Guerra de Aparcaderos: El paco, el narco, el político y el General

Francisco Cortez Lovera no conocía La Moneda por dentro. Dice que en los nueve años que trabajó en Carabineros jamás había pisado el palacio de gobierno y que esa tarde, a fines de septiembre de 2013, fue su primera vez. En la puerta que da hacia la Alameda, entre dos enormes policías que custodiaban la entrada, apareció un hombre vestido de garzón y lo invitó a pasar. Era un viejo conocido de su jefe, Franco Cortez Véliz, el dueño de un aparcadero en Lampa.

Recuerda que se identificó en la guardia, luego subió por una escalera y el mozo lo invitó a pasar a la oficina de Mario Contreras Silva, funcionario del Ministerio del Interior, experto en materias de orden público y gestión territorial.

“Viene de parte de mi amigo”, habría dicho el mozo, como presentándolos, y luego se retiró discretamente. Cortez le explicó a Contreras lo mismo que su jefe le había repetido hasta el cansancio: Que existía un aparcadero irregular que estaba amenazando el negocio y si podía intervenir con alguno de sus contactos. El ex coordinador nacional de la UDI y ex concejal de San Joaquín se habría comunicado con un oficial de Carabineros, exponiéndole los hechos y acordando mandarle más antecedentes a la brevedad. Cortez recuerda que escuchó el nombre de Gustavo González Jure, en ese entonces subdirector, hoy General Director de Carabineros.
Fue así como el ex uniformado, asegura, conoció La Moneda.

El mozo de palacio, Miguel Ángel Cáceres, niega rotundamente la historia, pero asegura conocer a Franco, un viejo amigo del barrio, compañero de equipo en el club Independencia de Maipú, con antecedentes por tráfico de drogas, homicidio y clonación de vehículos. En verdad cuesta creer que un funcionario de La Moneda, a instancia de un garzón, interceda por un desconocido narcotraficante dueño de un aparcadero.

Lectura de foto: Miguel Cáceres, el mozo de La Moneda

Verdad o mentira, lo anterior solo complementa lo que sucedería después. Cuatro meses más tarde de la supuesta reunión, en la 41 notaría de Santiago, se constituyó la sociedad Lycaon Limitada para administrar un nuevo aparcadero, esos inmensos terrenos baldíos donde llegan todos los vehículos confiscados por carabineros, con el nombre de fantasía de Eagle Car. Desde entonces, Mario Contreras y Franco Cortés -el político de La Moneda y el desconocido narcotraficante- comenzaron a hacer negocios juntos.

El narco

Le seguían la pista desde la calle El Olimpo, en Maipú, a escasas cuadras de la Autopista del Sol. El 25 de octubre de 2010, al mediodía, comenzó la persecución. Los agentes del OS7 atravesaron al menos tres comunas sin perder de vista el vehículo. Cuando el conductor, Franco Cortez Véliz, atravesó la calle Emilio Figueroa, entre 10 de Julio y Copiapó, la policía de civil lo interceptó.
En el automóvil encontraron lo que buscaban. Al interior de una mochila, ubicada en el asiento trasero, había 15 paquetes con clorhidrato de cocaína: un kilo 617 gramos. También encontraron una pistola marca Loncin, calibre 380 y 12 balas. Cortez Véliz, con un homicidio a cuestas en el año 1998, quedó a disposición del 9 Juzgado de Garantía de Santiago y fue formalizado por tráfico de estupefacientes.

El 14 de noviembre de 2011 lo condenaron a 200 días de presidio y una multa de 10 UTM, luego de acogerse al beneficio de la cooperación eficaz. Franco, dicho de otro modo, abrió la boca para salvar su pellejo. Los detalles de su confesión son desconocidos. Todo indica, sin embargo, que reveló el modus operandi de una operación mayor.

Después de la cárcel Cortez Véliz tuvo que reinventarse. Sabía que la policía le respiraba en la nuca y que su única forma de escapar era blanqueando sus negocios. Sus años en el mundo delictivo le sirvieron de know how. Antes de ser detenido por narcotráfico, en noviembre del año 2009, fue sorprendido junto a Cristián Moreno, mientras abordaban una camioneta Nissan Terrano en Coyhaique. El vehículo tenía adulterado el número de chasis, motor y permiso de circulación. La Brigada Investigadora de Robos se contactó con la supuesta dueña, comprobando que le habían robado los documentos y que nunca había comprado la camioneta. La fiscalía dio un plazo de 60 días para la investigación y Franco quedó con arraigo nacional.

La clonación de vehículos, por entonces, era un negocio rentable. Franco conocía bien el rubro y decidió, luego de cumplir la condena por tráfico, incursionar en un negocio legal donde las utilidades también provenían de los autos: los aparcaderos. El negocio requería empleados con experiencia en el manejo de oficios, detección de documentación falsa y los procedimientos habituales de los vehículos en custodia. Un trabajo ideal para un excarabinero. El rubro siempre necesita de ellos. Sus contactos. Los códigos del gremio.
Fue así como llegó al negocio Francisco Cortez Lovera.

El paco

Estaba dormido frente al volante, cuando el incesante sonido de una llamada en su celular interrumpió su borrachera. Francisco Cortez Lovera despertó estacionado a un costado de la carretera que une Santiago con Colina, sin recordar cómo la intensa noche de juerga lo había llevado hasta allí. Contestó el llamado pensando encontrar respuestas en el teléfono, pero el mensaje que le dieron solo sembró incertidumbre: “te buscan los pacos”, le advirtió su hermana.
El cabo no lo sabía, pero horas antes se había convertido en uno de los criminales más buscados de la capital. Juan Carlos Obando, apicultor de Colina, lo había denunciado por el robo frustrado de dos panales de abejas. Agregó, además, que el carabinero llegó ebrio a su casa, lo golpeó y uno de los sujetos que lo acompañaba intentó abusar de su esposa en el baño. Mostró una contundente prueba contra ellos: un celular que uno de los asaltantes perdió en el forcejeo. Un burdo error.
El aparato pertenecía al cabo Raúl Vásquez Lincoñir, amigo de la infancia y colega de Cortez. 12 horas después, ambos carabineros fueron detenidos. En la comisaría, Cortez dijo que no había querido robarle los panales a Obando, sino que comprárselos. Relató que estaba con licencia médica por una hernia en la espalda y que el día anterior se había infiltrado para ir a bailar a la discoteque Ovni. La mezcla de Tramal con whisky, asegura, lo hizo perder el control. Al salir al estacionamiento, cerca de la una de la mañana, partió a la casa del apicultor. Cuando este se retractó del negocio comenzó una discusión.

-Mi amigo le orinó la reja y eso más lo molestó. Le dije que era un viejo maricón, que no sabía hacer negocios y él me dijo “paco culiao, andai curao”, y nos lanzamos unos manotazos. Después fui a dejar a mi amigo a la casa de sus papás y me fui al ‘Cappi-Club’, un bar de Maipú –recuerda hoy Cortez sobre esa noche de locura.

Francisco Cortez, sin embargo, no siempre fue de meterse en líos. Hubo un tiempo en que sus jefes lo consideraban un sobresaliente funcionario. A veces, incluso, un tanto arriesgado. En el 2003 fue el héroe de un procedimiento en el que recibió dos balazos en el brazo, durante la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez. Por ese accidente fue trasladado a la 32 comisaría del tránsito, como acompañante de los fiscalizadores del ministerio de Transporte, un trabajo menos peligroso por el que recibiría la misma remuneración. Eso no le impidió ser nuevamente el centro de atención. El 27 de noviembre de 2007, mientras estaba de turno con uno de los fiscalizadores, quedó en medio de un robo a una bencinera. Cortez no dudó en intervenir. Persiguió al ladrón cuatro cuadras y lo redujo tras disparar al aire. Su temeraria actitud le hizo acreedor del reconocimiento ‘Acción policial destacada’, algo así como una anotación positiva en su hoja de vida.

Al día siguiente, Cortez Lovera fue ascendido a cabo segundo. El 20 de octubre de 2008, sin embargo, el juez de garantía de Colina lo dejó en prisión preventiva, bajo el cargo de robo con intimidación, por la denuncia de Juan Carlos Obando. A Cortez lo atormentaba pensar en el castigo. A fin de año estaba previsto su ascenso a cabo primero, lo que aumentaría su sueldo base en 140 mil pesos, dinero que tenía presupuestado para estudiar derecho. Si finalmente era condenado, todos sus planes se iban al carajo. Su mala racha no acabó allí. Por error fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad durante un mes, y luego se pasó cinco meses en Santiago Uno, hasta que su abogado logró cambiarlo a un anexo especial en la subcomisaría de Pudahuel Norte. Allí estuvo hasta el 4 de noviembre de 2009, cuando el tribunal oral de Colina lo absolvió por unanimidad. Los jueces argumentaron inconsistencias y falta de claridad en las declaraciones de Obando, su familia y los carabineros a cargo del procedimiento.

La medida, sin embargo, no evitó que Cortez fuese dado de baja. Aunque el alto mando reconoció su inocencia, consideró que ir a bailar y quedar ebrio durante una licencia médica era una falta grave. Cortez terminó cesante, pero se reinventó rápido. Decidió ocupar el conocimiento adquirido en la comisaría del tránsito y se empleó con un receptor judicial. Al poco tiempo se transformó en un experto recuperador de autos con problemas legales. En eso estaba hasta que en julio de 2012, un empresario de ladrillos lo contactó con Franco Cortez Véliz, dueño de un nuevo aparcadero en Lampa, quien lo reclutó como administrador.

El Mercado

Francisco y Franco formaron una extraña dupla en el aparcadero: por un lado, un ex carabinero absuelto por robo con intimidación, y por el otro, un homicida y narcotraficante reconvertido en empresario. Ambos tenían un acuerdo tácito sobre los aportes que cada uno haría en el negocio: Franco, el capital, y Francisco, el mercado.

Su primera misión fue atraer clientes. Si convencía a los comisarios de enviar sus autos a New Parking, el negocio de Franco, las ganancias serían millonarias. Para hacerlo, mandó innumerables oficios a los cuarteles promocionando el nuevo corral y en poco tiempo las comisarías de la Prefectura Norte comenzaron a enviarle sus vehículos.

-Nos mandaban autos de Huechuraba, Independencia, Renca, Quilicura, Conchalí, y otras comunas más. A las comisarías no les gustaba tener autos estacionados afuera y a los alcaldes solo les preocupaba quedarse con la multa que debía pagar el chofer del vehículo infraccionado. Identificamos un mercado y lo ganamos –recuerda Francisco.

El negocio fue todo un éxito. El primer mes ganaron 12 millones de pesos. Al aparcadero llegaban camiones, autos, motos, triciclos, y buses, todos por diferentes motivos: infracciones, órdenes judiciales, asegurados por choque, o abandonados en la vía pública. Cobraban siete mil pesos más IVA por cada día de custodia y cuando un auto estaba más de seis meses, la ley los facultaba a rematarlo y quedarse con lo recaudado. Si el dueño quería salvar su vehículo debía cancelar la deuda total, que en un semestre fácilmente podía superar el millón y medio de pesos.

-El negocio estaba en el remate de autos, de ahí salía la plata. Igual se ganaba harto cuando los clientes pagaban lo adeudado, pero también había tribunales que ordenaban el retiro de los vehículos sin pagar nada, y ahí nos íbamos a pérdida –cuenta Francisco.

New Parking apareció en la época dorada de los aparcaderos, cuando las municipalidades ya no estaban destinando terrenos fiscales para estas labores. Casi una década antes de que este rubro se convirtiera en un pujante negocio, y cuando la Región Metropolitana tenía apenas un millón de autos, las autoridades del ministerio de Obras Públicas (MOP) comenzaron la tramitación de una alianza público-privada que prometía crear el aparcadero más moderno de Latinoamérica.

La idea consistía en edificar un gran recinto amurallado de 25 hectáreas, equipado con tecnología de vigilancia de punta, donde las comunas enviarían los autos acumulados en sus corrales y los que en el futuro salieran de circulación. Para que el negocio fuera rentable, en el 2005 el MOP inició una serie de conversaciones con distintos alcaldes de la región, con la idea de asegurar un atractivo mercado a licitar. Veinte municipios firmaron el acuerdo, entre ellos Peñalolén, Cerro Navia, La Reina, La Florida, Puente Alto, Santiago, Independencia, Estación Central, San Bernardo y Vitacura.

El 5 de mayo de 2010, cinco años después de iniciado el proceso y con un parque vehicular tres veces más grande, el MOP dio a conocer al ganador de la licitación. El negocio, a dos meses de haber asumido Piñera, quedó en manos de un tridente de centro derecha vinculado a la propiedad de la Universidad San Sebastián: Luis Cordero, ex militante y fundador de la UDI; Andrés Navarro, dueño de Sonda y amigo del presidente; y Alejandro Pérez, ejecutivo del grupo Angelini a cargo de Celulosa Arauco cuando se murieron los cisnes de cuello negro en Valdivia. Así nació Custodia Metropolitana, el aparcadero más grande de Latinoamérica.

El futuro aparcadero se convirtió en una amenaza real para el resto del mercado. Al momento de entrar en funcionamiento, solo quedarían 32 comunas en disputa. Mientras tanto, Franco y Francisco tenían en sus manos un millonario negocio. A pocos meses de entrar en funcionamiento, New Parking logró un flujo de 60 autos diarios, una máquina de hacer dinero que pronto se fundiría. Fue en ese período que afloraron las desavenencias entre el dueño y su administrador.

-A Franco lo cambió la plata. Al principio era muy caballero, pero cuando vio el lucro del negocio, comenzó a hablar con otro tono. Al final, se puso altanero: nada era por favor, todo lo ordenaba –cuenta un excuidador que vivía en el aparcadero.

El excarabinero recuerda que en junio de 2013 llegó un auto sin oficio y eso lo preocupó. “Pregunté y me dijeron que lo había traído un primo de Franco, lo consulté y tenía encargo por robo”, recuerda.

Un mes después Francisco denunció a su jefe en la brigada de robos de la PDI. Al día siguiente, Franco pasó a control de detención por receptación. Cuando quedó en libertad, llegó al aparcadero en busca del traidor. Culpó a su cuidador. Lo amenazó de muerte y el altercado terminó en la fiscalía, con prohibición de acercarse a la víctima. Mientras Franco volvía a sentirse seguro, Francisco Cortez comenzó a investigarlo en secreto. Como si fuese un policía infiltrado, y no un trabajador más, se pasaba el día anotando pistas. Llegó incluso a elaborar una minuta con las faltas y delitos de Franco. El documento incluía detalles de remates ilegales y las veces que ocupaba autos de lujo que estaban en custodia para hacer sus trámites personales.

El 24 de diciembre de ese año, Francisco Cortez agarró una carpeta con todas las acusaciones y nunca más volvió a New Parking. Antes de salir, cruzó unas palabras con un exaltado Franco. “Te voy a meter preso y adentro te la voy a cobrar”, lo habría amenazado.

Lectura de foto: Francisco Cortez y Francisco Olguin, ex carabineros vinculados al Aparcadero Metropolitano

Diez días después, el dossier de ilegalidades de Franco estaba sobre un escritorio del departamento de encargo y búsqueda de vehículos. Meses más tarde New Parking sería clausurado. Si bien Francisco reconoce que todo lo hizo por su ética policial, lo cierto es que llevaba un par de meses preparando su retiro. El 29 de noviembre de 2013, su pareja Angélica Alcota, inscribió la sociedad Aparcadero Metropolitano, facilitando su reingresó al rubro en la comuna de Pudahuel. Reclutó, además, al excarabinero Francisco Olguín que asumió como gerente de operaciones. Franco y Francisco, desde entonces, comenzaron a disputarse el mismo mercado.
Fue el comienzo de la guerra.

Los políticos

El 6 de octubre de 2014 llegó al aparcadero de Francisco Cortez un Subaru Legacy gris del año 2009. Tenía los papeles vencidos y había sido enviado por funcionarios de la 25 comisaría de Maipú. Hasta ahí un procedimiento de rutina, salvo por un detalle. Al revisar los antecedentes del vehículo Francisco comprobó que había sido inscrito por Carlos Aretxabala, miembro de la banda “Los Carniceros”, dedicada al robo de cajeros automáticos, y que luego fue adquirido por Franco Cortez. Adentro del auto, además, Francisco encontró los documentos de la sociedad Eagle Care, el nuevo aparcadero que reemplazaría al clausurado New Parking, constituida el 20 de enero de ese mismo año. La señal, según Francisco, era clara. Su exempleador, y actual rival de mercado, le estaba advirtiendo sobre la llegada de nuevos socios. Si bien Franco no figuraba explícitamente en la empresa, sí lo estaba su pareja, Karin Ramírez, y un primo suyo, Alexis Véliz. También otras dos personas: el funcionario del ministerio del Interior, Mario Contreras, y la gobernadora de la provincia de Chacabuco, Angélica Antimán. Ambos militantes de la UDI y, en ese entonces, funcionarios activos del gobierno de Piñera.

Alexis Véliz, el ingeniero comercial primo de Franco, cuenta que este le prestó dinero para ingresar a la sociedad y fue él quien puso a su familiar en contacto con Mario Contreras, a quien había conocido años atrás en Tongoy. Un tipo, a todas luces, bien conectado. Alexis vio en Contreras una persona idónea para emprender aquello que los economistas llaman networking. Una palabra de moda en los libros de marketing que se refiere a las redes de contacto necesarias para que un negocio sea rentable. En simple, como asegura Alexis, Contreras sería la persona encargada de “abrir puertas”.

El funcionario de La Moneda, de hecho, sumó al proyecto a la entonces gobernadora de la provincia de Chacabuco Angélica Antimán, que estaba a unas cuantas semanas de abandonar su cargo. “La idea es que ella nos permitiera llegar a los municipios y nosotros hacer la presentación del aparcadero”, explica Alexis.

Lectura de foto: Angélica Antiman, ex gobernadora de la Provincia de Chacabuco

El ingeniero comercial ya había afinado el modelo de negocio. Su idea era entregar una “performance de servicio integral” con guardias, cerco eléctrico, circuito cerrado de televisión, seguro asociado al vehículo y bajos precios. Cuando se reunió con Antimán, en un café del Costanera Center, Alexis le aseguró que el margen de ganancia bordearía los 9 millones de pesos mensuales. La ex gobernadora, que acudió a la cita con su abogado, y donde asegura también estuvo Franco, escuchó atentamente la propuesta. “Me contaron que se iban a instalar en un terreno, que era un buen negocio, y que allí recibirían los vehículos provenientes de los juzgados, carabineros y municipalidades”. La iniciativa parecía auspiciosa y Antimán aceptó. “No lo hice pensando como gobernadora, si no como una futura cesante”, aclara.

Eagle Car comenzó a funcionar el 14 de febrero de ese mismo año. Contreras peregrinó por varios municipios. Se reunió con el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, de Conchalí, Carlos Sottolichio, y de Lo Espejo, Miguel Bruna. Cuando no podían llegar al edil, hablaban con el jefe de finanzas. “Si había chispa”, las conversaciones continuaban. La estrategia no funcionó.
Contreras comenzó a tener dudas. Le dijo a Alexis que era un negocio de puros malandrines, que había mafias metidas y existía una pésima imagen del gremio. La suerte no lo acompañó. Tras la salida de Piñera quedó sin trabajo estable y su señora murió a fines de ese mismo año. Ni una sola corona de la UDI llegó a su funeral. Pese a todo, Contreras siguió adelante con el negocio. Fuentes cercanas al exasesor de La Moneda aseguran que no se arrepiente. “Nunca supo que Franco era narcotraficante”, aseguran. Una tesis poco convincente viniendo de un experto en orden público. Bastaba con googlear a Franco para saber su prontuario.

Las gestiones por introducirse al mercado continuaron. Eagle Car, sin embargo, no logró despegar. Angélica Antimán, preocupada de su cesantía, consiguió trabajo en la municipalidad de Lampa como directora de salud en mayo de 2014, el mismo municipio donde estaba instalado el aparcadero en que ella figuraba como socia. La fecha coincide con la solicitud de patente que la empresa requiere y que, según algunos concejales, jamás habría sorteado la aprobación del consejo, pero que pese a todo se otorgó.

Antimán decidió abandonar la sociedad en agosto de 2014, presionada por su doble militancia, intentando evitar un juicio por tráfico de influencias. “Fue por una cuestión de transparencia”, explica. La salida de la exgobernadora fue bien evaluada por sus socios. Alexis asegura que su aporte fue nulo, “un cero a la izquierda”, y que fue un alivio que abandonara el negocio.
Las cosas tampoco terminaron bien para Mario Contreras. El exasesor de La Moneda fue citado a declarar, el 15 de enero de 2015, en calidad de imputado en el caso Penta. Sus años como coordinador nacional de la UDI lo convirtieron en blanco de sospechas y ante el fiscal Carlos Gajardo prefirió guardar silencio.

Luego de la salida de Antimán, la estrategia de Eagle Care cambió de rumbo. Mario Contreras y Alexis Véliz enviaron una carta al entonces General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, denunciando al Aparcadero Metropolitano como un establecimiento ilegal. Varias comisarías comenzaron a enviar sus vehículos a Eagle Car. El networking había funcionado.

El General

Lectura de foto: Mario Contreras, ex coordinador de la UDI en el patio de La Moneda

“Quiero hablar con la corrupta de la alcaldesa”, gritó Francisco Olguín, gerente de operaciones del Aparcadero Metropolitano, en cuanto pisó el municipio de Lampa. El excarabinero avanzó decidido hasta la oficina de la autoridad comunal, Graciela Ortúzar, y se sentó en su escritorio a esperarla. Fue el jueves 23 de julio de este año, poco después de las 5 de la tarde, y lo acompañaba Francisco Cortez.

El motivo del escándalo se debía a que Eagle Care había efectuado un remate, pese a una orden de clausura en su contra por no cumplir con las exigencias de la Seremi de Salud. Cortez asegura que llamaron a la municipalidad para informarles y nadie quiso atenderlos. “Se rieron de nosotros”, alega.

Los excarabineros se sentían perjudicados porque nadie se hacía cargo de su denuncia. A esa altura, el Aparcadero Metropolitano no recibía autos desde fines de marzo, y ambos sospechaban que detrás de eso estaban las gestiones que Mario Contreras y Alexis Véliz habían hecho ante Carabineros para desprestigiarlos. Tenían razón.

El 16 de marzo de 2015, cinco meses antes del escándalo de Olguín, Contreras y Véliz le enviaron una carta al General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, con el objetivo de denunciar al Aparcadero Metropolitano. Argumentaban que seguía funcionando, pese a que tenía una orden de clausura de la municipalidad de Pudahuel de mediados de febrero de 2014, por no contar con la patente. En la carta también le hacían saber que los dos exuniformados involucrados en el negocio podían perjudicar la imagen de la policía.

Contreras y Véliz aprovecharon la oportunidad para promocionar su propio emprendimiento: “Eagle Care está autorizado con sus respectivas patentes comerciales y reconocido por la alcaldesa Graciela Ortúzar, de Lampa, como el más seguro y tecnológico del país”, agregaron.

Haciendo eco de la denuncia, el 29 de abril de 2015 el coronel Rubén Ahumada, a cargo de la prefectura Occidente, le mandó una carta al alcalde de Pudahuel Johnny Carrasco. El oficial le solicitó, a nombre del General Director, que si el aparcadero no contaba con la patente debía ser clausurado. Un mes después el mismo Ahumada ordenó a las comisarías, a través de un documento interno, “abstenerse de enviar vehículos a dicho recinto”, pese a que en el municipio había registro del pago de la patente. El Aparcadero Metropolitano dejó de recibir autos y Eagle Care comenzó a despegar. “Es como si el Jumbo denunciara al Líder y Carabineros decidiera cerrarlo”, explica Francisco Cortez.

Según Carabineros, el conflicto generado entre los dueños de los aparcaderos está dentro del ámbito de lo privado y que su gestión solo consistió en canalizar la denuncia. En la institución aseguraron que aunque todos los registros dicen que se le dio curso por orden del General Director, la frase es sólo un formalismo y no quiere decir que Gustavo González Jure haya estado en conocimiento.

Con o sin lobby, la gestión de Contreras y Véliz terminó por encumbrar a Eagle Care. El período de prosperidad lo describen como un ‘veranito de San Juan’, llegando a un flujo diario de 20 autos en promedio. Para Cortez y Olguín, en cambio, el negocio se fue a pique. Además de no recibir autos, hace pocas semanas debieron abandonar el terreno en el que estaban porque por allí pasará el nuevo acceso norte al aeropuerto de Santiago. Hoy están decididos a cambiar de rubro. Lo último que hicieron fue remitir los antecedentes al ministerio del Interior. La batalla no termina.