fue con premeditación y alevosía y que las víctimas se encontraban en situación de desamparo y con la imposibilidad de defenderse.

Asimismo, establece que la justificación de los hechos en un supuesto enfrentamiento quedó “completamente desmentida” en los peritajes realizados posteriormente por la Policía de Investigaciones (PDI).

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