Grupo-Arcano

El 30 de junio de 2015, la Fiscalía de Las Condes recibió una denuncia firmada por el abogado Juan Francisco Maibee de Programa Denuncia Seguro del Ministerio del Interior. Esta entrega detalles altamente precisos en contra del Grupo Arcano, cuya cara visible es el empresario, hoy fugado y con orden de captura internacional, Alberto Chang. También su madre Verónica Rajii a quien le fue decretada la prisión preventiva.

“Que en uso de las facultades contempladas en los artículos 468 y siguientes del Código Penal, venimos a interponer denuncia por los delitos de estafa, del cual hemos tomado conocimiento, conforma a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer”, escribió Maibee en el documento que publica The Clinic Online, junto a otros del Ministerio Público y la PDI.

Los antecedentes a los que tuvo acceso el funcionario Maibee, llegaron el 15 de junio a través de la línea call center del Programa Denuncia Seguro. Es decir, demoró 15 días en llegar al Ministerio Público.

En la comunicación se entregó la identidad de Chang, su domicilio y se nombraba a las empresas Onix Capital Sociedad Anónima y también al Grupo Arcano.

A continuación, la denuncia informaba de dos ejecutivos que componían la firma: Nicole Soumastre y David Senerman, quienes además son cónyuges, señalaba la información recibida por Interior.

“Un número indeterminado de personas que trabajan en las citadas empresas tienen conocimiento del presunto delito”, sigue el documento.

En la denuncia que llegó a la secretaría de Estado, se indicaba que cada funcionario captador de Arcano debía obtener un capital de $350 millones mínimo al mes, “para mantenerse como ejecutivo, sin importar la cantidad de personas que puedan conseguir”.

Interior, “para una mejor comprensión”, incluso le adjuntó a la Fiscalía la ubicación GPS de Google Maps y fotografías de mapa, además de la dirección exacta de la firma.

En el anexo “modus operandi”, la información de Interior señalaba que “la presunta estafa y defraudación sería realizada por las personas antes indicadas hace tres años aproximadamente”, entregándole incluso los RUT de las empresas Onix y Arcano.

“Han existido inversiones por más de $500 millones de diversas personas naturales, los que serán invertidos en seudoempresas por el Grupo Arcano como Biocarb, Highlander Inmobiliaria, Ecoplástico”, las que tendrían una mesa central común.

Al mismo tiempo revelaba que Chang viajaba constantemente fuera del país “no teniendo residencia física en Chile”.

Paso de tortuga

La primera orden de investigar a cargo del fiscal José Reyes Klener fue decretada el 21 de julio, es decir, 21 días después de recibida la denuncia de Interior, mientras Arcano seguía captando clientes y Chang viajando por el mundo en un jet privado que pagaba con los dineros de los inversores.

En el oficio Reyes Klener le indicaba a la policía las tradicionales pesquisas: ubicar el domicilio, tomar declaración a los imputados, usar la base de datos del Registro Civil, y cual otra diligencia que usted estime pertinente y/o necesaria para el esclarecimiento de los hechos y para la determinación de los responsables del mismo”. Y le adjuntó copia de la denuncia.

Así las cosas, sólo el 20 de octubre, es decir 3 meses después que la fiscalía despachara la orden de investigar a la PDI, ésta ofició al Grupo Arcano para que entregara información “para practicar aquellas diligencias tendientes a consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes del mismo”. En otras palabras le indicaba a la empresa que estaba siendo investigada. A renglón seguido detalló que los papeles a entregar eran nada menos que de 14 empresas.

Reyes Klenner, el 14 de diciembre, es decir casi cinco meses y medio de decretar las primeras diligencias, ofició a la Bridec para que rindiera “cuenta al fiscal que suscribe la orden de investigar del 21 de julio de 2015, respecto de la cual se adjunta copia”. Y en caso de que faltaran pesquisas, los PDI debían coordinarse con el perseguidor penal, dándoles 10 días para ello.

El 7 de enero Marilut Pino, la técnico operativo de la Fiscalía Oriente envió un mail a la PDI, señalándole que se ampliaba el plazo de investigación en 30 días. El actual fiscal del caso Carlos Gajardo, aún no asumía la indagatoria.

El 1 de abril, recién el fiscal Klenner ordenó a personal interno de la fiscalía, hacer un levantamiento patrimonial “con inclusión de datos del SII” a Chang, Soumastre y Senerman, como también a Onix Capital y al Grupo Arcano. También lo hizo con la PDI, el mismo día, para indagar la forma en que se entregaba el dinero, establecer el listado de inversionistas, contratos, tomar la declaración a los captadores e inversores y establecer los brokers e intermediarios con los que “operan Onix y Arcano”. Para ello les dio 20 días.

Sin embargo, en marzo, en medio de el escándalo de AC Inversion, el 6 de abril es nombrado el fiscal Carlos Gajardo a cargo de la investigación. Y recién el 12 de abril la PDI entregó tramitada la orden de investigar que había oficiado el perseguidor Klenner en julio de 2015. En el documento, Chang había declarado el 2 de febrero, mientras que otros imputados lo hicieron en marzo y otros a días de que Gajardo fuera designado. Es decir, todo se aceleraba a ocho meses de recibida la primera denuncia del Ministerio del Interior.

Lea la denuncia de Interior, los documentos de la PDI y la tramitación en Fiscalía