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Tres involucrados más cobró el llamado “Milicogate”, el escandaloso caso del millonario robo del fondo reservado del cobre que destapó The Clinic en una serie de reportajes, cuyo último capítulo reveló que los involucrados “se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”, tal como dijo el coronel Clovis Montero en entrevista con este medio.

Según la información recogida por The Clinic, serán sometidos a proceso los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente. Esta última tendría una relación bastante cercana con el general Héctor Ureta. Fuentes consultadas por este diario explicaron que los tres uniformados se encuentran detenidos en un recinto militar.

Ureta, según reveló Montero a The Clinic a través de un cuestionario, es uno de los nombres detrás de los cientos de millones defraudados.

El uniformado, principal imputado y privado ya de libertad, también mencionó en el escrito al cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer.

En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

Montero apuntó en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

El Fraude

Tal como reveló este medio en una publicación fechada el pasado 13 de agosto, los desfalcos partieron en el año 2010, durante los albores del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y no cesaron hasta marzo de 2014, cuando Michelle Bachelet asumía su segundo mandato.

El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al exministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos.

“Ha habido una especial preocupación del gobierno desde que se tomó conocimiento de estos hechos”, respondió ese mismo día el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien agregó que “el ministro de Interior, Jorge Burgos, que en abril del año pasado era ministro de Defensa, fue quien solicitó no solamente la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público en particular, sino que del propio Servicio de Impuesto Internos (SII), del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para aclarar e investigar estos hechos”.

De igual manera, apuntó Díaz, se ha instruido para que “los distintos organismos fiscalizadores y contralores, tanto del Ejército, como del aparato del Estado, incluido la participación de los organismos de justicia, sean muy proactivos para esclarecer completamente estos hechos. Y reitero, de determinarse o establecerse delitos, estos serán sancionados como corresponde”.

Pese a referirse al hecho, quizás de manera obligada, más allá de lo que dijo Díaz hace casi dos meses atrás, en términos generales, tanto el Congreso como el gobierno chileno han mantenido un amplio silencio, eludiendo hasta ahora abrir una comisión investigadora en el Congreso y exigir explicaciones públicas al general Humberto Oviedo, entre otras medidas.

Una primera señal de esta cautela fue la actuación del antiguo ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien tardó ocho meses en informar al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado de lo sucedido. Lo hizo finalmente en diciembre de 2014, en persona y ante las máximas autoridades de ambas instituciones. No se sabe, sin embargo, cuándo comunicó los hechos a la presidenta Michelle Bachelet.

Su sucesor, José Antonio Gómez, ha mantenido una prudencia similar. Ni siquiera revocó el traslado a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas del coronel Fernando Grossi, jefe del Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), la polémica unidad a cargo de gestionar los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó miles de millones en máquinas tragamonedas con dineros provenientes de los Fondos Reservados del Cobre. Se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. Una vez detenido, habilitó un gimnasio al interior del penal Cordillera, a vista y paciencia de los generales del Ejército. En un interrogatorio, luego de caer en desgracia, sostuvo: “Le perdí sentido al dinero”.

Miles de millones en el casino

Dentro de lo episodios más particulares que ha arrojado la investigación de The Clinic, aparece la cantidad de dinero que gastó uno de los involucrados en lujos y en el casino, hechos dignos de una película al estilo de “Buenos Muchachos” de Martin Scorsese

Ejemplo de aquello es que entre 2008 y 2014, el cabo Juan Carlos Cruz gastó 2.368 millones de pesos en máquinas tragamonedas, se compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia y enchuló a su pareja. “Le perdí sentido al dinero”, declaró en abril de este año.