Debate por gratuidad: un recordatorio al Gobierno desde el movimiento estudiantil

Esta repetición del mismo guión -invitación a dialogar, apropiación de las consignas, entrega de los contenidos de las leyes a la derecha- demuestran que la seguidilla de ajustes y acuerdos en el campo educacional durante las dos últimas décadas han constituido una permanente negociación de intereses particulares, donde se debaten las promesas políticas de una élite corrupta con los intereses de una élite económica cuya fuente de riqueza ha sido, desde la dictadura, el saqueo del Estado vía subsidios, evasión de impuestos y privatización de los derechos sociales.

Marcha Educación 2015 A1

Por Bastián Jerez

En diez días más, miles de estudiantes sabrán sus resultados PSU y deberán postular a alguna de las más de cincuenta instituciones de educación superior en Chile. Muchos de ellos postularán sin saber cómo se financiarán sus estudios. El gobierno y la oposición – el bloque que se ha turnado el poder en estos 25 años- han sido incapaces de debatir e implementar una de las modificaciones más complejas en la historia de la educación superior en Chile. La acusación interpuesta por la derecha en el Tribunal Constitucional y la posterior resolución constituyen una nueva muestra de la necesidad de derribar los enclaves autoritarios de la Constitución del ‘80, que operan para mantener los privilegios económicos de una minoría cuya fuente de recursos es el lucro con los derechos sociales. El recurso al TC y la sentencia no sólo refleja la arbitrariedad y parcialidad de intereses con el cual se han diseñado las políticas públicas del país, sino también muestra que la estructura institucional heredada de la dictadura es un verdadero cerrojo que impide cualquier transformación mínima del sistema económico, forzando la reproducción de intereses de la minorías políticas y económicas del país.

En respuesta, la salida que presentará el gobierno en estas semanas, lejos de hacer frente a estos problemas, implica entregar fondos a instituciones indistintamente si lucran o no, reproduciendo la dinámicas de intereses en el seno de la educación superior. Esta situación demuestra que la promesa de gratuidad de Bachelet fue antojadiza, improvisada y forzada, y consistirá en hacer un ticket más en la lista de supermercado que ha sido su programa. La promesa del 21 de mayo pasado fue una soga al cuello cuyos daños son mayores a los beneficios, y esté último cambio termina por rematar la demanda por la educación como Derecho Social, asestando contrariamente un nuevo golpe a favor del fortalecimiento del mercado en la educación, ya que el Estado se vuelve en un mero financista de aranceles.

La propuesta de ley corta erosiona aún más el rol garante del Estado, ya que no permite otorgar el beneficio de gratuidad a tres universidades estatales (20% de las ues. estatales), mientras que aumentará el monto de recursos destinados a becas para institutos privados, lo cual no incluirá exigencias de participación democrática en los planteles o mejoras de las condiciones laborales de trabajadores y docentes de estas instituciones. Esta opción, de confirmarse el lunes, pasaría la famosa “retroexcavadora” no por encima del lucro sino que sobre los anuncios y acuerdos comprometidos este semestre con los diversos actores de la educación a través de las mesas pre-legislativas en las que participamos como CONFECh. ¿Tendrán luego la caradura de reclamar que el movimiento estudiantil no tiene ánimos de diálogo?

Vemos una vez más cómo se repite lo que ocurrió el 2005 con la creación del Crédito con Aval del Estado, verdadero lastre de nuestra generación. Luego, el 2006 y 2008 con la reforma de la LOCE y el acuerdo entre la Alianza por Chile y la Concertación que dejó fuera a los estudiantes secundarios luego de trabajo pre-legislativo de más de un año. Hoy se ratifica esta lamentable tendencia, en el período donde deberían empezar a cristalizar los cambios demandados tras el 2011, la movilización más grande que ha vivido el país desde la década del 80’.

Esta repetición del mismo guión -invitación a dialogar, apropiación de las consignas, entrega de los contenidos de las leyes a la derecha- demuestran que la seguidilla de ajustes y acuerdos en el campo educacional durante las dos últimas décadas han constituido una permanente negociación de intereses particulares, donde se debaten las promesas políticas de una élite corrupta con los intereses de una élite económica cuya fuente de riqueza ha sido, desde la dictadura, el saqueo del Estado vía subsidios, evasión de impuestos y privatización de los derechos sociales.

¿Que tan sabido es que el 33% del presupuesto total de la partida de educación, aprobada hace unos meses, está destinada a subsidiar los créditos que aportan los bancos que proporcionan el CAE? Éste es el mismo mecanismo que mantiene al 25% de la población joven entre 18 y 29 años en DICOM, muchos sin terminar haber terminado sus carreras o incluso sin encontrar trabajo en aquello que estudiaron. ¿Es tolerable someter el destino de la educación chilena a parlamentarios corruptos, a un ministro del Tribunal Constitucional que recibe pagos del grupo Said -empresas que inconstitucionalmente lucran con el derecho a la educación-, a un gobierno que solo ha conocido improvisaciones sin una visión clara respecto a las necesidades del país, a una oposición política incapaz de condenar la violación de los derechos humanos y que ha utilizado los enclaves autoritarios de la dictadura como argumento para boicotear políticamente a sus rivales y así mantener los privilegios económicos de las universidades e institutos que les pertenecen?.

Como sistemáticamente ha señalado la CONFECh, Chile necesita una educación justa, democrática e inclusiva donde los ingresos de las personas no determinen sus posibilidades de vida, que no condene a los jóvenes que antes de salir al mercado del trabajo ya “adquieren” deudas que superan los 10 millones de pesos. Un nuevo sistema educacional debe desprenderse de una Estrategia Nacional de Desarrollo para la Educación Superior, cuyos fundamentos sean el desarrollo sustentable y las necesidades sociales del país. Esta educación debe tener un marco regulatorio claro, que distinga y explicite las condiciones y atribuciones de universidades públicas y privadas, que exija condiciones de calidad, de participación y democracia interna como de transparencia económica a todas las universidades, todo esto exigido como condición de existencia de las instituciones. Debe ser gratuita, consolidándose como un derecho social que el Estado garantice utilizando con transparencia los recursos de todos/das los chilenos/nas. Debe tener un financiamiento directo a las instituciones, con condiciones laborales dignas, sin fines de lucro, con vinculación regional y nacional. Esto es la propuesta que como CONFECH hemos presentado:un Sistema Nacional de Educación Pública.

La convocatoria de la CONFECh para este martes es un recordatorio y una advertencia. Un recordatorio de que en nuestra generación está grabada la imagen de Bitar y Lagos promulgando el CAE, la derecha y la hoy Nueva Mayoría alzando sus manos con la inocua LGE, y que eso se traduce en la mayoría de chilenos/as que no se identifica con ninguno de ellos. Es también una advertencia de que no tenemos amnesia desde el 2011: decir gratuidad no es decir becas ni regalar fondos públicos a universidades del lucro. Decir gratuidad es decir fortalecimiento profundo de la Educación Pública, democracia interna, condiciones laborales dignas, descentralización, erradicación del lucro y terminar con los subsidios a los grupos económicos que lo ejercen.

*Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Antofagasta y vocero del Zonal Norte CONFECh

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