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Agrupaciones de derechos humanos y el Colegio de Periodistas de Chile solicitaron a la Corte Suprema decretar el procesamiento del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards Eastman, por el delito de sedición respecto del golpe de Estado, uno de los principales responsables del alzamiento armado en contra del gobierno de Chile de septiembre de 1973.

Junto a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFDD, la Agrupación de Ejecutados Políticos, AFEP, y el abogado Eduardo Contreras, pidieron también la detención o pena de arraigo para el imputado, basándose principalmente en las pruebas reveladas por los archivos desclasificados de la CIA. La causa cita el fallo del Tribunal de Ética y Disciplina del consejo Metropolitano de la Orden que el año pasado determinó la expulsión de Edwards.

“Nosotros hemos venido a solicitar el procesamiento de un autor del delito de sedición y de sublevación que terminó con el sistema democrático en Chile en 1973, dando paso a 17 años de dictadura, donde se hizo desaparecer y asesinó a buena parte del pueblo de Chile”, señaló la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares.

Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, manifestó que la presentación no sólo tiene que ver con lo ocurrido en Chile, sino que responde a “su complicidad en los hechos, cómo denigró y ultrajó la memoria de las víctimas de la dictadura y su responsabilidad en lo económico y político en forma criminal, cooperando con el golpe y con su silencio cómplice”. “Agustín Edwards debe ser condenado y procesado por los crímenes que ha cometido”.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, afirmó que “los distintos poderes del Estado no han asumido su rol de perseguir a los violadores de los derechos humanos, el poder judicial debió procesar hace mucho tiempo a Agustín Edwards Eastman, no sólo como incitador al golpe, sino que por el rol que ha jugado posteriormente al 11 de septiembre y con los 17 años de dictadura, quien estuvo al servicio de los responsables del golpe cívico militar”.

Por su parte, la dirigenta del Colegio, Javiera Olivares, sostuvo que “los y las periodistas organizados de nuestro país estamos con la voluntad política clara por avanzar en justicia, avanzar en verdad y que los autores y cómplices de delitos en el mundo civil también reciban no solo justicia, sino que también