Contraloría ordenó invalidar pensiones de Myriam Olate y otros 10 funcionarios de Gendarmería

Por otro lado, Contraloría advirtió hace cuatro años que Myriam Olate no cumplía con los requisitos para pensión DIPRECA. Luego de auditorías en 2012 y 2014 se informó la situación de la ex esposa de Osvaldo Andrade y ex funcionaria de Gendarmería de Chile. En respuesta a los informes de aquellos años, DIPRECA aseguró que Olate había sido desvinculada, lo que aún no sucede.

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Este martes el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento. Entre ellas, la de Myriam Olate, la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade y ex funcionaria de Gendarmería.

Pero el informe dejó otra cosa al descubierto: la situación de Olate ya había sido advertida en dos ocasiones anteriores, en 2012 y 2014, y DIPRECA aseguró que la ex funcionaria sería desvinculada del sistema previsional de la institución, lo que no ocurrió.

Según indica Contraloría, en el Informe Final de una auditoría hecha a DIPRECA con fecha 7 de diciembre de 2012, se advirtió que “la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa Caja Previsional, instruyéndose al efecto de que aquella debía remitir las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile de esa servidora a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) que la Superintendencia de Pensiones señalase”.

Por otro lado, se afirma que luego del seguimiento de aquella auditoría, se dejó constancia que la reparación antes hecha no había sido corregida.

También se informa que DIPRECA envió un oficio a Gendarmería de Chile, con fecha 1 de octubre de 2012, donde se especificó que “se procedió a desvincular de este sistema previsional a los siguientes funcionarios de Genchi, por las razones que se señalan: c. Señora Ema Olate Berríos, toda vez que se encuentra derogando imposiciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual ostenta un cargo de contrata destinada a la Dirección Nacional, no cumpliendo así con ninguno de los requisitos exigidos por la ley 19. 195”.

Luego de explicar las advertencias realizadas por Contraloría y DIPRECA en relación a la pensión de Olate Berríos, el oficio emitido por Jorge Bermúdez concluye que, a pesar de que Gendarmería tiene atribuciones para nombrar a su personal, “ello no significa que en el ejercicio de tales potestades pueda actuar arbitrariamente o de un modo que, en definitiva, signifique una desviación de poder y una infracción al deber de probidad, ya que ello no se condice con los principios básicos de un Estado de Derecho”

Asimismo, se aclara que luego del análisis del caso particular, que Olate no cumple con las exigencias previstas para conservar su adscripción a DIPRECA ni para ser imponente de esa caja previsional.

El último párrafo del apartado dedicado al caso de la exfuncionaria, alude al monto que recibía de pensión la ex señora del diputado, el que superaba los $5 millones. “Se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible”, puntualiza.

LOS OTROS 10 FUNCIONARIOS

Otras de las pensiones que deberán ser invalidadas según el informe de la Contraloría, son las de los ex funcionarios Óscar Garcés, Edita Ana Cortés, Víctor Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny del Carmen Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

Esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley.

Recordemos que el 20 de abril el Contralor General ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF y, a continuación, ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha.

Lee el oficio completo aquí.

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