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20 de Mayo de 2015

Fiscalía sufre traspié en caso SQM: tribunal rechaza alzar secreto bancario a hijo de senador Pizarro y a ex vicepresidente de RN

De acuerdo a la resolución dictada por la magistrada Ema Tapia Torres la petición de los fiscales Carmen Segura, Emiliano Arias y Pablo Norambuena, carecía de especificidad respecto a los movimientos bancarios de Sebastián Pizarro Cristi. La negativa incluye también al ex vicepresidente de RN y actual core en la VIII Región Claudio Eguiluz y al empresario Luis Saldías Varas, formalizado por delito tributario el 30 de abril pasado, quien está con arresto domiciliario nocturno. Este hecho complica la indagatoria, aunque los perseguidores pueden usar otros métodos para obtener la información. The Clinic Online publica íntegramente el dictamen y la solicitud del Ministerio Público.

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Un duro traspié sufrió la fiscalía en el caso Soquimich, luego que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago rechazara el alzamiento del secreto bancario a Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador y presidente de la DC Jorge Pizarro. La negativa incluye también al ex vicepresidente de RN y actual core en la VIII Región Claudio Eguiluz y al empresario Luis Saldías Varas, formalizado por delito tributario el 30 de abril pasado, quien está con arresto domiciliario nocturno.

De acuerdo a la resolución dictada por la magistrada Ema Tapia Torres, la petición de los fiscales Carmen Segura, Emiliano Arias y Pablo Norambuena, carecía de especificidad respecto a los movimientos bancarios de Pizarro Cristi.

El dictamen reza así: “Que el fundamento en el cual se basa la solicitud en “contar con información bancaria que de cuenta de la recepción de los dineros y su destino” señalando diversas boletas y facturas las cuales no tienen una relación circunstanciada con lo que se solicita y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 154 de la ley general de bancos, que señala que el alzamiento lo es sobre operaciones específicas, lo cual no es el caso. Se declara: no ha lugar a lo solicitado”

Básicamente, los perseguidores penales buscaban información sobre 11 facturas emitidas a Soquimich entre abril de 2011 y julio de 2012 por Ventus Consulting -de propiedad de Sebastián Pizarro Cristi y sus hermanos Jorge y Benjamín- que suman 45 millones.

Ventus aparece en el listado de personas y empresas que emitieron boletas y facturas y consta en la denuncia presentada por el SII el pasado jueves 2 de abril.

La fiscalía en su presentación, que publica íntegramente The Clinic Online, sostiene: “Ante el Servicio de Impuestos Internos, el representante de Ventus, el señor Sebastián Andrés Pizarro Cristi, manifestó que los supuestos servicios prestados a Soquimich… realmente corresponden a “reportes verbales” que se hacían en reuniones con un supuesto asesor de Soquimich, no existiendo otra forma de entrega de sus servicios”.

En el escrito, la fiscalía se jugó el todo o nada, señalando que las facturas en cuestión “adolecen de falsedad ideológica” y a su juicio “hechos que podrían ser calificados jurídicamente” como delitos impositivos.

A renglón seguido, estimaron que era necesario “contar con información bancaria que dé cuenta de la recepción de los dineros y su destino, para lo cuales es necesario que las instituciones bancarias remitan las correspondientes cartolas bancarias con los movimientos de saldos, depósitos, transferencias y giros de los períodos señalados y de los destinatarios de las transferencias electrónicas”. Los bancos eran Security y BCI.

Pues bien, la tesis de la fiscalía ante el tribunal no dio resultado, porque la magistrada determinó que la manera en que fue pedida era demasiado amplia.

Este hecho podría convertirse en un criterio por parte del tribunal, complicando las expectativas del Ministerio Público. Ahora bien, el organismo perseguidor podría buscar una segunda fórmula: coordinar con los abogados de Pizarro Cristi y pedir directamente los datos o solicitarle al imputado si desea alzar el secreto bancario.

Hay que recordar que Pizarro Cristi, patrocinado por José Miguel Barahona y Cristóbal Bonacic, ha decidido guardar silencio ante el Ministerio Público, aduciendo que no tiene la calidad de denunciado ni ha sido querellado por el SII.

Los otros

En la presentación de la fiscalía también constan otras dos personas. Se trata del ex vicepresidente de Renovación Nacional y actual Core de la VIII Región, Claudio Eguiluz Rodríguez y el empresario Luis Enrique Saldías, dueño de inversiones en Enjoy.

Básicamente, los perseguidores querían obtener los datos de Eguiluz entre enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, período en que -se encuentra acreditado- emitió 25 boletas por más de 125 millones a la minera no metálica y nunca realizó una contraprestación, tal como lo reconoció la propia empresa.

Respecto de Eguiluz, el Ministerio Público quería bucear en las cuentas de los bancos BBVA, Corpbanca, Santander, Security, BCI y Banco de Chile.

Dentro de los argumentos que también agregó la fiscalía, pero que no fueron acogidos por la magistrada, era que Eguiluz no sólo recibió lucas de manera personal, sino también a través de terceros que prestaron las boletas.

Los testimonio que reconocen el hecho pertenecen a Luisa de Carmen Rebolledo que cobró 40 millones y María Torres con veinte millones. Ambas cobraron, no trabajaron y le entregaron los billetes a Eguiluz. Las boletas fueron giradas en 2013 durante el año de campaña.

Hasta Ahora Eguiluz no ha prestado testimonio.

Los 1.000 millones

Otro respecto de quien la fiscalía buscaba información para contrastar sus dichos con los movimientos financieros era Luis Saldías Varas, formalizado el pasado 30 de abril por la comisión de delitos tributarios, quedando con arresto domiciliario entre las 22.00 y las 06.00.

Saldías, de acuerdo a la presentación rechazada por el tribunal, operaba a través de inversiones Enjoy, facilitando 35 facturas a Soquimich que suman más de $ 430 millones, entre 2009 a 2012.

Según declaró el propio Saldías se trata de “anticipos” que SQM le depositó para la compra de derechos de agua. Para la fiscalía, sin embargo, las “facturas adolecen de falsedad ideológica”.

A diferencia de Eguiluz, el Ministerio Público buscaba información incluso hasta el 30 de abril de 2015, ampliando el radio de eventuales delitos en el BCI, Santander y de Chile.

El ejecutivo, también es representante legal de Dasco Tecnologías que emitió facturas por poco más de 15 millones a SQM. Según el propio Saldías, en realidad no fue Dasco la firma que prestó los servicios sino Somyl. Esta última, con un capital de $ 1.000 millones también pertenece a Saldías. Además, tanto Dasco como Somyl están consideradas dentro de la nómina del SII, como “grandes contribuyentes”, al igual que Julio Ponce Lerou, sus filiales y familiares.

Las anteriores empresas, según la fiscalía mantienen productos financieros en los bancos HSBC, Santander, BCI y de Chile.

Hay que recordar que el HSBC -de origen suizo- es objeto de una investigación en Europa, ya que lavó dinero de traficantes de armas, dictadores y el crimen organizado. La información fue publicada por Ciper en febrero pasado, luego que un empleado de la entidad financiera, Hervé Falciani, la entregara a las autoridades francesas.

De acuerdo al reportaje, en los papeles aparecen Andrónico Luksic, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Óscar Lería, Álvaro Saieh y José Miguel Gálmez. Eso sin sumar a los parientes de Mario Kreuztberger, “don Francisco”. Luego de conocida esta información, el SII inició una indagatoria para determinar si estas últimas personas pudieron haber cometido delito tributario.

Lea la resolución judicial y la presentación completa de la fiscalía

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