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Opinión

14 de Agosto de 2014

¿Qué pasó con los supuestos millones de dólares de Chávez en la Arcis?

En medio de sueldos impagos, un sindicato en paro, un recurso de protección y la visita del Sindicato a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, un documento confirma el millonario convenio con el banco estatal de Venezuela que debió haber corregido el rumbo de la universidad Arcis en 2008.

Rodrigo Alvarado
Rodrigo Alvarado
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ARCIS

Empezaba el 2008 y para la Universidad Arcis se abría una oportunidad para la consolidación. Tras la entrega en 2007 del grado de Doctor Honoris Causa al presidente venezolano Hugo Chávez, por parte de la casa de estudios nacional, se iniciaron las tratativas que terminarían en un préstamo de US $ 9 millones a una institución educacional que no conseguía su acreditación por una débil sustentabilidad económica.

En la actualidad, el panorama es totalmente opuesto. Con una crisis económica que tiene por segunda vez en el año a los funcionarios con sus sueldos impagos, al sindicato en paro, un recurso de protección interpuesto esta semana por estudiantes de seis carreras, y lo peor, sin patrimonio inmobiliario, sólo se ve oscuridad al final del túnel. Y un documento revive la pregunta por los supuestos millones de dólares que Venezuela habría entregado a la universidad.

El 11 de enero de 2008 se realizó el Convenio de Asistencia Económica para el Desarrollo Educacional de la Universidad Arcis acordado entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y la institución, representada entonces por uno de los socios en la Inmobiliaria Libertad, Nazareno S.A. de Max Marambio, quien en ese entonces era presidente de la Corporación (vendió su propiedad al año siguiente); y la ONG ICAL, representada por Óscar Azócar García, miembro del Comité Central del Partido Comunista. En este convenio (ver documento) Se acordó la entrega de US $9.060.000 por parte de BANDES a Arcis a cambio de servicios educacionales a estudiantes venezolanos en la naciente Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (ELAP).

El objeto del convenio, según consta en el primer punto del documento, consistía “en el aporte de recursos financieros por parte de BANDES para el saneamiento de las deudas contraídas por la universidad Arcis, relacionadas al pago de alquileres, juicios pendientes, impuestos, pago a proveedores y traslado de las dependencias a la sede principal con el fin de establecer una Escuela Latinoamericana de Estudios Universitarios que (…) como contraprestación no dineraria, se retribuirá a BANDES un número de becas, matrículas y cualquier otro servicio académico y de asesorías por el monto equivalente”.

El acuerdo se extendería por 15 años, acordándose que en caso de no ejecutarse totalmente los recursos asignados, la universidad debería reembolsar los recursos dados por BANDES. Años después ya no habían estudiantes venezolanos en la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (ELAP) y la desigual relación pasivos-activos de la universidad tienen a Arcis al borde del precipicio.

CIFRAS QUE GENERAN DUDAS
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La consecución de los dineros venezolanos es una gestión que comenzó Sergio Trabucco, entonces vicerrector de Gestión y Finanzas. El cineasta, que había estado exiliado en Venezuela, se contactó -autorizado por el directorio de la universidad- con la embajadora en Santiago, María Urbaneja, a fines de 2007. Meses después, cuenta, entró en conflicto y fue expulsado de la universidad

Cuando se creó la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado (ELAP) y se acordó la forma del pago, Trabucco ya no estaba en Arcis. La operación, según él, “era jurídica y éticamente impecable. Con 8 millones de dólares se resolvía todo, se entregó un poco más para constituir la ELAP, pero con eso quedábamos saldados. Se hizo la escuela, llegaron cientos de alumnos de Venezuela, pero tuvieron serios problemas. Habría que averiguar si toda esa plata llegó efectivamente a Chile”.

Actualmente en la universidad no tienen respuesta sobre la llegada y el destino de esos recursos. Lo que sí existe es una auditoría de una empresa internacional y los informes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), realizados pocos años después, donde no se manifiesta el ingreso de un capital destinado a dejar a la universidad sin deudas.

Por ejemplo, en el documento de acuerdo, que reúne pasivos e inversiones urgentes, las líneas de crédito del BCI suman poco más de 660 millones de pesos, mientras que dos años después y según consta en los informes de la empresa de auditoría Grant Thornton, al 31 de diciembre de 2010 y 2011 esos pasivos aumentaron a cerca de 727 millones de pesos.

Otro dato es que en 2008, la acreditación de Arcis había sido rechazada debido a su debilidad financiera. Para revocar esa decisión la universidad se comprometió a efectuar un aporte de 2.700 millones de pesos para saldar deudas y hacer las inversiones necesarias, según indica la resolución de la CNA entonces. En 2010 ,Arcis logra su primera Acreditación, pero el Informe Final de la CNA indica que siguen existiendo debilidades económicas.
Por último y de acuerdo al Informe de Pares Evaluadores del CNA en 2012, se señala que la relación deuda-patrimonio en los años 2009, 2010 y 2011, se mantiene prácticamente inalterable. En ningún informe público existe referencia o una expresión de un aporte de capital como el convenido con el banco venezolano por venta de servicios educacionales.

Trabucco insiste en que el monto del acuerdo con los venezolanos estaba calculado para recuperar las propiedades, pagarle a los socios estratégicos y dejar la universidad con platas frescas. “Ahora Arcis no tiene edificios ni la plata. No creo que haya habido dolo, pero sí una muy mala administración. Resulta curioso que esos recursos que iban a solucionar todos los problemas, no los resolvieron”.

SITUACIÓN CRÍTICA
La semana pasada los diferentes estamentos de Arcis se reunieron para dar vuelta la situación. Son días difíciles y la realidad no abriga muchas esperanzas. Sin sueldos y sin respuestas (no hay vicerrector Académico ni vicerrector de Acreditación y recién el martes pasado la académica y miembro de la corporación, Elisa Neumann, fue nombrada rectora de la Universidad tras la renuncia de René Leal), el Sindicato Histórico inició un paro.

De hecho el organismo fue recibido por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. “La exposición ante la comisión es para presentar un proyecto de gobernabilidad que llevamos los trabajadores, los profesores autoconvocados y los estudiantes. Queremos que el Estado se haga cargo de la administración. A la universidad se le despojó de su patrimonio y ha tenido una pésima e inoperante administración”, dice la tesorera del Sindicato Histórico de Trabajadores, Jacksa Suazo.

Además, alumnos de las carreras de Ciencias Políticas, Antropología, Literatura Inglesa, Pedagogía en Castellano y Comunicación, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, preocupados por la situación de incertidumbre y de sostenida crisis interna.

Según el representante de los estudiantes, Carlos Sánchez, “estamos recopilando antecedentes para que se investigue, porque claramente se está ocultando información. Sabemos que pronto vendrá la figura del interventor provisional y uno de los interlocutores que tendrá que considerar, será este gobierno interino. Tenemos la convicción que la única posibilidad de que la universidad se libre de la quiebra es que la comunidad asuma su dirección”.

LA MADRE DE LAS CRISIS

En 2004 la primera gran crisis económica le abre las puertas a dos socios estratégicos. La universidad pasa a ser controlada por la Inmobiliaria Libertad S.A., que compra los inmuebles con un aporte de $ 408 millones de Max Marambio, mediante la Fundación Joel Marambio y otros $ 408 millones del Partido Comunista, a través del Instituto de Ciencias y Ediciones Alejandro Lipschutz (Ical) (El PC se retiró de la Universidad en enero de este año y tenía casi el 100% de la propiedad luego que Marambio les había vendido su parte en el 2009.)

Los otros aportes fueron de $ 370 millones por parte de la Salvador S.A. (23 %), empresa creada por los miembros de la Corporación y otros $ 400 millones en manos de la Corporación (26%).

Como fórmula para recuperar la inversión, se estableció el arriendo de las sedes que la inmobiliaria le haría a la universidad, pero una vez recuperado el capital invertido, los socios estratégicos dejarían de participar en la sociedad, restituyendo los bienes inmuebles a la Corporación Universidad Arcis. Hoy, con los edificios de Huérfanos y Libertad vendidos, no existen bienes patrimoniales.

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