cheyre

El pasado 15 de mayo, en la calle San Sebastián, en el sector de avenida El Bosque, se formalizó una escritura pública en la notaría Mendoza. En el documento iban dos firmas. La primera del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y la segunda a quien le confirió el rol de abogado defensor, el penalista Jorge Bofill.

El documento, después de casi cinco meses, fue presentado el 6 de octubre pasado en la Corte de Apelaciones de La Serena, donde Bofill asumió -en los hechos- como patrocinante del ex militar, en una indagatoria que sustancia el ministro Vicente Hormazábal, por las torturas sufridas por una serie de personas en el regimiento Arica de la ciudad de La Serena, donde Cheyre fungía como oficial en los días posteriores al golpe de 1973.

En este caso, Cheyre debió declarar el mismo día por las imputaciones que le han hecho en el expediente Yelena y Natacha Monroy. En la querella ambas aseguran que Cheyre llegó a allanar su domicilio el 6 de octubre de 1973 junto a otros militares, donde procedieron a golpear y detener a sus padres Orlando Monroy y Elena Rodríguez. Tanto Yelena como Natacha eran menores de edad al momento de los hechos y debieron vivir más de un año en la Cárcel del Buen Pastor, que se había convertido en un centro de detención.

A los anteriores, entre otros testimonios, se suman los de Oscar Olivares y Cecilia Marchant quienes también sindican a Cheyre como cómplice de las torturas en el recinto militar, no sólo en sus testimonios, sino también en el careo que tuvieron con el ex militar a mediados de año.

Este caso sólo tiene como querellante particular al histórico abogado que persiguió a la Colonia Dignidad, Hernán Fernández. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior no es parte en el caso, ya que se trata de torturas.

Otro caso

Esta es la primera vez que Bofill comparece ante el magistrado Hormazábal en representación de Cheyre y ya solicitó conocimiento del sumario.

Este caso de apremios es una derivada de llamado caso “Caravana de la Muerte”, comitiva militar dirigida por el general Sergio Arellano Stark, quien recorrió Chile a bordo de un helicóptero Puma, con la orden de “acelerar” los consejos de guerra en los días posteriores al golpe. Es tramitado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricia González, por la desaparición de quince personas.

Bofill debe defender a Cheyre de las declaraciones de testigos civiles y militares que le imputan estar en conocimiento de las prácticas inhumanas en el regimiento Arica de La Serena.

En ambas indagatorias Cheyre ha negado participación y, de hecho, el tribunal de alzada capitalino como también la magistrada González han rechazado someterlo a proceso, pese a la petición del abogado querellante Cristián Cruz.

Vínculos

Bofill está dentro del grupo de penalistas más importantes e influyentes del país. Comparte estudio con Ricardo Escobar, el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En ese contexto, tiene patrocinios en los casos Penta con el ejecutivo Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, todos formalizados por delitos tributarios.

Ha sido también abogado de Julio Ponce Lerou antes del caso SQM y también lo representa ahora que es indagado por la fiscalía. A través de su abogado Esteban Ananías Zaror, patrocina a Carolina Gacitúa en el caso Corpesca, quien fungía como asesora de Jaime Orpis.

Su currículum incluye el haber sido uno de los cerebros de la Reforma Procesal Penal, ex candidato a fiscal nacional, asesor de comisiones parlamentarias y defiende también al ex director de La Polar, Pablo Alcalde, entre otras actividades, como el ser académico de la Universidad de Chile.

Quien asesora a Cheyre en materia comunicacional es Imaginacción, empresa del ex ministro de Patricio Aylwin y lobbista, Enrique Correa. Este último también asesora Ponce Lerou y al ex titular de Interior Rodrigo Peñailillo en el caso SQM.

Este diario intentó obtener una versión de parte de Jorge Bofill, pero no fue posible.