Marcha de estudiantes en Santiago

Durante estos últimos días Rodrigo Avilés ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Van Buren de Valparaíso. La utilización de fuerza desmedida (no irracional, puesto que hay una racionalidad detrás) por parte de funcionarios de Carabineros durante la represión de la movilización del 21 de mayo dejó como saldo una veintena de heridos, un brutal ataque a una compañera y la agresión que tiene grave a Rodrigo.

Carabineros no ha ido más allá de su tradicional respuesta: eludir todo tipo de responsabilidad institucional. Riéndose de la inteligencia de todas y todos los chilenos, anunciaron una investigación interna luego de afirmar que no tienen ninguna responsabilidad en lo acaecido, es decir, es una investigación en la que antes de comenzar ya se sabe su resultado. El gobierno parte se ha pronunciado diversamente: la parafernalia de un abrazo presidencial, una inocua declaración pública del ministro Burgos la declaración del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, donde dijo que la situación de Rodrigo “parece deberse a un hecho fortuito”.

Si bien hoy tenemos una situación urgente que superar -la recuperación de Rodrigo y las medidas penales contra quienes resulten responsables- es necesario cuestionarnos cuál es el rol que cumplen las Fuerzas Especiales de Carabineros en la democracia actual, qué justifica el modo en que actúan y a qué se debe la incapacidad de los responsables políticos de hacerse cargo de estos hechos. Como se ha hecho habitual, estamos frente a una herencia institucional de la dictadura, y a la ya típica incapacidad/falta de voluntad de la vieja Concertación -ahora Nueva Mayoría- de reformarla.

Es evidente la autonomía de las Fuerzas Especiales de Carabineros respecto de sus operativos cuando tratan cuestiones de orden público. Esta libertad tiene su consagración institucional en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (art.3, inc.1), promulgada el 27 de febrero de 1990, 12 días antes de que la dictadura dejara el poder. Esto ha permitido que, ministro tras ministro del Interior, la autoridad se lave las manos frente a las responsabilidades asociadas a los excesos y abusos de fuerza cometidos en estos operativos.

Existe una primera responsabilidad política central que no podemos seguir evadiendo: Carabineros, luego de 25 años, se sostiene en una legislación que institucionalizó y proyectó para la democracia el funcionamiento represivo que tenían en dictadura.

¿Quién fiscaliza esto? La respuesta la ha dado la institución durante estos días: ellos mismos. Nuevamente volvemos al mismo problema: la autonomía en la acción de Carabineros, la incapacidad de la sociedad de controlar sus operaciones. Esto se suma a que es la Justicia Militar y no la ordinaria, la que se hace cargo de las causas donde están involucrados uniformados, lo que permite situaciones de impunidad absoluta como la representada por el caso de Manuel Gutiérrez. Ya van diez años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara a Chile terminar con esta justicia dual, pero nada ha sucedido.

Lo que se debe asegurar es que las actuaciones de la policía respecto de la mantención del orden deban estar sustentadas en una lógica ciudadana y democrática. En esta, la defensa del derecho de manifestación es lo que está detrás del mantenimiento del orden público y no una lógica de enemigo interno, donde lo que se intenta hacer es infundir terror a la ciudadanía y disuadirla de participar en movilizaciones. Lo que es relevante en este punto es comprender cuál es la política real tras el accionar de Carabineros.

Vamos a ver en los próximos días cómo, luego de la presión pública, ciertos uniformados serán sancionados de manera individual por sus responsabilidades. Pero ellos no pueden ser chivos expiatorios para intentar pasar como un error particular de un par de personas lo que en realidad es una política sistemática y permanente. Si queremos que el nunca más sea algo real, debemos observar la situación global para poder reformarla en clave democrática.

¿Qué tipo de control existe sobre el currículo de las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden? ¿Qué se les enseña? ¿Por qué sus materias no militares no se imparten en espacios compartidos con la población civil como por ejemplo las universidades estatales? ¿Cuál es el rol de los ministerios (Interior-MINEDUC) en la fiscalización de los programas educativos? Esto es fundamental a la hora de pensar la integración de estas instituciones en la sociedad, o lo que es lo mismo, su democratización: el control por la sociedad de sus Fuerzas Armadas y de Orden.

La dictadura lo que hizo fue poner por un lado a las Fuerzas Armadas y por otro a la sociedad: discutir públicamente sus políticas es también disolver lo que queda de la cultura del orden pinochetista. La tarea es, por lo tanto, invertir la relación que se ha planteado, subordinar e integrar a las Fuerzas Armadas y de Orden a la sociedad y de este modo democratizarlas. El control de los planes educativos es, por tanto, una tarea de suma importancia. No ha sido tematizado por la Reforma Educacional pero debe serlo. La Universidad de Chile dio un primer paso a fines del 2014 al anunciar cupos para conscriptos en el programa de Bachillerato: estudiantes civiles y militares convivirán en uno de los lugares de lucha emblemáticos contra la dictadura bajo un programa educativo común.

Debemos hacernos cargo de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, de modo que se encuentren realmente abocadas al rol que democráticamente decidamos que deben cumplir. Queremos un país en el que, cuando salgamos a manifestarnos, nuestros padres, amigos e hijos sepan que regresaremos vivos y sanos a nuestra casa. El que esa certidumbre no exista (así como no existió por 17 años) es propio de un régimen que puede autodenominarse de muchas formas menos democrático.

*Nicolás Fernández es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep) y vocero de las universidades privadas en la CONFECh.