Caso exonerados: los cachamales que la Contraloría le pegó a Ubilla por no fiscalizar

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El llamado caso de los falsos exonerados políticos, al cual el gobierno le ha sacado el jugo en plena campaña presidencial, tiene también un lado B. Si bien la Contraloría estableció la existencia de una serie de anomalías administrativas que derivaron en la entrega de beneficios a unas tres mil personas que no cumplían con los requisitos, lo cierto es que ni el Ministerio del Interior ni el IPS hicieron mucho para subsanar una serie de problemas en la actual administración.

Por ejemplo, cuando la Contraloría revisó la oficina de exonerados, se percató que -a marzo de 2012- había más de 100 mil carpetas no sometidas al proceso de calificación. Al respecto, Interior respondió que tras el cambio de gobierno, no hubo una entrega formal de la unidad de exonerados y que desde el 30 de junio de 2010, no pudieron determinar si “existían reglamentos, protocolos e instrucciones respecto de su funcionamiento y específicamente de los estándares o criterios respecto del proceso de calificación de los solicitantes de Ia calidad de exonerados políticos”.

A la Contraloría no le gustó la respuesta y le recordó que la ley que regula el comportamiento administrativo del Estado, obliga a sus funcionarios “a velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos…, entre otros, los principios de control y transparencia que han debido aplicarse en la materia”.

El gobierno explicó en que a mediados de 2011, recién creó el llamado “Acuerdo de Funcionamiento Interno” para mejorar la administración de los medios y depurar anomalías en el pago de las pensiones.

Sin embargo, al cierre del informe que fue conocido el pasado 27 de mayo, la entidad fiscalizadora le mantuvo a Interior las observaciones y revisará, en una próxima visita que los prometidos mejoramientos en la gestión sobre el tema exonerados, se hayan implementado.

Digitalidad cuestionada

La Contraloría también encontró problemas en el sistema informático, principalmente en la relación digital que mantiene Interior con el IPS, ya que para un mismo caso podían hallarse de 4 a 6 resoluciones distintas sobre un mismo beneficiario, “lo que induce a error al momento de determinar en definitiva, cual es el acto administrativo que efectivamente le concede la calidad de exonerado político”, produciéndose serias contradicciones.

“La situación descrita, además de evidenciar debilidades del control interno, potencia el riesgo de manejar información desactualizada, incompleta e incorrecta, impactando en la concesión de calificaciones que eventualmente no correspondan”, señala el informe.

El gobierno respondió que en 2011 se hicieron mejoras informáticas y que el año pasado se ordenó digitalizar toda la información sobre pagos y entrega de beneficios a los exonerados. La Contraloría, de todas formas mantuvo la observación y luego verificará si se cumplió lo prometido.

El cuento de la web

La entidad revisora también cuestionó el “listado de empresas intervenidas”, de las cuales emanan las personas que solicitan el beneficio como exonerado. También encontró anomalías de la actual administración. Por ejemplo, la relación de firmas intervenidas por la dictadura debió haber sido actualizada por Interior, pero no lo hizo.

La Moneda respondió que en 2010 y luego de haber analizado algunos dictámenes sobre la materia, materializó la publicación en la web de la Oficina de Exonerados el primer semestre de 2011.

La respuesta de Ramiro Mendoza fue precisa: “Sobre el particular, cabe manifestar que a la fecha de la presente auditoría (2012), no se pudo constatar la existencia del listado actualizado, información que durante ese período fue eliminada del citado portal, a lo menos durante el transcurso del examen en cuestión”. Otra vez, el organismo mantuvo la observación a la espera de que las “medidas correctivas” lleven a efecto, ya que Interior tampoco entregó “los antecedentes que permitan validar la actualización a la que se refiere en su oficio”.

A renglón seguido la Contraloría también halló los problemas como las contradicciones entre el beneficiario, versus los antecedentes entregados para obtener las regalías. Al respecto hay que recordar que si bien el órgano revisor apunta a las administraciones anteriores, el período auscultado pertenece al actual gobierno.

“Lo anterior, evidencia que debido a la naturaleza y complejidad de las diligencias y antecedentes que conforman el proceso de pago de las pensiones… por parte del IPS, y Ia ausencia de un mecanismo de control que valide sistemáticamente la información de los beneficiarios que fueron calificados políticamente por el Ministerio del Interior… es que se verifica un incremento del nivel de riesgo de impetrar indebidamente pagos que favorezcan a personas que no cumplan con la calidad de exonerado políticos y con los demás requisitos exigidos al efecto”, señala el informe que vuelve a señalar que se mantiene la observación “objeción formulada en todos sus aspectos”.

El cuidador

En torno al resguardo y el acceso a la información en el IPS, la Contraloría asegura que también hay serios problemas, ya que sólo se hayan los pago desde 2005 a 2012, “desconociéndose la sumatoria total y la individualización de los exonerados, toda vez, que el inicio de Ia aplicación de este procedimiento ocurrió en eI año 2000, evidenciando con ello, debilidades de control sobre los sistemas que se utilizan para gestionar los cobros de las cotizaciones previsionales a las empresas deudoras”.

Al respecto, la Contraloría señala que por esas debilidades, la auditoría hecha en 2012 estuvo limitada en su alcance. El gobierno respondió que la lentitud en la entrega de la información a la entidad fiscalizadora se debió a que el sistema computacional -del que estaba a cargo de Sonda- era engorroso y lento. Sin embargo, durante la administración Piñera se siguió con el mismo sistema, reconoció Interior, por lo que sólo se entregó –dada la premura- información desde 2005 a 2012.

La respuesta nuevamente fue un tirón de orejas: que la ley fija normas claras para la administración: “la obligación conformar y mantener a disposición de Ia Contraloría General las rendiciones de cuentas, debiendo adoptar los resguardos que garanticen un completo examen debidamente documentado de las mismas”.

Ramiro Mendoza le indicó a Interior que tiene la facultad -“para el mejor desempeño de sus labores”- de solicitar la información que necesite y que si los servicios no la poseen, sancionarlos porque los datos no están actualizados.

E insistió: “la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada directamente por el Contralor General”. Otra vez les mantuvo la observación y reiteró que el gobierno no entregó “la totalidad de los antecedentes, sobre los desembolsos efectuados entre los años 2000 a 2004”.

Flor de fiscalización

Otro ejemplo de que el gobierno actual no ha hecho la pega fiscalizadora, lo comprende el llamado de atención de la Contraloría al IPS, con la nula labor fiscalizadora en el pago de pensiones a nivel particular.

Cuando le pidieron información la Unidad de Auditoría del IPS sólo entregó 4 documentos de revisión de carácter general.

“A su turno, cabe precisar que el último de los informes emitidos, se genera a raíz de las denuncias expuestas a través de Ia prensa, en relación con esta materia, denotando con ello, la omisión de un control deliberado sobre las operaciones, no obstante la magnitud de los recursos involucrados”, señala el informe. En otras palabras pudiendo haber hecho el trabajo en 2012 y 2011 no lo hicieron.

El gobierno respondió que el plan de auditoría 2012 para el IPS apuntaba a la concesión de beneficios como prioridad uno. Sin embargo el tema de los exonerados estaba en un “subproceso”, “porque en la matriz de riesgos institucional, el subproceso examinado se ubica en el lugar N° 64 del ranking, por lo cual no lo hace elegible para ser incluido en el referido plan de auditoria”.

La Contraloría volvió a mantener la observación.

El gobierno también informó que desde que asumió en 2010 no ha entregado ningún beneficio nuevo ni ha calificado a persona alguna como exonerado político, pero a la Contraloría tampoco le pareció adecuado, ya que en su respuesta la autoridad no entregó la información requerida, respecto a la anulación de beneficios. Ello incidió en que el organismo fiscalizador no le dio “veracidad a tales acciones”.