Gratuidad: Ley corta avanza al Senado bajo amenaza de la derecha de acudir nuevamente al TC

Luego que el martes por la noche la Comisión de Hacienda de la cámara baja aprobara por unanimidad la ley corta para dar curso a la gratuidad el 2016, gracias a un acuerdo ampliado, se esperaba una expedita tramitación durante este martes en ambas Cámaras del Congreso. Pero el consenso entre oficialismo y oposición duró apenas unas horas.

Pese a la aprobación de la noche anterior, a primera hora de ayer los senadores de la UDI y RN alertaron a su sector que, a su juicio, el proyecto mantenía los mismos visos de inconstitucionalidad de la glosa de gratuidad impugnados por el TC y que se habían precipitado al dar su apoyo al proyecto del Gobierno.

Durante el comité político de Chile Vamos en la sede de RN en Santiago, los parlamentarios de oposición hicieron públicos sus reparos y advirtieron que la nueva ley seguía siendo “arbitraria” al no incluir a los centros de educación técnica e IP en la gratuidad, condicionando su apoyo si no se aplicaban cambios.

“Hay una preocupación que es la discriminación que se hace con los CFT e IP, donde las familias más vulnerables estarían siendo discriminados. En vez de comenzar la gratuidad con ellos (…) finalmente se les entrega una beca que es sustancialmente menor,” sostuvo Felipe Kast mientras pedía una respuesta del Gobierno a la brevedad.

Era el primero de los problemas que enfrentaría durante la jornada el Ejecutivo, al que se le sumaría un error que causó desconcierto y elevó las críticas sobre la legislación “a matacaballo” para cumplir con los plazos, antes de la presentación de los resultados de la PSU.

Error de redacción

Desde temprano los rectores de las universidades privadas tradicionales que integran el Cruch, conocidas como G-9, plantearon que el proyecto del Gobierno, tal como estaba, las dejaba fuera del beneficio porque no contemplaba a los planteles que están constituidos como fundaciones y, que por tanto, no tienen un controlador. Esto obligó a suspender la sesión de la Cámara de Diputados donde se votaría el proyecto, entre la molestia y el desconcierto de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, de forma urgente se constituyó la Comisión de Hacienda para revisar la indicación ingresada por el Ejecutivo. Era el comienzo de un largo día de negociaciones con la oposición.

En el Congreso parlamentarios de la DC reiteraron sus críticas por la rapidez con que se legislaba este proyecto de ley y pidieron en privado la cabeza del responsable de su redacción.

Según fuentes consultadas por The Clinic Online, la redacción del proyecto fue un trabajo conjunto entre las divisiones jurídicas del Mineduc, Segpres y Hacienda, aunque algunos parlamentarios responsabilizaban del tema al jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez.

En el Gobierno, en tanto, trataron de bajarle el perfil señalando que más que un error fue una forma de protesta de las universidades privadas del Cruch al ser tratadas de la misma forma que el resto de las privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores.

“El texto que nosotros hemos enviado y que se analizó ayer en la comisión es un texto correcto. Otra cosa es que para tranquilidad de todos los parlamentarios frente a cualquier inquietud, nosotros estemos dispuestos a hacer las precisiones que haya que hacer, lo que no quiere decir que haya problema alguno en torno a la redacción”, dijo la ministra Javiera Blanco para descartar el error.

No existe acuerdo
Fue durante la comisión de Hacienda, que la derecha desconoció cualquier acuerdo con el Gobierno, alegando que el principio de ampliar el beneficio a más estudiantes vulnerables no se cumplía en el texto. Pese aquello las indicaciones fueron aprobadas por 8 votos a favor y 5 abstenciones de la oposición.

Los diputados de Chile Vamos argumentaron que el día anterior tuvieron poco tiempo para revisar el fallo del TC y que luego de analizarlo con más calma consideraban que se mantenía la discriminación arbitraria contra los CFT e IP que quedaron excluidos de la gratuidad y que solo podrían optar a becas. “Nos obligaron a acelerarnos, no tuvimos tiempo de revisar bien el fallo, ni pudimos revisar el proyecto bien, esto es resultado de legislar a la rápida y a matacaballo”, sostuvo el diputado Bellolio.

Pero en realidad la orden de marcar el punto político e insistir en la inconstitucionalidad vino desde el sector más duro de la oposición. El senador Andrés Allamand en RN y los UDI Juan Antonio Coloma y Ena Von Baer activaron la arremetida para impedir que la oposición pague los costos políticos por la disminución de los beneficiados con gratuidad, particularmente en el caso de los estudiantes de CFT e IP, que antes de la impugnación, sí estaban considerados en la glosa.

Desde la Nueva Mayoría fustigaron lo que consideraron “una volterera” de la derecha. En ese sentido, el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, argumentó que “la derecha se ha dado una vuelta de carnero. En dos oportunidades ha dañado a los alumnos de CFT e IP, primero fueron al TC, resultado de eso es que 50 mil estudiantes que entraban a gratuidad quedaron fuera. Hoy cuando para tratar de reparar ese daño que se produjo, se vota una indicación que mejora la beca Nueva Milenio, la derecha se abstiene e informa que se sale del acuerdo político que se había forjado y se reserva el derecho de ir al TC. Esperamos una mínima consistencia”.

Superado ese problema, el texto volvió a la sala para su votación con las indicaciones para precisar la redacción con respecto a las fundaciones y otra para aumentar la beca Nuevo Milenio 3 de 850 a 900 mil pesos.

Para impedir el fracaso del proyecto y cumplir con los plazos que permitan a los alumnos saber cuáles serán las condiciones de la gratuidad, durante toda la jornada, los ministros Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre y Adriana Delpiano sostuvieron intensas negociaciones en el Congreso para lograr convencer a la oposición de sumarse al proyecto y encontrar una solución para los alumnos de la educación técnico profesional.

Cerca de las 16:00hrs, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 74 votos a favor, 8 en contra y 26 abstenciones. Durante la votación los diputados de ambos sectores se enrostraron las dificultades para sacar adelante el proyecto en vísperas de los resultados de la PSU. Y fue ahí cuando los diputados de derecha anunciaron que llevarían la discusión sobre la inconstitucionalidad del proyecto al Senado.

La amenaza de recurrir de nuevo al TC
Tal como lo anunciaron los diputados de la oposición, en el Senado el debate sobre la inconstitucionalidad del proyecto se instaló en la comisión de Hacienda y la UDI cumplió su amenaza de reservar el derecho de requerir nuevamente un fallo del Tribunal Constitucional.

El senador Allamand, uno de los primeros en rechazar el fast track a la tramitación de la ley corta, señaló que los vicios de inconstitucionalidad eran evidentes al dejar fuera a los estudiantes de CFT e IP sin gratuidad y aseguró que, de no recurrir ellos al TC nuevamente, cualquier ciudadano chileno perjudicado por este proyecto podría hacerlo.

En efecto, en la UDI evaluaron el costo político y social que podría acarrear el recurrir nuevamente a la denominada “tercera cámara”. Durante el almuerzo de ayer, los senadores recibieron la explicación de los asesores jurídicos de Chile Vamos y decidieron desmarcarse de la opción que tomaran sus compañeros de coalición.

En Renovación Nacional, en tanto, la bancada ya había aprobado el proyecto -sólo con el voto de rechazo del diputado José Manuel Edwards- y señalaban que a pesar de no estar de acuerdo de manera completa con el proyecto, lo respaldaron para no castigar a los estudiantes que se pudieran ver perjudicados.

Sin embargo, en la Cámara Alta no hicieron el mismo cálculo. Según conocedores de la negociación en el Senado, la UDI barajó hasta último minuto la opción de recurrir nuevamente al TC y tomaron la decisión de insistir en alargar la beca Nuevo Milenio 3 hasta los $1.050.000 para dar “completa gratuidad” a esos alumnos.

Eso sí, la opción propuesta por el gremialismo contemplaba retirar dinero a la beca Nuevo Milenio 2, lo que fue rechazado tajantemente por el gobierno hasta el despacho en general del proyecto, cerca de las 21 horas de ayer en la comisión de Hacienda.

En esa instancia fue cuando los senadores García Ruminot (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) tuvieron diferencias, absteniéndose y votando en contra respectivamente, aunque ambos alegaron la inconstitucionalidad del nuevo proyecto.

Coloma incluso citó textualmente la sentencia del TC durante la votación, refiriéndose a que todos los otros criterios que no aludían a la calidad de la educación, como los cuatro años de acreditación institucional, no eran atendibles para el tribunal.

Sin embargo, los senadores Carlos Montes (PS) y Lagos Weber (PPD), secundados por el ministro Eyzaguirre, insistieron en que las políticas públicas deben tener gradualidad y citaron casos como el programa AUGE, el que comenzó con 17 patologías y hoy en día cubre 80.

Además, los parlamentarios cuestionaron que la acreditación para las universidades no es la misma que para los CFT e IP, por lo que no se podía homologar los cuatro años mínimos que se piden para los planteles universitarios con la misma cantidad de años para los planteles técnicos.

En la misma línea, cuestionaron el “dogma” que pudiera significar la sentencia del TC, ya que alegaron una redacción del fallo sumamente política, contradictoria con el fallo que emitieron sobre la ley de inclusión en abril pasado.

En la UDI, esos dichos fueron recogidos con especial atención, dado que, demostrarían la intención del Ejecutivo de no acatar el fallo del TC, lo que abriría un escenario político muy complejo para las próximas reformas.

Aún así, en el Ejecutivo se mostraron abiertos a buscar un nuevo acuerdo para sacar adelante el proyecto, mientras en las filas del gremialismo se siguió evaluando la opción de impugnar el fallo y compartir el costo político de dejar eventualmente sin gratuidad a los estudiantes en 2016 con el Gobierno. Un escenario que será el centro del debate hoy en la sala y que podría derrumbar las pretensiones del Ejecutivo.