SQM_logo

Con fecha 19 de marzo de este año la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, según consigna el documento al que tuvo acceso The Clinic Online, señala haber recibido la demanda colectiva de Pomerantz Law Firm contra la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), Patricio Contesse, Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos, en la que solicita que se realice un juicio con un jurado competente.

A lo largo de 71 puntos, los abogados Jeremy Lieberman y Francis McConville exponen diversos argumentos bajo los cuales requieren al juez Edgardo Ramos que los demandados paguen los daños sufridos por los inversionistas de SQM, la tarifa de sus abogados, “otros costos; y otorgue cualquier otra compensación que esta Corte pueda considerar justa y apropiada”.

La demanda está hecha a nombre de Megan Villella y de “todas aquellas personas en situación similar”; es decir, todos aquellos que hayan comprado o adquirido de alguna forma, títulos de valores de SQM transados en la Bolsa de Valores de Nueva York entre el 4 de marzo de 2014 y el 17 de marzo de 2015, incluidas ambas fechas.

El documento señala a lo largo de 22 páginas que durante un año los demandados emitieron información falsa o engañosa, u omitieron datos relevantes para “inflar artificialmente” el precio de los títulos. Particularmente, los abogados se refieren a que los ejecutivos de la empresa no informaron que “dinero de SQM era canalizado ilícitamente a campañas electorales para la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido conservador más grande de Chile”, y que “la compañía carecía de controles internos adecuados sobre reportes financieros”. Agrega que como resultado de esto “las declaraciones financieras fueron materialmente falsas y engañosas”.

Para sustentar lo anterior citan la investigación del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán por el “escándalo de soborno y evasión de impuestos que involucra a la firma financiera Banco Penta, un escándalo de corrupción que ha involucrado a numerosos políticos a lo largo del espectro político del país”. Agregan también información sobre la solicitud de información que realizó la fiscalía y la renuncia de Ernesto Silva e Iván Moreira a la presidencia y vicepresidencia de la UDI, “convirtiéndose en las primeras bajas políticas de un escándalo sobre financiamiento de campañas. Iván Moreira ha admitido que recibió aportes irregulares para su campaña”, se lee en el documento. Añade que en vista de los últimos acontecimientos, como las renuncias de los representantes de la canadiense Potash Corporation, las acciones sufrieron una baja considerable, llegando desde los $26,6 dólares la acción, a los $18,65.

De hecho, el documento pide que se investigue si acaso los demandados, por sus altos cargos, estaban en conocimiento de la información sobre financiamiento de campañas políticas y si la omitieron deliberadamente, causando un aumento artificial de los precios de los títulos transados. Se señala que se debe dilucidar “si los demandados hicieron que SQM emitiera declaraciones financieras falsas y engañosas durante el tiempo que se señala”.

En efecto, a través de la argumentación, los abogados señalan que los demandados “tenían una motivación personal para hacer declaraciones falsas y omitir información material necesaria para esas declaraciones no fueran engañosas, de forma tal de beneficiarse personalmente de las ventas de valores de SQM para sus portafolios personales”. Incluso señala que “como gerentes generales y/o directores de SQM, los demandados tenían conocimiento de los detalles de los asuntos internos de SQM”.

Incluso se agrega que Contesse, de Solminihac y Ramos serían “responsables tanto directa como indirectamente de los daños señalados aquí. Por sus posiciones de control y autoridad, los demandados eran capaces -y lo hicieron, directa o indirectamente- de controlar el contenido de las declaraciones de SQM”. Agrega que “como resultado de la divulgación de los reportes falsos y engañosos ya mencionados, comunicados y declaraciones públicas, el precio de mercado de los valores de SQM fue inflado artificialmente”. De esta forma, los abogados aseguran que se violaron dos secciones del Acta de Intercambio de Valores.

La demanda además agrega que si los demandantes hubiesen conocido la información que hoy se ha hecho pública, “nunca habrían comprado o adquirido los títulos, o no los habrían comprado a los precios inflados que pagaron”, ya que “al momento de comprar o adquirirlos, el verdadero valor de los títulos de SQM era sustancialmente más bajo que los precios pagados por los demandantes”.

Si bien no se especifica cuántos demandantes hay, la demanda dicta que se cree que son “cientos o miles” quienes habrían adquirido estas acciones en el periodo entre marzo de 2014 y el 17 de marzo de 2015, y que se puede llegar a esa información a través de los archivos de SQM. De hecho, ya son cuatro las firmas que han hecho llamados públicos para que inversionistas que hayan adquirido este tipo de documentos entre las fechas señaladas, se comuniquen con ellos para hacerse partícipes de las demandas colectivas que podrían complicar aún más a los directores y ex directores de la empresa.