La verdad tras la muerte del abuelo de Natalia Compagnon que jamás fue declarado detenido desaparecido

En la única entrevista que Natalia Compagnon dio antes del caso Caval, le advirtió a la periodista que había un sólo tema del que no hablaría: de su abuelo. Era abril del 2013, los tiempos de Sebastián Dávalos llegando en Lexus a saludar a su mamá que volvía de Estados Unidos. La periodista del desaparecido suplmento El Semanal del diario La Tercera, escribe que “hay sólo un tema que advierte no tratará: el 22 de diciembre de 1973, su abuelo, Hernán Soto Soto, desapareció desde el patio de su casa. Nunca participó en política. Hoy, su nombre figura en la lista de detenidos desaparecidos del Informe Rettig”. Luego cita a Compagnon diciendo: “Es algo que es muy privado, sensible, y por respeto a muchas personas prefiero no tocar ese tema”. En estricto rigor, el nombre de Soto Soto sí aparece en el Informe Rettig, pero como un caso “sin convicción”, como se consignó también en Revista Caras la semana pasada. En la carpeta de investigación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, a la que tuvo acceso The Clinic Online, se puede leer el informe de autopsia que determina que fue atropellado por un tren en San Bernardo.

La entrevista queda luego relatada en primera persona y al final de ella se lee a Compagnon reflexionando sobre su suegra y “don Alberto Bachelet”. Dice que su destino y el de su abuelo son similares: “Siempre he dicho que mi abuelo y el abuelo de Sebastián son nuestros dos angelitos que cuidan a nuestros niños. Viniendo de mundos muy diferentes, nuestros abuelos tuvieron una historia muy parecida. Para su familia y para la mía, es algo muy sensible. En mi caso, algo que sigue latente, no se ha cerrado y todavía se llora, pero por un tema de respeto a mi familia no quiero hablar de eso. Es un punto en común que tenemos con Sebastián”. La historia de Alberto Bachelet, sin embargo, no se parece en nada a la de Hernán Soto Soto.

Para diciembre de 1973 Hernán Soto se dedicaba a arreglar la casa en que vivía con sus nueve hijas, de los 15 que tenía en total. Vivían en La Cisterna, frente a la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea. Su desaparición, el 22 de ese mes, tomó por sorpresa a su familia. Al menos Gladys y Lide, las dos hijas que realizaron la denuncia en el Comité Pro Paz, precursor de la Vicaría de la Solidaridad que se formaría en 1976. “Ni él ni nadie en la familia tuvo problema alguno después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Solamente efectivos de la Fuerza Aérea pasaron en una oportunidad por el barrio, y todas sus casas, inscribiendo, para fines desconocidos a toda la gente que vivía en nuestra población”, relató Gladys Soto en un documento fechado en febrero de 1975. A su padre le habían perdido el rastro un poco más de un año antes y con esta instancia buscaban agotar todas las instancias.

Al momento de desaparecer, Hernán Soto tenía 59 años. Había nacido el 1 de noviembre de 1914 en Peumo, cerca de Rancagua. En sus últimos años trabajó en la hacienda Cocalán, hasta que en 1973 decidió irse a Santiago para construir una casa para sus hijas. Gladys Soto, que para ese entonces tenía 25 años, relató en su denuncia ante la Vicaría de la Solidaridad que “el día 22 de diciembre de 1973, mi padre salió muy temprano de la casa, sin comunicar a nadie dónde se dirigía. Tampoco llevó consigo sus documentos, ya que los encontramos todos en la casa. En esos días él no tenía ningún trabajo fuera de la casa, ya que se dedicaba, exclusivamente a terminar el edificio en que vivíamos”.

Como reconoce Gladys y como se relata en la entrevista de 2013, Herán Soto no tenía afiliación política, por lo que el secuestro por agentes del Estado no era la sospecha más obvia: “Pensamos en el primer momento que habría tenido un accidente o habría sido aquejado de una enfermedad, aunque era un hombre muy sano y en plena capacidad de trabajo”. Esto contrasta, sin embargo, con una publicación en el diario de la época, donde aparece una fotografía de Soto Soto bajo la cual se lee: “Lo buscan. Hernán Soto es este señor de 59 años. Se presume ande con las facultades mentales perturbadas. Viste ropa de trabajo, pantalón verdoso parchado, camisa azul, es canoso”.

Ambas hermanas también dijeron que si bien no sospechaban que este fuera un caso de violencia política: “No existía motivo para que mi padre hubiera sido detenido, pero para agotar cualquier posibilidad, consultamos en SENDET (Secretaría Nacional de Detenidos), Ministerio de Defensa, Fiscalías Militares, lugares de detención, pero nunca apareció en ninguna lista, ni proceso en su contra”, relató Lide en julio de 1991, según se puede leer en los archivos que aún mantiene la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Lide probablemente no sospechaba que en sólo cuatro meses más se conocería la verdad sobre qué había sucedido con su padre.

El misterio
Fue gracias a la investigación sobre la desaparición de Domingo Blanco que se logró reconocer el cuerpo de Hernán Soto Soto, que hasta 1991 formaba parte de los “N.N.” que ingresaron al Instituto Médico Legal a fines de 1973.

Domingo Blanco era militante socialista y miembro de la GAP, la Guardia Personal de Salvador Allende. Fue detenido el mismo 11 de septiembre y llevado a la Sexta Comisaría de Carabineros, al cuartel de Investigaciones y a la Cárcel Pública. La investigación sobre su desapareción llevó a que el 15 de octubre de 1990 se ordenara la identificación de todos quienes figuraban como N.N. desde septiembre del ’73 “hasta la fecha”. Fechado el 26 de noviembre de 1991 se remite uno de los informes firmado por Berta Belma Ruis, directora general del Registro Civil e Identificación con varios nombres de víctimas identificadas que alguna vez fueron calificadas como N.N., entre ellos, Hernán Soto Soto. Además se leía: “No registra tarjeta índice. Fecha de nacimiento sacada de pantalla. No registra más datos”.

Fue una investigación de la Universidad de Chile, casi por casualidad, la que dio con los detalles de la muerte del abuelo de Natalia Compaganon. ArchivosChile nació en 2010 como un proyecto de investigación periodística del Centro de Investigación e Información y el Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI), de la Universidad de Chile. Una de estas investigaciones fue sobre el trabajo que Instituto Médico Legal y los funcionarios del Registro Civil que acudieron a apoyar su trabajo, realizaron durante los primeros meses y años de la dictadura y sobre los problemas de identificación de víctimas. En “Registro Civil: Identidades cruzadas, cuerpos sin nombre”, se pueden leer los nombres de 22 personas que muertas entre septiembre y diciembre de 1973 y que el Registro Civil pudo identificar: “Sólo Hernán Soto no era ejecutado político; murió en un accidente de tránsito”, señala la investigación.
Hernán Soto Soto no pudo ser identificado en parte por el estado de su cuerpo, pero también por el contexto que se vivía en diciembre de 1973 en la morgue. La mayoría de las ejecuciones políticas y secuestros se realizaron durante los primeros años de la dictadura. De hecho, de 2.188 denuncias contenidas en el Informe Rettig, 1.295 corresponden a hechos ocurridos entre 1973 y 1975. Los primeros días y meses tras el Golpe resultaron caóticos para los funcionarios del Instituto Médico Legal, que fueron apoyados por funcionarios del Registro Civil frente a la cantidad de cadáveres que repletaban la morgue: “Acostumbrados a recibir un promedio de menos de 10 cadáveres al día (durante agosto de 1973 llegó un total de 286), los funcionarios de la morgue debían lidiar ahora con un número varias veces mayor”, se lee en una investigación de la periodista y corresponsal del New Tork Times, Pascale Bonnefoy para ArchivosChile: “Sólo entre el 11 y el 30 de septiembre llegaron 588 cuerpos. De ellos, 397 eran muertos por herida de bala. En un solo día, el 20 de septiembre, ingresaron 43. El día anterior, 40. Para fines de octubre, los muertos post-golpe sumaban 1.177; entre ellos, 722 víctimas de disparo de arma de fuego”, agrega.

A ese escenario llegó el 23 de diciembre del ’73, a las 21:30 horas, el cuerpo de Soto Soto, según señala el Acta de recepción de cadáveres del Instituto Médico Legal. Su cuerpo fue llevado primero a la Sexta Comisaría de San Bernardo y luego al Juzgado del Crimen de San Bernardo. Esa sería luego una primera señal de que el caso no se trataba de violencia política, porque esos casos normalmente llegaban desde fiscalías militares.

Los restos del hombre habían sido encontrados en el kilómetro 23 de la línea férrea de San Bernardo a las 16:50. Fue el doctor Exequiel Jiménez quien realizó la autopsia y señaló como causa de muerte “destrozamiento total del cuerpo”. Aunque no pudo ser identificado, en el informe de Jiménez se lee que el hombre “vestía una camisa azul de la cual sólo quedan fragmentos, un pantalón gris verdoso, oscuro desgarrado”, tal como se había descrito en la prensa. El cuerpo estuvo hasta el 28 de enero en la morgue antes de ser enviado al crematorio del Cementerio General.

El Informe Rettig
Hernán Soto Soto efectivamente figura en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como el Informe Rettig por Raúl Rettig, quien presidió la Comisión. Desde abril de 1990 hasta febrero de 1991 ocho comisionados, más unas sesenta personas de planta trabajaron en la calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Cuando entregaron su informe al Presidente Patricio Aylwin el nombre de Soto Soto figuraba entre los más de 600 casos “sin convicción”. Esto significa que “no alcanzaba a haber evidencia suficiente y conciencia para convencerlos a todos” de que se trataba de un caso de violencia política, explica José Zalaquett, abogado de derechos humanos y ex comisionado del Rettig.

Una vez recopiladas las denuncias, los comisionados se reunieron con los familiares para ratificar los relatos. En el caso de Soto Soto, Margarita Soto Acevedo, madre de Natalia Compagnon, aparece declarando el 7 de septiembre de 1990 en las oficinas de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Ahí entrega más antecedentes a la denuncia inicial de 1975, señalando que su padre “no conocía Santiago, por lo que para salir necesariamente requería la compañía de alguna de nosotros que nos ubicábamos”. También agrega que “antes de su desaparición no ocurrió nada especial” y que “él no tenía ninguna razón para salir a la calle, ni a comprar ni a ninguna otra cosa. Él dejó todas sus cosas en la casa, carné y demás pertenencias. Lo que nosotros creemos que él salió a la calle antes que terminara el toque de queda, y como él era medio sordo, le deben haber dado orden de alto y no se detuvo, por lo que lo tienen que haber detenido”.

La madre de Compagnon relata también una serie de hechos catalogados bajo el título “Daños sufridos por el grupo familiar”. Algunos de ellos son: “Mi hermana menor no recuerda nada de mi padre, y si se le pregunta si quiere que el papá vuelva, dice que no porque no lo conoció. Creo que en la muerte de mi madre influyó el desaparecimiento. Los menores pudieron seguir estudiando. El hombre estudió Kinesiología y la menor Ingeniería Comercial. No tuvimos ninguna pensión. Ni siquiera los niños fueron atendidos por la libreta del seguro”. Finalmente señala: “Nos gustaría saber si está muerto o si nos abandonó porque se aburrió de nosotros. No podemos seguir con esta preocupación durante toda nuestra vida. Es la esperanza que nos queda para saber definitivamente lo que ocurrió con él”. La declaración la firman, además de Margarita Soto, sus hermanas Gladys y Lide.

Con este tipo de antecedentes, los abogados y trabajadores sociales de la Comisión preparaban un informe ejecutivo de cada caso para que los comisionados revisaran y consideraran si calificaban o no como víctimas de violencia política. Zalaquett recuerda que “un chófer llegaba con un paquete grande de resúmenes todos los días a la casa de cada uno de nosotros, lo estudiábamos y llamábamos a la mañana siguiente al secretario ejecutivo que era Jorge Correa y le decíamos en qué casos teníamos dudas. Y se discutían, porque habían casos que eran obvios, pero habían casos que había que discutir. Y estos casos que no se tuvo convicción eran casos que no habían suficientes elementos de juicio”. La decisión, además, debía ser unánime, lo que no siempre era una tarea fácil, considerando que entre los comisionados había un ex ministro de Pinochet, un ex fiscal de Codelco y también un ex ministro de la Corte Suprema.

En el caso de Soto Soto un documento seguramente escrito previo a la entrega de todos los documentos solicitados por la Comisión, señala que “de acuerdo a los antecedentes reunidos y aún cuando se espera los documentos solicitados al Registro Civil, la informante no se ha formado la convicción que Hernán Soto Soto, sea víctima de la acción de los agentes del Estado, toda vez, que no consta que haya sido detenido por efectivos de las Fuerzas Armadas y de orden. En todo caso, no se descarta la posibilidad que, efectivamente haya sido detenido por haber violado el toque de queda y probablemente ejecutado por no haber escuchado, producto de su sordera, el alto que le fuera ordenado”. Finalmente, el “Informe individual para resolución del consejo”, que consta en la carpeta a la que tuvo acceso The Clinic Online, señala como motivo por el cual la Comisión no se formó convicción del caso es “falta de antecedentes”. Luego del trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, fue la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación la que siguió, por cinco años, investigando casos de violencia política. De la Comisión recibieron 988 denuncias, de las cuales acogieron 347 y rechazaron 641. En 2011, además, el informe conocido como Valech II recalificó 30 nuevos casos. En ninguna de estas instancias Hernán Soto Soto fue calificado como detenido desaparecido ni como víctima de violencia política.