Rafael Guilisasti

La Contraloría respondió este jueves a la consulta que realizó la Corfo en relación a la situación que se generó con la renuncia de Rafael Gulisasti al consejo de dicho organismo y su posterior incorporación el mismo mes de septiembre al directorio de las sociedades cascadas vinculadas a SQM.

Recordemos que Guilisasti se desempeñó antes de asumir dicho cargo como asesor de Corfo en el juicio arbitral que mantiene la estatal con la minera no metálica por el arriendo del Salar de Atacama.

La Corfo solicitó al organismo fiscalizador pronunciarse sobre cuatro puntos fundamentales para establecer si existió o no un conflicto de interés en la movida del empresario: “si el ex consejero ejerció una función pública mientras estuvo en ese cargo; si en su carácter de autoridad de un órgano de la administración del Estado le son aplicables las normas sobre probidad administrativa; si sus conductas son constitutivas de un conflicto de interés y pugnan con los deberes de probidad, y finamente, si su renuncia al Consejo e inmediata asunción en las consignadas sociedades constituye una infracción por uso de información reservada o privilegiada”.

Según consignó T13, el dictamen de Contraloría detalló sobre el primer punto que “que sus consejeros ejercen una función pública y poseen la calidad de autoridades de tal corporación”. En relación al segundo punto señalaron que “estos consejeros se encuentran obligados a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa”.

El organismo, sin embargo, no fue capaz de acreditar un conflicto de interés por parte de Guilisasti. “Esta Contraloría General no ha podido formarse la convicción cierta de que mientras se desempeñó como consejero el señor Guilisasti Gana haya transgredido el anotado principio”, se detalló en el documento.

Eso sí, el organismo calificó a lo menos de “imprudente” la movida del empresario entre ambas entidades. “resultó al menos poco prudente, ya que es evidente que genera una razonable duda ética el pasar a integrar el directorio (y presidirlo) de tres empresas estrechamente vinculadas con otras que mantienen un importante conflicto judicial con la institución pública cuyo Consejo integró”, señalaron.

Sobre la acusación que hizo en su momento la Corfo contra el empresario, asegurando que hubo uso de información privilegiada de su parte para beneficiar a SQM en el juicio arbitral, la Contraloría aseguró que “la persona contra la cual se formula el requerimiento que se analiza dejó de trabajar en Corfo y fue contratado por las sociedades antes mencionadas, motivo por el cual no es posible hacer efectiva en su contra una presunta responsabilidad administrativa”.

En esa línea añadieron que “para hacer efectiva una eventual responsabilidad de ese tipo es necesaria la existencia de sanciones establecidas por ley y que expresamente sean aplicables, lo que no sucede en la especie respecto de los consejeros de Corfo de designación presidencial”.

Ante el citado dictamen el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, sostuvo que “la Contraloría estableció claramente que Rafael Guilisasti ejerció una función pública que implica deberes de probidad y que se genera una razonable duda ética al saltar desde CORFO a la presidencia de las cascadas, controladoras de SQM que mantiene un importante conflicto judicial con la institución pública”.