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28 de Agosto de 2013Vía Ciper: Las sospechas de triangulación de dinero que complican al asesor más cercano a Labbé, ex director del INE
Mientras el Ministerio Público se ha enfocado más en la arista principal de las irregularidades del censo, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el rol de Maximiliano Raide ha llamado la atención, al punto que se abrió una suerte de cuaderno especial para agrupar la información referente a sus labores. Los invitados han atestiguado sobre su protagonismo en el censo, cuestionando que no tuviera contrato ni recibiera remuneración, al tiempo que su hermano y un amigo recibían abultados salarios y su rol no era claro.
La relación contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el contrato por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para su hermano Maximiliano Raide, el joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.
Como presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello. Esto causó una buena impresión en Labbé. Según relató en la investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte, estas redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales del círculo más estrecho de Labbé.
Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis institucional se expandía en el organismo y que los directores, de perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y eso marcaba poderío entre los funcionarios.
La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que se hicieron públicas tras el primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.
Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen abiertas. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria con el número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews, como uno de los responsables.
Dicha filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013, en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.
La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo, y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.
A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que “mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad de la estimada al inicio de las investigaciones”.
Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.
