Estudiantes de la UC sumariadas por funa a Fundación Jaime Guzmán acusan irregularidades en el proceso

Constanza Leiva y Ángela Leiva entregaron ayer un recurso de protección para anular las sanciones definidas en el sumario al que ellas junto a Xaviera González (quien suscribe el recurso, pero se encuentra fuera del país) y otros 26 estudiantes de la Universidad Católica fueron sometidos luego de funar el acto en el que se conmemoraban los 20 años de la Fundación Jaime Guzmán.

El 15 de diciembre del 2011, la Universidad Católica facilitó las dependencias del campus Oriente, lugar donde fue asesinado el senador Jaime Guzmán, para el acto de la fundación del mismo nombre. Mario Correa, el secretario general de la universidad, fue quien facilitó el campus Oriente para la realización del acto. Correa fue el mismo que a fines del año pasado autorizó el polémico seminario de terapias curativas de la homosexualidad.

La jornada contaba con la presencia de figuras de la derecha y personeros de gobierno, como Felipe Bulnes, ex ministro de Educación, Joaquín Lavín, también ex ministro de Educación, Pablo Longueira y Sebastián Piñera quien era el principal orador de la jornada. Mientras los dos primeros tuvieron que salir arrancando por la cocina, Longueira se devolvió cuando fue avisado de que habían funado el acto. Piñera ni siquiera se asomó.

Ellos escapaban de cerca de 150 estudiantes que irrumpieron en el lugar donde meses antes habían organizado la toma con la que participaron en el movimiento estudiantil del 2011. Los estudiantes, principalmente de Arte y Teatro, lanzaron avioncitos de papel, trataron con garabatos a los asistentes, tocaron música, cargaron un lienzo que rezaba “Jaime, sacúdete en tu cripta” y le hicieron caras pálidas a los asistentes, entre ellos a Ignacio Sánchez, rector de la universidad.

Las sanciones fueron conocidas en noviembre del año pasado. Los tres carapálidas que se hicieron contra los vidrios fueron sancionados con la suspensión de dos semestres académicos. En las declaraciones contenidas en el sumario, una de las estudiantes que protagonizó la acción manifestó que: “Si esta fundación quiere hacer un acto político en su fundación me da lo mismo, pero no en ese lugar”. El resto de las sanciones corresponden a la suspensión de un semestre y a amonestaciones que fueron efectuadas por el respectivo decano de la unidad académica a la que asisten los estudiantes. Las suspensiones se aplicarán durante este año académico.

Luego de que se hiciera público el resultado del sumario, los estudiantes tuvieron cinco días para apelar ante un consejo de decanos, que ratificó las sanciones. Por esto la situación fue llevada a la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la resolución de la Universidad Católica.

Camila de La Maza, abogada que presentó el recurso, calificó el procedimiento como “irregular”, acusando que lo que se sanciona es el derecho a la libertad de expresión, el cual es un derecho garantizado en la Constitución. “En ese sentido, hemos decidido presentar esta acción para dejar sin efecto la resolución de la universidad y que las estudiantes sean incorporadas al quehacer estudiantil”.

Dentro de las presuntas irregularidades que señala el recurso, se encuentran la nula disposición de la Universidad Católica para facilitar el expediente, señalando que la defensa tuvo acceso a él sólo durante dos horas, en las que no se pudo fotocopiar ni fotografiar. Por otro lado, se acusa que los estudiantes fueron llamados a declarar sin saber que estaban siendo investigados y que luego esas declaraciones se utilizaron para imputarles cargos. Además, se agrega que la universidad no les aseguró una defensa, siendo que el “Reglamento sobre la responsabilidad académica y disciplinaria” que rige el procedimiento del sumario dice en su artículo 3 que la defensa debe ser garantizada por la institución. En esta ocasión, tuvo que ser asumida por la federación.

Javiera Sánchez, consejera Superior de la FEUC suma a las presuntas irregularidades el hecho de que el proceso haya sido llevado por Mario Correa y Rodrigo Urzúa, secretario general y prosecretario general respectivamente, quienes además dictaron las sanciones. Agrega también que: “Dentro de 200 personas se eligió a 29 sin realizar una investigación más amplia de lo que ahí pudo haber ocurrido. No se les mostraron las pruebas que eran material audiovisual prestado por la misma fundación y medios que se encontraban ahí ese día. Las sanciones finales están agrupadas, muchas no son específicas de los estudiantes que son sancionados lo que va en contra del debido proceso. Y un sumario que debió durar 20 días según reglamento terminó durando casi un año”.

La UC se defiende
Rodrigo Urzúa, Pro-secretario General de la Universidad Católica, fue el investigador del sumario que hoy se pone en cuestión, y también estuvo presente en la comisión de apelación encargada de revisar las sanciones del mismo. Urzúa desmiente en The Clinic Online las irregularidades que se acusan en el proceso, diciendo en primer lugar que la extensión de la investigación que se acusa se debió a prórrogas que se solicitaron por lo complicado que resultó la indagatoria al tener a tantos estudiantes involucrados.

Respecto a la acusación de la reserva que se tuvo del expediente, Urzúa declara que ésta es completamente falsa. “El expediente siempre estuvo disponible para quien lo quisiera revisar, la única limitante era que no podían fotocopiarlo porque no se permite sacar copia de ningún expediente de la universidad”. El Pro-secretario declara que sólo una estudiante acudió con su abogado a estudiar en expediente durante todo el tiempo que estuvo disponible.

“Yo no puse límites” agrega. “El expediente pudo verse después de la presentación de los cargos”. Sobre esto último, aclara que es verdad que los cargos fueron generalizados ya que estuvieron basados en las declaraciones de los estudiantes, y que éstas fueron especificadas en el informe entregado por el investigador, en este caso él mismo, quien propone las sanciones.

También dice que es falsa la acusación sobre que los estudiantes no sabían que habían sido llamados a declarar. “Cada una de las personas que declaró, declaró respecto a la funa”. Sobre las sanciones, declaró que éstas se decidieron de acuerdo al grado de participación en los hechos, sumando a las más duras algunas sanciones accesorias como imposibilidad de ejercer ayudantías o la pérdida de la prioridad académica, que es fundamental en la PUC para poder tomar ramos y horarios adecuados a cada estudiante.

Rodrigo Urzúa aún no está en conocimiento del recurso presentado el día de ayer, pero niega que la libertad de expresión de los estudiantes haya sido vulnerada. “No se niega la libertad de expresarse, sólo se reconocen los márgenes en que ésta debe efectuarse”, dice. Y agrega que esto no marca un precedente para futuras manifestaciones en la universidad.

“La libertad de expresión está garantizada en la Universidad Católica, pero la libertad admite límites”, finaliza.

Los 29
La mayoría de los estudiantes involucrados se encuentran agotados por el proceso, por lo cual no quieren referirse al tema. Alrededor de 15 estudiantes resultaron amonestados, sanción que según estipula el reglamento de la universidad puede efectuarse de manera oral o escrita. Éstas no afectan mayormente, a menos que cayeran en otra situación similar, donde la amonestación actuaría como agravante.

De los que recibieron las sanciones más altas, hay cinco que presentaron recursos de protección. A un estudiante no se lo admitieron por encontrarse fuera de plazo, la otra lleva su defensa de manera independiente a la FEUC mientras que Xaviera, Constanza y Ángela se encuentran representadas por la abogada de la Clínica de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Constanza, quien fue suspendida por dos semestres, de materializarse la medida, deberá buscar otra universidad, ya que de asumir la medida y reincorporarse el 2014, se atrasaría demasiado con su carrera. “En términos económicos y en términos personales era mucho más productivo el cambio de la universidad para mí”.

Por su parte, Ángela arriesga perder el crédito Corfo con el que financia su carrera de Arte ya que declara que “los créditos con los que yo financio mi carrera no se pueden seguir extendiendo”. Además, ella cursaba paralelamente la carrera de Estética, por lo que debería renunciar a esta para poder seguir financiando su carrera de origen.

La Corte debe manifestarse dentro de cuatro días si acoge o no el recurso de protección.