Focalización o derechos sociales: las cosas por su nombre

La dirección del Partido Comunista ha tocado fondo. Su ingreso al Gobierno no se tradujo en restitución alguna de los derechos sociales perdidos en educación, salud o previsión durante la dictadura, una bandera que por décadas la Concertación se ha resistido a asumir. Su presencia tampoco ha significado un fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores. Peor aún, bajo la conducción de Marcos Barraza (PC), el Ministerio de Desarrollo Social se abocará a fortalecer una política social focalizada, que fue diseñada por el gremialismo en los años ochenta para suprimir el compromiso estatal con amplios sectores de la sociedad.

En efecto, a comienzos de la dictadura, la Oficina de Planificación Nacional -liderada por el gremialista Miguel Kast (1978-1980)- reformuló radicalmente el carácter solidario y universal de la política social del Estado. En adelante, la acción estatal prosiguió una línea “subsidiaria” que se declaraba en beneficio de los “verdaderos pobres”, suprimiendo derechos sociales ganados por los antiguos sindicatos de obreros y asociaciones de empleados públicos, y sus respectivos partidos políticos, tras décadas de lucha.

La focalización de subsidios buscó fomentar una suerte de “pinochetismo popular” en los grupos marginales, ahondando con ello las diferencias dentro del campo popular. Pero más grave todavía, estas políticas resultaron una forma sumamente eficaz de desarticular las bases de sustentación de los partidos que organizaron políticamente a la mayoría de los obreros en Chile. En adelante, los trabajadores han debido asegurar su subsistencia de forma individual en el mercado. Al mismo tiempo, se ha promovido la expansión de nuevos grupos empresariales amparados en este nuevo “capitalismo de servicios públicos” que, desde entonces, prestarán en forma creciente esos nuevos servicios con apoyo estatal. Por consiguiente, fomentar una política social que promueva la restitución de derechos universales es totalmente contradictoria con la focalización ya que la primera estimula la rearticulación de intereses sociales y, a la vez, se confronta con grupos empresariales que rentan con la prestación de “servicios públicos”; en cambio, la segunda, elude estos objetivos.

Los fundamentos de la política focalizada no han sido alterados en lo sustantivo durante todo el periodo democrático. Por el contrario, los gobiernos de la Concertación profundizaron la mercantilización de la vida social, amparada en el desmantelamiento de los viejos servicios públicos. Ejemplos de ellos son Chile Solidario, Chile Crece Contigo, los vouchers que otorga el Plan Auge, las subvenciones en educación o el pilar solidario del sistema previsional. Se trata de una política social sumamente restrictiva que no pudo ser aplicada con tal radicalidad en el Brasil de Cardoso, en el México de Salinas de Gortari o en la Colombia de Uribe.

Durante el segundo gobierno de Bachelet, se ha hablado de pasar de una concepción unidimensional a una multidimensional de pobreza, de la eventual modificación de la Ficha de Protección Social (FPS) para mejorar la asignación de los recursos o de la ampliación de los montos de la cobertura de bonos. Todo con el propósito de mejorar tal focalización de la política social estatal. Ello puede permitir atenuar en algún grado las angustiantes condiciones de vida de millones de chilenos; pero en ningún caso significa cambios sustantivos en la concepción subsidiaria y focalizada de la política pública heredada de la dictadura. Luego, los recientes anuncios del Ministerio de Desarrollo Social no significan un avance en la construcción de derechos sociales universales.

Los gremialistas tenían claro el propósito de la focalización: mantener un gasto social reducido en un Estado que tiene otras prioridades, como subsidiar a los grupos empresariales; paliar los efectos sociales más severos que genera la concentración extrema de la riqueza; pero, sobre todo, desmantelar las viejas formas de participación de los trabajadores en la política estatal. En ese sentido, la focalización fue una de sus armas predilectas para impedir la reconstitución del tejido social forjado durante el siglo XX y, en específico, las bases de sustentación de los partidos de izquierda.

Ahora bien, el problema no se limita a la reducción de la democratización social. La privatización que alcanzan las condiciones de vida en el neoliberalismo criollo, y que la política focalizada alienta en modo extremo, restringe también la democratización política. Precisamente, el avance de la mercantilización no se contrapone tanto al declive del Estado en la sociedad –como pregona la izquierda histórica- sino más bien afecta el carácter de la democracia en cuanto tal. Esto último, dado que para sostener una orientación estatal subsidiaria que beneficia la acumulación privada de ciertos grupos empresariales, es necesario que las tecnocracias secuestren el espacio público de las discusiones políticas más relevantes. Lo anterior termina condicionando el desenvolvimiento de una democracia política sustantiva (que tiende a elitizarse cada vez más), así como también le niega a la propia sociedad civil herramientas para que resuelva de forma colectiva sus problemas.

Por todo lo anterior, resulta impactante que el recién nombrado Ministro de Desarrollo Social crea que mediante la ampliación de la cobertura de la focalización se puede garantizar derechos sociales universales. Es lo uno o lo otro. Y todo indica que la política del Gobierno es dar más y mejor focalización. En definitiva, un ministro comunista se dedicará a ejecutar políticas sociales que han permitido proyectar la desarticulación social y política de las fuerzas subalternas en democracia.

*Carlos Ruiz, Presidente Nodo XXI
Giorgio Boccardo, Director Nodo XXI