La minuta reservada de Minería que acusa a Los Pelambres de no haber seguido protocolo para operación de botadero

En marzo de este año, el subsecretario de Minería, Ignacio Moreno, elaboró una minuta reservada de cuatro páginas respecto de la situación minera entre Los Pelambres y El Pachón, relacionado con las acciones judiciales emprendidas en San Juan, Argentina, en contra de la empresa del grupo Luksic por parte de Glencore-Xstrata a raíz del Botadero Cerro Amarillo, emplazado en el límite fronterizo.

En el documento, al que tuvo acceso The Clinic Online, Moreno afirma que desde 2013 la compañía de Luksic “ha sugerido la participación del Estado para efectos de enfrentar esta situación, ante lo cual se les ha manifestado explícitamente  que, sin perjuicio de poder colaborar en la búsqueda de una solución, el Gobierno tiene claridad que se trata de una situación entre dos privados”. Lo anterior, se contradice con las gestiones que finalmente se realizaron a favor de la empresa y que hoy son motivo de una investigación sumaria.

Se agrega que al solicitar los permisos para la construcción de su basurero en las alturas, Luksic omitió recurrir a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tal como era su obligación dado el lugar en que proyectaba eliminar los desechos de su actividad minera y según refiere la cartografía del Instituto Geográfico Militar de 1985.

El punto es central por dos antecedentes: 1) hasta ahora el empresario ha intentado en su defensa en Argentina asegurar que su compañía “actuó de buena fe” y que por deducción existiría responsabilidad del Estado chileno en el conflicto; y 2) para demostrar el supuesto cumplimiento de todos los pasos incluso se solicitó una carta a la ministra de Minería, Aurora Williams, respecto del correcto actuar de Los Pelambres la cual fue extendida por el jefe de gabinete, Adolfo Galindo, tal como publicó hace una semana este medio. El hecho motivó que incluso se iniciara un proceso sumario en la repartición pública.

Sin embargo, el texto de Moreno hecha por tierra esta tesis al consignar que la Cartografía del Instituto Geográfico militar señala que “con antelación a toda actividad en terreno que las personas naturales y/o jurídicas, sean de derecho público o privado, desarrollen dentro de una faja de 5 kilómetros desde el límite internacional, deberá ser consultada la Difrol”.

Sobre esto, Moreno acota que “Minera Los Pelambres ha argüido, indirectamente, que es responsabilidad del Estado haber autorizado el botadero comprometiendo territorio argentino ya que la empresa se habría basado de buena fe en una cartografía oficial del Estado. Sin embargo, Sernageomín, quien autorizó el botadero, no tiene competencia respecto a límites y sólo autoriza el botadero considerando las normas vigentes de seguridad minera. Por otro lado, la referida cartografía exige a MLP recurrir a Difrol previo a cualquier actividad en dicha zona, acción que ésta no realizó”.

Desde Los Pelambres, sin embargo, aseguran que Moreno se equivoca ya que las autorizaciones de la empresa se sustentaron en el mapa de 1996 donde no se exige que se pida permiso a la Difrol para construir y operar.

La polémica respecto del basurero -del tamaño de un Parque Bicentenario y medio emplazado a cuatro mil metros de altura- se origina luego de que el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos y se descubrió que parte del basurero minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore.

En la actualidad, en territorio trasandino, está en curso una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños y desde marzo de este año una querella criminal contra los ejecutivos de Pelambres. Y en marzo se enviaron exhortos a los ministerios de Minería y de Relaciones Exteriores de Chile para recabar antecedentes respecto de las gestiones realizadas sobre este tema.

PROBLEMA LIMÍTROFE
Otro tema que aborda la minuta de Moreno es la decisión de no involucrar en la mesa de trabajo binacional sobre el asunto al ministerio de Relaciones Exteriores “toda vez que en la Cancillería argentina hay interés de adicionar un elemento de conflicto limítrofe, el cual es inexistente”.

En referencia a este tema, Moreno recalca que “manteniendo esta actividad a nivel técnico minero no habrá oportunidad para abrir una discusión sobre un tema que no es pertinente. Este criterio sería compartido por la Secretaría de Minería Argentina”.

En cuanto a las soluciones plantea la “estabilización del botadero, utilizando canaletas de escurrimiento y recubriéndolo para minimizar el efecto del agua o nieve en la zona” y una “compensación económica” por parte de Los Pelambres para poner término al proceso judicial.

TRATO PREFERENTE

El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Los Pelambres le hizo llegar dos cartas a la ministra Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda.

En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico.

La primera petición, contenida en un documento al que tuvo acceso The Clinic Online tras consultar por el tema en el gabinete ministerial, Jana recalca que “nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.

El 22 de abril, con la firma del jefe de gabinete de Williams, Adolfo Galindo- hombre de confianza del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y miembro del grupo G90- se extendió a Jana un documento oficial, con membrete ministerial, donde se consignó precisamente lo pedido: “la buena fe” de los Pelambres en los procedimientos relacionados con el terreno en controversia.

La situación es a lo menos extraña, ya que una cartera no puede extender una calificación de este tipo a una entidad que debe regular. Un exministro destaca que no existe una atribución ministerial para garantizar la buena fe de una empresa y que frente a una solicitud de esta naturaleza lo normal es extender los permisos con los que cuenta la compañía para que ésta los use como estime conveniente. Además, agrega, la buena fe se presume en el ordenamiento jurídico nacional.

El mismo día 8 de abril, Jana -asesor jurídico técnico de Chile en la demanda de Bolivia ante La Haya, amigo del senador Ricardo Lagos Weber y del exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter- envió una segunda carta a Williams en que, aludiendo a la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y Transparencia, pidió “todos los análisis efectuados, los resultados obtenidos y cualquier conclusión emanada” del peritaje técnico el 30 de enero realizaron funcionarios de Chile y Argentina en las las aguas aledañas al botadero y que, por indicación del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín) fueron llevadas la consultora SGS.

El 22 de abril, desde el gabinete de la ministra se entregó una copia de los estudios a Jana, pero éstos no tenían timbre oficial por lo que el abogado insistió en tener acceso a documentos formales. El 28 de abril, Sernageomín entregó los resultados al ministerio de Minería y 48 horas después, otra vez a través de Galindo, se derivó el estudio a Jana.

Lo anómalo del caso no es que Jana haya elegido una vía directa para hacer la petición que podría haber realizado a través de la web institucional, sino que no se haya generado, tras la petición, un número de atención, paso que la ley 20.285 contempla como obligatorio, y que le hubiera permitido al abogado conocer si se estaban cumpliendo los plazos legales establecidos.

Es más, el 8 de mayo, una semana después de que Galindo entregó el estudio -que fue presentado en el tribunal de San Juan- se ingresó al sistema la solicitud de Jana con fecha estimada de resolución del 20 de mayo, pero se consignó que ya había sido respondido todo vía sistema.

El caso, que publicó hace una semana The Clinic Online ha sido motivo de polémica dentro de la cartera de Minería donde hoy están en curso procesos administrativos.