El estudio chileno que desmitifica las cifras de aborto nacionales

Las manifestaciones a favor y en contra del aborto se intensificaron en nuestro país desde que este 21 de mayo la presidenta Michelle Bachelet anunciara un proyecto que permite el aborto en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre. El movimiento por la legalización de un acceso libre, seguro y gratuito, sin embargo, viene de antes. Los grupos que exigen el derecho de elegir de la mujer se habían organizado ya desde el regreso a la democracia y la normativa aprobada por el Almirante Merino en los últimos días de la dictadura que penalizó el aborto en 1989. El terapéutico había sido legal desde 1931, pero ya desde 1974 la Comisión Ortúzar debatía sobre la legitimidad de la ley. Aunque Jaime Guzmán abogaba por una prohibición constitucional al aborto, su petición no se consagró en la Constitución. En cambio se agregó el inciso segundo del Artículo 19 que dicta: “la ley protege la vida del que está por nacer”; y se modificó el artículo 119 del Código Sanitario: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

En la discusión pública se citan cifras y se habla de realidades que resultan difíciles de comprobar: la ilegalidad y la clandestinidad impiden que los conteos sean completamente certeros y los investigadores recurren a diversos métodos para estimar las tasas de aborto provocado. Así se ha estimado que las tasas de aborto clandestino llegan a los 180.000 y se desconoce la cantidad de mujeres que han enfrentado a la justicia por esta causa.

Un nuevo estudio del Instituto MELISA y dirigido por el epidemiólogo Elard Koch, sin embargo, se dedicó a recopilar y analizar, entre otras cifras, las de mortalidad materna, las de egreso hospitalario por cualquier tipo de aborto, y las tasas de países con legislaciones permisivas. Entre sus conclusiones plantean que la cantidad de abortos en el país es mucho más baja de lo que se cree y concluyen que la legalización del aborto no aportaría a la prevención de esta situación desde un punto de vista de la salud pública y no del derecho: “Conducimos una investigación independiente de todo tipo de ideologías, porque la ciencia no hace normas, sino que informa y explica. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, y por lo tanto si un grupo pro-vida o pro-aborto quiere que que vayamos a exponer los datos lo vamos a hacer, pero eso no significa que compartamos la ideología”, señala la investigadora Paula Aracena del Instituto MELISA.

La investigación será presentada por Koch el próximo viernes 14 de noviembre en la Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago. En el marco de esta reunión, se realizará el lanzamiento de un video explicativo, el cual expondrá los resultados del estudio con un lenguaje sencillo.

¿Más de 100.000 abortos al año?

Una investigación del académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Ramiro Molina, estableció que de los hospitales públicos egresaron -entre 2001 y 2010- un promedio de 34 mil casos de aborto al año. De esos estimó que casi el 40% serían voluntarios y que por cada aborto en el hospital, hay otros 10 desconocidos, estableciendo que existen entre 130.000 y 180.000 abortos por fuera de la red de salud.

El trabajo de Koch, por otra parte, estimó que la cifra real sería entre 13.553 y 18.071. Llegaron a esas cantidades por dos vías. Primero, analizaron los egresos hospitalarios que podrían corresponder a un aborto inducido. Cuando una mujer llega a cualquier centro de salud con síntomas de aborto y es tratada, existen ocho categorías que el doctor debe considerar para calificar el caso, desde pérdidas naturales a embarazos ectópicos (en las trompas de Falopio), embarazos molares y otras tres causales más ambiguas: “Otro aborto”, “aborto no especificado” y “aborto fallido”. Los casos calificados bajo estas tres categorías corresponden a un 16,1% de todos los abortos en Chile y a eso le sumaron un estimado de los procedimientos clandestinos realizados con misoprostol que determinaron en base a la tasa de complicaciones que presenta el uso de ese medicamento. Según está documentado, entre un 30% y un 50% de las mujeres que se inducen un aborto con misoprostol presentan complicaciones y llegan a un centro de salud, por lo tanto se puede inferir que entre un 70% y un 50% de los casos no lo hacen.

Incluyeron una segunda estimación basada en las tasas de los primeros cinco años de interrupción legal del embarazo en España, y corregidas por las diferencias de fecundidad y edad de la población femenina chilena. En ese caso llegaron a la cantidad de 18.240 abortos provocados por año con una tasa de 4,65 por cada mil mujeres en edad fértil, por debajo de la que es considerada, según el Instituto Guttmacher, como la tasa más baja del mundo: 12 por cada mil mujeres en Europa Occidental.

Las ricas tienen apendicitis o lo hacen pasar por aborto espontáneo

Un argumento común está relacionado a la posibilidad de acceder a un aborto seguro en base a la plata: las pobres abortan clandestinamente y las ricas pagan millonarias operaciones que hacen pasar por apendicitis o reciben la guía de un médico para el uso seguro de misoprostol para ser tratadas en las clínicas como pérdida natural. Si bien hay relatos de mujeres que lo han hecho por esta vía, según la investigación de Koch, no sería un número significativo.

Analizando, por una parte las cifras de aborto espontáneo, mola, otros productos anormales de la concepción, y por otro lado las de embarazo ectópico, Koch observó que entre 2001 y 2011 se mantienen constantes. Los primeros bordean los 70 casos por cada mil nacidos vivos y los segundos varían entre los 13 y los 15 por cada mil nacidos vivos. Los únicos que disminuyen, sin embargo, son aquellos en los que puede sospecharse aborto inducido, las categorías de “otro aborto”, “no especificado” e “intento fallido”. De esta forma, concluyeron que “si los doctores estuvieran haciendo pasar los abortos provocados por pérdidas naturales, habríamos visto un aumento en esa categoría y eso no ocurre”, señala Koch. Tampoco notaron que hubiese un aumento significativo en las hospitalizaciones por apendicitis “u otras cirugías comunes”, señalaron en la investigación.

Como otros factores que pudiesen mostrar una baja en la estimación de abortos provocados, los investigadores consideraron el aumento del uso de misoprostol. Frente a esto, el estudio señala que se debe considerar que “más de la mitad de las mujeres que lo utilizan pueden percibir sangrado y dolor pélvico mayor al de un ciclo menstrual regular, buscando asistencia médica. Además, la tasa de complicaciones y fallas puede alcanzar 30% o más con el misoprostol auto-administrado, utilizado en dosis inadecuadas o sobre las 9 semanas de gestación. Así, cabría esperar que cualquier incremento importante en magnitud del uso ilegítimo de misoprostol a nivel de población, se traslade también a un incremento de la morbilidad hospitalaria por aborto, particularmente en el aborto no especificado. Como se ha observado lo contrario, es difícil que un incremento en el uso de este fármaco explique por si solo la tendencia observada”.

El doctor Koch además señala que lo más probable es que esta baja se deba a los programas de planificación familiar y a los programas de prevención del aborto: “Las cifras han disminuido sistemáticamente desde 1964, que es cuando se implementan estos programas. Teníamos más de 55 mil hospitalizaciones por cualquier tipo de aborto y actualmente poco más de 30 mil. Es una baja de más de un 40 por ciento”. A eso añadieron el ejemplo de lo que ha sucedido en España desde la legalización del aborto, donde observaron que durante el primer año se realizaron 16.000 abortos legales mientras que hoy el número llega a 113.000. También aumentaron las mujeres que acceden por más de una vez a una interrupción legal: de 10% el primer año a 35% en la actualidad. Koch señala que el aborto legal “se usa y se repite más” con una legislación permisiva.

“Aborto legal para no morir”

Así se ha leído en algunos carteles en las marchas por la legalización del aborto. La idea proviene, seguramente, de las manifestaciones en Estados Unidos en los ’60, donde las mujeres alzaban ganchos de la ropa para representar a quienes morían desangradas al introducirlos en la vagina para interrumpir un embarazo. En Chile fue el tallo de perejil en los ’80 y ’90. Y aunque el instituto Guttmacher estima que 47.000 mujeres mueren en el mundo por complicaciones derivadas del aborto, Koch señala en la investigación que la mortalidad materna nacional es prácticamente inexistente.

Analizando las cifras de mortalidad materna por aborto entre 1979 y 2009, el estudio establece que la tendencia es a la baja, independiente de la legislación existente. Por ejemplo, para 1979, con aborto terapéutico legal, la mortalidad materna alcanzaba a las 23,4 mujeres por cada mil nacidos vivos y en 1989 -para el cambio de legislación- la cifra llegaba a 10,8. Continuó disminuyendo hasta llegar a 0,39 por cada mil nacidos vivos en 2009. “La mortalidad materna continuó su disminución aún cuando se prohibió el aborto”, señalan.

Necesidad de aborto terapéutico

El proyecto anunciado por Bachelet permitiría la interrupción legal del embarazo en tres causas: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. En la primera causa, sin embargo, los investigadores señalan que el cambio en la legislación es innecesaria. El Código Sanitario dicta que “no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Desde ese punto de vista un médico no debiera tener problemas legales para realizar un procedimiento que tenga por objeto salvar la vida de la madre, aún cuando por consecuencia se afecte al feto provocando un aborto.

Al desconocerse aún cuáles serán las especificaciones del proyecto de ley, la inviabilidad fetal puede darse para interpretaciones. Generalmente se entiende a la incapacidad de sobrevivir en caso de nacer. Entre las situaciones más comunes están los fetos que no tienen cerebro (anancefalia) o riñones (agenesia renal). En legislaciones extranjeras, sin embargo, la inviabilidad es más amplia e incluye la malformación congénita que en Chile corresponden al 3,1% de los nacidos vivos. “Por ejemplo, en países europeos con leyes permisivas, el aborto provocado en casos de síndrome de Down alcanza entre 76% y 96% de todos los casos diagnosticados”, señala el estudio. Chile tiene una de las tasas de nacimientos con esta condición más alta del mundo (2,47 por cada mil nacidos vivos), “sugiriendo que legislaciones menos permisivas, pueden contribuir a la prevención del aborto de estos niños en el tiempo” agregan.

Para estudiar la posibilidad en caso de violación, y más ampliamente, de embarazo vulnerable, los investigadores analizaron un grupo de 3.000 mujeres que llegan a un programa de apoyo de la Fundación Chile Unido. De ellas, 486 declara explícitamente intención de aborto y de ese total la mayoría de las razones estaban relacionadas a algún tipo de violencia: 44% coerción de padres, pareja o un tercero, 20,4% ocultación del embarazo por temor a reacción de padres o pareja, 2,1% abuso sexual reiterado, violación e incesto, 1,9% abandono de la pareja y 1,9% problemas de tipo psicológico o emocional: “Vemos que no hay aquí una decisión libre de la mujer”, señala Koch. Agrega, sin embargo, que en este caso no es posible extrapolar los resultados a una realidad nacional: “Si bien es una muestra bastante amplia para un estudio, no estamos considerando a las mujeres que no llegan a pedir ayuda a estos programas”.

De acuerdo al epidemiólogo, “el medio vaso lleno, es que el aborto se puede prevenir en más de 85 por ciento de los casos, lo cual es muy alentador si consideramos expandir este tipo de programas en Chile”.