javiera reyes A1

A estas alturas ya resulta inmoral que se mantenga en el sistema universitario chileno el Aporte Fiscal Indirecto, método de financiamiento a las instituciones que premia a las casas de estudio que captan a los estudiantes con mayores puntajes en la PSU. Mediante estudios serios y la constatación de datos de los últimos años ha quedado totalmente claro: a mayor nivel socioeconómico es mayor el puntaje que obtienen los jóvenes chilenos en la prueba estandarizada. Y esto por una razón ineludible: la educación chilena está estratificada a tal nivel que la capacidad económica de una familia garantiza de forma casi segura el acceso a puntuaciones altas; no por una mayor capacidad intelectual y disposición al estudio, sino por el simple hecho de recibir una mayor cantidad de conocimientos en los colegios y en sus respectivas redes sociales. Por lo tanto, lo que hace el gobierno al mantener el Aporte Fiscal Indirecto en el presupuesto 2016 es atentar directamente a la reconstrucción de la educación pública por la que abogamos desde hace décadas en el movimiento estudiantil. ¿Cómo creer que la gratuidad va en una dirección de fortalecimiento de la educación pública, si a la vez se mantiene la discriminación violenta y grosera sobre universidades estatales, abandonadas, que deben enfrentarse sin recursos a la ofensiva de instituciones privadas ligadas a poderosos grupos económicos que, además, son premiadas por un Estado aval de la discriminación?

El AFI es insostenible en cualquier país que se ponga de forma seria la meta de reconstruir la educación pública y no tiene ninguna justificación más que ceder a los intereses de quienes se han esmerado, en la ideología y en la práctica, por destruir las universidades del Estado, por dejar morir a las casas de estudio regionales y por apuntar a una cada vez mayor privatización de las instituciones más tradicionales, como la propia Universidad de Chile.

Al contrario de su mantención, lo que exigimos desde las organizaciones estudiantiles que buscamos un sistema integral en que lo público esté al centro, es que esta plata se convierta en Aporte Fiscal directo que permita asignar de forma equitativa recursos a un sistema que ha sido avasallado por los que gastan millones de dólares en publicidad. No es leal para la educación pública que 25 mil millones de pesos anuales financien la educación de los 27 mil estudiantes con mayores puntajes, porque esos alumnos van a seguir corriendo con la ventaja que ya traían del colegio, en desmedro de los que con menos recursos y capital cultural deben ir a estudiar a instituciones con menos recursos, mayor vulnerabilidad de los académicos, peores condiciones para la investigación y extensión y precarias condiciones de infraestructura.

Un país que busca universalizar derechos, un país que cree en la democracia plena, no puede separar la reconstrucción de la educación pública de la inyección de recursos a sus instituciones estatales. Hay que ser claros y firmes para rechazar con fuerza este tipo de políticas del gobierno que sólo dan aire al motor neoliberal de la educación que nos rige. Tal como en materia de gratuidad seguiremos luchando para que se eliminen las letras chicas y las condiciones groseras como el límite de cinco años, también saldremos a la calle con toda la convicción que nos exige el momento histórico para poner fin al AFI, símbolo del financiamiento de la educación de mercado. Algo que el Mineduc y la ministra Adriana Delpiano se niegan a entender.

Avancemos a la nueva educación para Chile reafirmando que decidirse a vencer la educación como bien de consumo parte por decir adiós para siempre al premio de la desigualdad, el AFI.