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En abril de 1999, la periodista Alejandra Matus, publicó El libro negro de la justicia chilena, una investigación periodística que denunciaba los vicios y malas prácticas del Poder Judicial. En menos de 24 horas, el entonces ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, presentó un requerimiento por Ley de Seguridad Interior del Estado. La justicia ordenó la incautación de los ejemplares. A la mañana siguiente, carabineros ingresaron a las librerías y a la editorial Planeta para llevarse los libros. Luego fueron tras Matus. Junto con la incautación, se emitió una orden de detención en su contra. Alertada de la situación y bajo el consejo de su abogado y hermano, Jean Pierre Matus, la periodista decidió salir del país.

Cerca de las 14:00 horas de ese día, la periodista estaba en el aeropuerto para abordar el avión que la llevó a Buenos Aires. Diez días después viajó a Estados Unidos, donde recibió asilo político. Eran los tiempos en que la libertad de expresión estaba fuertemente restringida cuando se trataba de los “poderosos de siempre”, gracias al artículo 6-b, más conocido como ley de desacato, que protegía a las autoridades de las denuncias de la prensa y que ahora el Senado, pareciera, busca reponer, bajo la amenaza de sanción penal contra quienes filtren antecedentes de las investigaciones judiciales en curso.

Esto, justamente, cuando la Fiscalía investiga a integrantes de clase política, como Pablo Longueira, Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Marco Enríquez-Ominami, entre varios otros, por los delitos de corrupción, financiamiento irregular de campañas políticas, fraude al fisco y cohecho.

La polémica indicación se introdujo en la Agenda Corta Antidelincuencia, que pretende aumentar las penas contra los delitos a la propiedad y dar más facultades a la policía para detener a quienes consideren incurren en conductas sospechosas. La comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación al artículo 182 del Código Penal, patrocinada por el Ejecutivo y firmada por el ministro del Interior, Jorge Burgos, por petición de los altos cargos de la Fiscalía, específicamente del Fiscal Nacional(s) Andrés Montes, hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Montes. En esa línea, la principal autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, ha criticado en varias ocasiones la filtración de antecedentes y antes de ser ratificado por el Senado para asumir el cargo, se comprometió a combatirlas.
De aprobarse la indicación tal como está, se establecerían penas de 61 a 540 días de cárcel por violación de secreto, es decir, cualquier persona involucrada en un proceso de filtración, desde fiscales, funcionarios, abogados o periodistas, podrían arriesgar penas más altas de las que actualmente contempla la ley para el delito de cohecho.

El pasado jueves, sin mediar debate, la sala del Senado aprobó la indicación por unanimidad. El senador y periodista Alejandro Guillier, aseguró que le “pasaron un gol” porque debido a la presión para votar, ni siquiera revisó la indicación. Como tiene suma urgencia, la primera semana de abril iría a tercer trámite legislativo en la Cámara Baja, salvo que se reabra la discusión en el Senado para hacer modificaciones, de lo contrario varios diputados ya anunciaron su rechazo a la medida.

Al igual que entre los diputados, en amplios sectores de la sociedad, la indicación fue interpretada como un retroceso para la libertad de expresión. En las redes sociales fue bautizada como ley mordaza, ya que, en último término buscaría “proteger” a las autoridades cuestionadas, tal como operaba la ley de desacato que se aplicó sobre Matus para censurar su libro. En tanto, los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Jorge Pizarro, el ministro Burgos, junto al Ministerio Público, intentaron bajarle el perfil sosteniendo que la indicación no afectaría la labor de la prensa. ¿Pero es así?

En el año 2001, el antiguo sistema procesal escrito -sobre el cual Matus investigó y denunció sus irregularidades -fue modificado por el actual sistema oral para dar mayor transparencia y agilidad a las investigaciones judiciales. La labor persecutoria, que antes estaba radicaba en el juez quien investigaba y fallaba, quedó en manos del Ministerio Público y los fiscales. Precisamente a quienes la clase política ha dirigido sus dardos por incurrir, supuestamente, en filtraciones de los procesos investigativos en su contra y por afectar la presunción de inocencia.

A raíz de la polémica, el presidente de la Corte Suprema, máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmestch, cuestionó la medida e hizo un paralelo con el antiguo sistema de justicia. “Es como volver al secreto de sumario o algo parecido. No me parece las sanciones penales”, sostuvo. A su vez, el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, a través de Twitter, envió un claro mensaje a los parlamentarios: “Más que agenda corta se requiere nuevo Código Penal que tipifique y sancione adecuadamente delitos de cuello y corbata”.
Abogados penalistas y expertos en la materia, como Cristian Riego, académico de la Universidad Diego Portales, o Luis Cuello, especialista en libertad de expresión, explican que el secreto de una investigación apunta a la efectividad de la indagatoria, es decir, dar ventajas para que los fiscales investiguen sin que los imputados puedan tomar medidas para obstaculizar la labor de la justicia, pero en ningún caso, tiene que ver con resguardar la presunción de inocencia. De hecho, las audiencias de formalización, donde los fiscales exponen los cargos en contra de los imputados y el juez de garantía fija el plazo de investigación y las medidas cautelares en caso de ser necesarias, son públicas. La publicidad es uno de los pilares del actual sistema de justicia, aclaran.

La avalancha de críticas

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Crédito de foto: Agradecimientos a Ediciones B.

Hace 15 años, el bochorno internacional y la presión de los periodistas, junto a la denuncia que presentó Alejandra Matus ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frenó la censura y en 2001, obligó al expresidente Ricardo Lagos, a derogar el desacato y promulgar una nueva ley de prensa, que defiende el ejercicio de la profesión y el derecho a la información de la ciudadanía.

Matus, actualmente académica de la Universidad Diego Portales, sostiene que tras la dura batalla judicial que dio para que El libro negro de la justicia chilena circulara, en estos 15 años se avanzó una enormidad en términos de libertad de expresión, pero que esta indicación podría buscar revertir ese proceso. “Cualquier publicación de The Clinic de hoy día con las leyes de entonces, habría motivado ley de desacato. Intentar revertir ese proceso, sería una pérdida para la democracia chilena”, advierte.

“Los periodistas tienen obligación de informar. Que un funcionario vaya preso por una filtración, equivale a inhibir la publicación de asuntos de relevancia pública. Proponer sanciones penales hace sospechar de querer volver a las medidas de desacato, que en el fondo, lo que buscan es castigar la difusión de información que afecta a personas con poder, porque, por supuesto, no están pensando en el cartel del robo de gallinas de Putaendo. Como sociedad, no debiéramos permitir que esta legislación se apruebe”, afirma Matus.

En todo caso, la aprobación de la medida está cuesta arriba. En la Cámara Baja, los cuestionamientos vinieron desde todos los sectores, del Partido Comunista hasta el UDI, Jaime Bellolio, ya plantearon reparos a la indicación y advirtieron que es necesario resguardar la libertad de prensa. En esa línea, la diputada Karol Cariola sostuvo: “La norma aprobada atenta contra la transparencia que ha exigido el país. Estoy segura que el pueblo de Chile no está dispuesto a que se siga protegiendo a los poderosos de siempre. Esto no se trata de atentar contra el principio de inocencia, sino de proteger la libertad de expresión”.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado Guillermo Ceroni, en conversación con The Clinic, está molesto con la medida y anunció que si la indicación llega a la Sala sin modificaciones, solicitará que pase a revisión en la Comisión. “Es absolutamente inadecuado, en este momento que la opinión pública reclama transparencia, impulsar una medida como ésta. Bajo ningún punto de vista se puede coartar la libertad de prensa, los medios publican información que contribuye y presiona para el avance de las investigaciones que vinculan al dinero y la política”, afirmó.

El Colegio de Periodistas también se pronunció en duros términos y sostuvo que la medida apunta hacia el oscurantismo en desmedro de la facultad de informar. “Esto se podría interpretar como una norma a la medida para generar un manto de protección a los actores que están siendo investigados por corrupción. Si se convierte en ley, a la hora de hacer efectivo el derecho a la información, se vulneraría un derecho humano”, dijo tajante, la presidenta del Colegio Javiera Olivares.

Mauricio Daza, abogado de la ONG Ciudadano Inteligente, uno de los querellantes en el caso SQM, cree que el objetivo de la indicación es evidente y burda: “Es absolutamente absurdo castigar la filtración de una carpeta investigativa con una pena superior a la establecida por la ley en un delito de cohecho. La normativa va en contra del ejercicio adecuado de la libertad de expresión e información que son el núcleo de cualquier democracia en forma. Con esto se atenta contra el desarrollo del periodismo investigativo relacionado con delitos cometidos por políticos o poderosos”.

La Asociación de fiscales, a través de su presidente, Claudio Uribe, también calificó como “absurda” la norma y recordó que este tipo de medidas “las conocimos en otras épocas de nuestro país, y era prácticamente la misma justificación” en alusión a los tiempos que aún regía el desacato. Debido a la polémica generada, el propio ministro Burgos retrocedió y salió a explicar que en el Ejecutivo “siempre habrá apertura para rediscutirlo, no hay inconveniente”.

Por su parte, el destacado abogado Juan Pablo Hermosilla, penalista y experto en derecho a la información, sostuvo a The Clinic que en definitiva “la norma es innecesaria y es una amenaza velada al ejercicio de la libertad de expresión, por un lado, pero por otro, al derecho que tenemos todos a formarnos opinión en temas tan sensibles como el financiamiento ilegal de la política. Esto es un intento de los poderosos por tratar de autoprotegerse. Si se aprueba producirá un hecho absolutamente regresivo desde el punto de vista de la libertad de expresión en Chile”.

La periodista Alejandra Matus, un símbolo en nuestro país de la censura en democracia, finaliza, comentando el rol que han ejercido los medios de comunicación desde que estallaron los escándalos de corrupción el 2014: “A la prensa, especialmente ahora, que se ha diversificado gracias a la emergencia de los medios digitales, no es fácil dictarle prohibición de informar. Ya no es fácil controlar con un par de llamados a los editores para que no publiquen. Tirar una amenaza penal es un camino tentador para los políticos o quien sea que quiere evitar que ciertas cosas se sepan”, asegura.

“La labor de la prensa y sobre todo la labor de los fiscales, quienes han logrado investigar a personas que antes estaban fuera de la acción de la justicia, mientras más transparencia tenga y mayor conocimiento público de esos hechos haya, tanto mejor para la democracia”, concluye Matus.