Contraloría inicia sumario a gestión del “Cote” Ossandón en Puente Alto por sobresueldos a funcionarios con platas de programa social

La Contraloría ordenó un sumario administrativo en la Municipalidad de Puente Alto, por el pago extra a funcionarios de planta -por un monto que hasta ahora alcanza a poco más 345 millones- durante la administración del ex edil y ahora electo senador, Manuel “Cote” Ossandón (RN).

De acuerdo al informe que publica The Clinic Online, el organismo fiscalizador descubrió que 133 empleados de la sede comunal -pertenecientes a escalafones directivo, profesional, administrativo, entre otros- suscribieron “contratos de prestación de servicios” con el municipio, aún cuando la ley establece que está estrictamente prohibido, porque ya perciben un sueldo del erario fiscal.

Los 133 funcionarios descubiertos por la entidad de control se enmarcan dentro del llamado “Programa de Fomento Social” (PFS) -que fue aprobado en 2011 y ejecutado en 2012-  y que implica que se realizaban labores directas con la comunidad.  Hay que recordar que Ossandón arrasó en las elecciones parlamentarias precisamente en los barrios más necesitados de Puente Alto.

El PFS, también es cuestionado en el informe, ya que careció de toda formalidad legal, porque incluso el “acto administrativo” no tenía “un detalle de los objetivos, actividades y responsables de cada programa o una referencia al documento específico en el que incluyan tales definiciones”.

Uso anómalo

Según la Contraloría, el entonces alcalde Ossandón usó irregularmente una figura legal: el contrato de personas externas para situaciones “circunstanciales” con el fin de aumentar dineros a los empleados, ya que no consta en ninguno de los casos analizados “la realización de actividades en beneficio a la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia”.

El organismo dirigido por Ramiro Mendoza seleccionó 42 casos específicos y constató que no existen antecedentes comprobables de que las funciones pagadas bajo la fórmula de honorarios se hubieran efectuado fuera del horario de trabajo. Al mismo tiempo algunos funcionarios realizaban actividades distintas para las que fueron contratados.

La Contraloría fue clara: “Asimismo del estudio de los antecedentes relativos a los pagos asociados a dichos contratos se ha establecido que no cuentan con el respaldo que acredite cabalmente la ejecución de los trabajos encomendados por cuanto sólo se acompañan informes que consignan aspectos generales asociados un programa comunitario, sin realizar una descripción detallada que refleje la actividad ejecutada, en cuanto a individualizar personas, organizaciones, lugar y horario del trabajo realizado, mes y día, entre otros. Igualmente debe hacerse presente que los contratos suscritos han sido dispuestos en forma genérica, sin indicar obligaciones concretas”, señala el informe.

Para muestra un botón: Pedro Saúd Pizarro es un profesional grado 9. Tiene una “función de jefatura de permisos de circulación. ¿Qué hacía en el programa cuestionado? Orientaba a la comunidad, recogía demandas en centros de padres y apoderados, garitas de colectivos, entre otros. ¿Cuánto recibía por ello? Nada menos que $ 1.803.948.

Jeannette Moya Lineros, la tesorera municipal, supuestamente después de su horario y los sábados y domingos, capacitaba y orientaba en “temas municipales y financieros” a organizaciones comunales. Sueldo aparte del municipal, $1.594.141.

Otros sueldos cuestionados son los siguientes:

Arturo Araya, profesional grado 9: $ 1.056.329; Yamilet Durán, profesional grado 10 $ 1.060.652; Odette Fernández $ 1.452.612, técnico administrativo; Cristián Gaete, profesional grado 9 $ 1.067.284; José González profesional grado 10 $ 1.077.422; Ximena Lehrmann 1.069.892; 7.- Raúl Ríos técnico grado 15 $1.086.218 y María Romero Carmona, profesional grado 8 $1.070.256.

Aún cuando Ossandón intentó en su respuesta a la Contraloría revertir los alcances del informe, el organismo revisor estimó que ellos no fueron suficientes, citando un criterio ya adoptado en dictámenes anteriores sobre la comprobación de las funciones a través de informes detallados para que los dineros del erario fiscal sean legalmente utilizados.

Lea el informe completo