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A través de una columna escrita en El Mercurio, el abogado y rector de la UDP, Carlos Peña, analiza en profundidad el impacto y revuelo que generó la publicación de revista Qué Pasa sobre escuchas telefónicas a Juan Díaz donde se menciona a la Presidenta Michelle Bachelet, esto en el marco del caso Caval.

“Para saber qué pasa hay que equivocarse a veces. Y padecer las consecuencias cuando la prensa se equivoca es una de las servidumbres a que obliga el poder”, sostiene Peña.

En ese sentido, cuestiona la reacción de la Nueva Mayoría, desde donde señalaron que “el deber de los medios de comunicación es ‘cotejar la veracidad de los hechos y las declaraciones que se emiten”.

Para sostener este argumento, dice que si bien “es razonable pedirles a los medios que, para evitar salpicar o rasguñar el prestigio de las instituciones, antes de publicarlas pesquisen y averigüen cuán verdaderas son las declaraciones a las que tienen acceso”, “se trata, sin embargo, de un argumento engañoso. Porque una cosa es exigirle a la prensa que no mienta de manera deliberada o intencional; pero otra cosa distinta es exigirle, como lo acaba de hacer esa declaración, que antes de divulgar informaciones que el medio juzga de interés público se dé a la tarea de verificar que se correspondan fielmente con los hechos”.

“Una cosa es tener el deber de no difundir deliberadamente información falsa, otra cosa es tener el deber de decir la verdad”, agrega Peña.

Opina, más en extenso, que la “tarea de los medios es, entre otras, hacer el escrutinio de quienes ejercen funciones públicas, vigilar a quienes, por tener el control del Estado, poseen infinitamente más poder que el común de los ciudadanos. Para hacerlo, los medios ponen a disposición de los lectores y de las audiencias la información de interés público a la que tienen acceso, para que esos lectores y esas audiencias puedan, por sí mismos, formarse una opinión definitiva acerca del comportamiento de los funcionarios. Por supuesto, los medios deben juzgar prudencialmente el interés público de lo que divulgan; pero es absurdo y, lo que es peor, peligroso, exigirles, como lo hace la declaración de la Nueva Mayoría, que antes de poner la información a disposición del público se cercioren de su verdad. Si ese fuera el deber de los medios -cerciorarse previamente de la verdad de las declaraciones que recogen-, la prensa no existiría. Y en vez de diarios con informaciones que se publican día a día, habría anuarios reposados que solo recogerían la verdad definitiva del año anterior; en vez de periodistas que escriben crónicas e interpretan en la urgencia de los días los hechos, habría escritores de papers científicos preocupados hasta el escrúpulo de lo que afirman o dicen; y en vez de ciudadanos enterados de las vicisitudes de la vida pública y los incidentes en que las autoridades y sus familiares se ven justa o injustamente entreverados, habría súbditos que nunca podrían formarse una opinión propia acerca de los hechos”.

“No es, pues, sensato, como lo hace la declaración de la Nueva Mayoría, exigir a la prensa el deber de decir la verdad y de hacerla responsable cuando no lo hace. Para saber qué pasa hay que equivocarse a veces. Y padecer las consecuencias cuando la prensa se equivoca es una de las servidumbres a que obliga el poder”, resume.

Las razones de Bachelet para pedir que se hiciera público que declaró como testigo en el caso Caval – The Clinic Online